Multas, pomadas y otras perversiones

El presidente Iván Duque impuso un decreto contra la dosis mínima, pero sus incongruencias, desatinos y falsas soluciones lo encaminan al fracaso

POR DAVID VALDÉS | 06 Nov de 2018

<p>Fotografías por LAURA VÁSQUEZ ROA</p>

Fotografías por LAURA VÁSQUEZ ROA


La ley es para todos… ¿o no? Bueno, no parece ser así para Gabriel Santos, representante a la Cámara del Centro Democrático e hijo de Francisco Santos. “[…] esto no se trata de quitarle la dosis mínima al consumidor recreacional en el barrio El Chicó”, comentó después de que el presidente Iván Duque firmara el decreto que ha causado tanta controversia. “Se trata de solventar una crisis y poder confiscar, de manera efectiva, la droga a los jíbaros alrededor de los parques y los colegios en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Engativá, donde realmente este consumo se ha vuelto problemático”. Mejor dicho, este decreto ampara a los barrios “gomelos” y se aplica a discreción a los “populares”. Martín Santos, hijo del expresidente Santos, respondió: “Para el marihuanero pobre: ¡bolillo! Para el marihuanero uribista: ¡embajada!”. Estas irónicas declaraciones son tan solo una gota de agua en medio de la tormenta que ha desatado este asunto.

Desde que Duque subió al poder aseguró que uno de sus grandes objetivos era la guerra contra las drogas: eliminar los cultivos ilícitos y reducir el consumo en Colombia. Por eso, el 1 de octubre el mandatario firmó un decreto que le da la potestad a la Policía Nacional para decomisar y destruir cualquier droga ilegal que porten los transeúntes. A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Dejusticia y el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) para que Duque recapacitara en su decisión (le enviaron una carta porque consideraron que sería “un retroceso y una idea costosa que estigmatiza a los usuarios de drogas”), no hubo vuelta atrás.

La Policía Nacional puede incautar la dosis mínima (20 gramos de marihuana, cinco gramos de hachís y un gramo de cocaína) en las requisas y transportarla a una estación bajo la jurisdicción de las autoridades. El consumidor solo podrá quedarse con la droga si demuestra, con un certificado médico o un testimonio de su familia, que es adicto. De lo contrario, la droga será destruida “en presencia de la comunidad”, según el general Omar Rubiano, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Si el consumidor lleva más de la cantidad permitida, será capturado y procesado por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Además, la Policía tendrá la facultad de sancionarlo con una multa de 208 mil pesos colombianos por “comportamiento contrario a la convivencia”.

En el primer día de aplicación del decreto se decomisaron 571 gramos y se impusieron 652 comparendos. Esos números se dispararon en una semana y alcanzaron los 13,4 kilogramos decomisados y las 6.462 multas. La Policía Nacional también resaltó que capturó a más de 600 personas, entre ellas “jíbaros que, haciéndose pasar por consumidores, contaban con un número significativo de dosis personales que sobrepasaban los gramos permitidos”, indicó un comunicado de la institución.

Varias preguntas surgieron tras conocerse el decreto. ¿Las personas dejarán de consumir una vez les decomisen su dosis mínima? ¿Golpeará al microtráfico? ¿Cuál será el criterio de los policías a la hora de escoger a quiénes requisan? ¿El decreto sí establece algo nuevo en el Código de la Policía Nacional? ¿Cuáles son las consecuencias e intenciones secundarias del decreto? Antes de las respuestas y conclusiones, les damos una pista: Colombia es uno de los países más atrasados en la lucha contra las drogas después de batallar por más de 50 años. Aprender no es lo nuestro.

Atenta contra políticas nacionales e internacionales

Comencemos por lo más relevante: “el decreto es un ataque directo a la Constitución”, asegura Julián Quintero, director de las ONG Acción Técnica Social (ATS) y Échele Cabeza. La Corte Constitucional desde 1994 despenalizó el consumo y porte de la dosis mínima y aseguró la protección de los consumidores en particular a partir del Artículo 16, que habla sobre el “derecho al libre desarrollo de la personalidad sin limitaciones”. Duque ignoró ese derecho.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las políticas de drogas deben estar basadas en evidencia, enfocadas en beneficiar la salud pública y respetar los derechos humanos. Además, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Asesora para la Política de Drogas respaldan esas condiciones. Quintero afirma que la propuesta del presidente no cumple con ninguno de esos tres lineamientos. Partamos de sus argumentos para analizar la situación.

CONTRA LOS CONSUMIDORES "El decreto es un ataque directo a la Constitución", reclama Quintero, ya que la medida viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
CONTRA LOS CONSUMIDORES “El decreto es un ataque directo a la Constitución”, reclama Quintero, ya que la medida viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad.


Primer argumento de Quintero: “El gobierno de Duque no ha podido mostrar una sola evidencia de que destruir la dosis mínima reduzca el consumo de drogas”. Volvamos a una de las preguntas: ¿las personas dejarán de consumir una vez las requisen y les quiten lo que tienen? La respuesta es casi obvia, pero miremos cifras internacionales. La ONU publicó un estudio que demuestra un aumento del 16 % al año en consumo de marihuana en todo el mundo. Si partimos del sentido común, una persona que fuma marihuana a diario no lo dejará de hacer porque un policía le quite su dosis. Simplemente evitará a los agentes y las requisas, y eso no es muy complicado.

Segundo argumento: “No es una medida de salud pública, sino policiva y administrativa. No puede tener un enfoque de criminalización”. Las medidas prohibitivas que propone Duque penalizan y no ayudan a disminuir el consumo. Guillermo Botero, ministro de Defensa, aseguró el 13 de septiembre que hay más de 2’200.000 adictos en Colombia. Con estas nuevas reglas, no se trata a los adictos, les quitan sus dosis, los obligan a comprar más (seguramente por un precio superior que beneficia al microtráfico) y a alejarse cada vez más de cualquier autoridad estatal.

Tercer y último argumento: “Va en contra de los derechos humanos, porque viola el debido proceso del desarrollo de la personalidad”. Como repasamos en la Constitución de 1991, el decreto estigmatiza a los usuarios y los discrimina a partir de sus hábitos. “El portador, en esos casos, debería tener las garantías del Estado, como la Procuraduría o la Defensoría, pero esas personas no van a estar. ¿Quién cubre los derechos del portador?”, reclama Quintero.

Pellizco al microtráfico

¿La medida realmente afecta a los jíbaros? Óscar Palma, director del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario, cree que el negocio de los dealers no se verá damnificado en lo más mínimo. “Esas estructuras [de microtráfico y narcotráfico] son tremendamente flexibles y adaptables. Se pueden acomodar a lo que dice el Estado. El vendedor sencillamente se va del parque y lo vende de una forma diferente”, comenta. “Cada año la compra de drogas a domicilio crece en un 10 % y, según el Informe Mundial de Droga, en Colombia el 54 % de la gente [consumidora] compra cocaína a domicilio”, revela Quintero.

Manolo*, quien lleva más de cinco años trabajando en el microtráfico, confirma esta premisa. Sus operaciones –marihuana, éxtasis, cocaína, LSD, etcétera– funcionan por domicilios, sus clientes lo contactan a través de WhatsApp y así evita la persecución policial. Él lo llama “un servicio de entretenimiento, bienes y servicios para mayores de edad”. A su modo de ver, el decreto afectará a los consumidores y favorecerá a los dealers. “Si les quitan y destruyen los productos, tendrán que comprar de nuevo. Eso nos beneficia porque no compran una, sino dos veces para reponer lo decomisado”, afirma. ¿Qué pasa si atrapan a sus domiciliarios en lugar de sus clientes? Manolo tiene la solución. “En esas ‘pescas milagrosas’, como las llamo yo, toca sobornar a la policía. Los dos nos beneficiamos, porque no nos empapelan y a ellos les sirve la plata”, responde.

A pesar de la presunta persecución de Duque contra el consumo y venta de drogas, desde la posesión del mandatario, Manolo no ha sentido ningún cambio en su negocio y los precios tampoco han cambiado, “ni cambiarán”. Aun así, Manolo está de acuerdo con que ataquen a los jíbaros de los parques y los lugares públicos, porque ellos “tienen esa malicia para incitar al consumo y atrapar clientes”.

Requisas, una puerta a la discriminación

En Colombia la policía puede requisar a cualquier transeúnte según su criterio, sin ningún motivo o justificación. Sebastián Lalinde, abogado experto en derecho público y autor del libro de Dejusticia Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad, plantea que hay barreras discriminatorias cuando los policías deciden a quién detener: “Preferiblemente, persiguen a hombres, personas de clases sociales medias y bajas, negros o indígenas, y con apariencias físicas particulares: tatuajes y cicatrices visibles o con pinta de punkeros o metaleros”, descubrió tras su investigación con Dejusticia.

Lalinde propone que, para vencer esos estereotipos y estigmas a la hora de requisar selectivamente, los policías entreguen al transeúnte una especie de acta en la que le expliquen por qué lo requisaron, qué encontraron y quién lo detuvo (nombre y placa del agente). “Esa es una manera de controlar y limitar el poder”, asegura. En otros países, como Inglaterra o Estados Unidos, la policía debe tener ciertos motivos fundamentados o sospechas razonables de que la persona cometió o va a cometer alguna infracción. De lo contrario, la requisa sería ilegal, y si encuentran droga sería una prueba nula por violación de la ley.

Lalinde afirma que también será una vía para legitimar los abusos de la policía. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia de México llamado Una aproximación a las relaciones entre policías y jóvenes en América Latina confirmó que la relación de legalidad, legitimidad y eficacia entre los dos públicos está determinada a partir de un “patrón de conductas policiales e interacciones de cooperación y conflicto”. Si no hay una relación de transparencia, veracidad y elocuencia, será cada vez más difícil la ayuda mutua y el cumplimiento de la ley.

“Tendría dos efectos positivos: a mayor legitimidad, habrá más cooperación con la policía para servir como testigo o denunciar. Y a mayor legitimidad, la gente cumplirá más la ley”, concluye Lalinde. Las medidas que tomará la Policía Nacional con respecto a las requisas generarán exclusión y criminalizarán a los estratos bajos, en lugar de solucionar la problemática y respetar a los transeúntes.

Vacíos jurídicos

Dos días después de la firma de Duque, Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, radicó la primera demanda contra el decreto porque “significa un retroceso” en la concepción que el Estado ha desarrollado sobre “la dependencia de las sustancias psicoactivas y el derecho a la salud”. Miranda aseguró que la medida viola los artículos 1, 2, 13 y 49 de la Constitución, porque no trata con dignidad a los consumidores y pone en riesgo sus derechos, libertades, bienes y vidas. Tal y como lo anticipó Quintero, la representante a la Cámara demanda porque no hay instituciones idóneas que respalden los derechos de los consumidores, una vez hagan las requisas y decomisen las sustancias.

Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, tampoco calló. Hernández reconoció que sería excelente acabar con el consumo de drogas, pero asegura que no se le puede dar la espalda a los hechos. “Un decreto o una ley puede que afecte de alguna manera las conductas, pero no las elimina. Por eso, a mí me parece que la mejor política pública es tratar de entender la realidad. La marihuana es una droga menos dañina que el alcohol y no causa violencia”, consideró en una entrevista con la revista Semana. “Me parece que una política pública debería empezar a reconocer esa diferencia. Que el país pueda darse la oportunidad de debatir la legalización de la marihuana”.

Así mismo, hubo espacio para las críticas en las redes sociales cuando la Policía Nacional anunció que también decomisaría medicamentos naturistas fabricados a base de marihuana y coca. “Vamos a incautar esas pomadas y expediremos comparendos. Los controles van a quienes los comercializan y no para quienes los compran”, aseguró el coronel Raúl Vera de la Seguridad Ciudadana.

Desde la declaración de Vera, los internautas explotaron. Incluso el senador Roy Barreras comentó en su cuenta oficial de Twitter: “¿Y qué hacemos con esta dosis mínima que usa la abuela para la artritis?”, con una foto adjunta de un gel de coca y de marihuana. Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, también se unió a la ola de inconformismo y publicó: “¿Para qué ponerlos en estrategia de seguridad ante robos, fleteos o de dragas de minería? Son más peligrosas las pomadas de marihuana y el té de coca. #PatriaBoba”. En cambio, Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá, manifestó su apoyo a las nuevas medidas que adoptó el gobierno de Duque: “Como médico, ciudadano y papá, estoy de acuerdo a que se prohíba el consumo de SPA [sustancias psicoactivas] en espacios públicos”.

La última polémica se desató cuando el general Rubiano declaró que “la ley no previó” qué hacer con los habitantes de calle. ¿Qué pasa si no tienen un certificado médico, un familiar que atestigüe que es adicto y tampoco dinero para pagar la multa? Unos días después de la firma, Duque les pidió a los magistrados que lo apoyaran en su implementación, y aseguró que no era un “capricho del presidente” y que esas medidas son una forma de cumplir en su totalidad el artículo 44 de la Constitución Política, que busca proteger los derechos de los niños.

Autocultivo, ¿la única solución?

Entonces, en abstracto, si no se puede cargar ni transportar la dosis mínima, ¿cómo obtendrán los productos los consumidores recreativos sin violar la ley? Es obvio que las personas no se abstendrán de comprar a domicilio por el decreto, pero si así fuera, habría solo una solución: el autocultivo. “El autocultivo solo funciona para aquella persona a quien le encanta y le apasiona el tema del cannabis. Se necesita paciencia y mucha información para sacar cosas buenas”, asegura Manolo, que prefiere “traer contrabando de diferentes sitios” en lugar de sembrar y aprender.

Con una experiencia de más de nueve años en jardinería, Arturo cultiva cannabis, entre otras plantas. “Cultivar toma tiempo. El ciclo con el cannabis ronda entre los cuatro y cinco meses; se necesita tiempo y paciencia para conocer las necesidades de las plantas”, afirma. En cuanto a la cantidad de dinero que se necesita para sostener una planta, asegura que hay cientos de métodos, pero el más barato es “poner la planta al sol”. Ese sistema cuesta 50 mil pesos mensuales, que consta de ingredientes orgánicos y de los pocos fertilizantes que necesitaría. “Los métodos más sofisticados pueden costar un millón de pesos”, concluye. Un costo alto para un país en el que cerca de 11 millones de personas reciben menos del salario mínimo (781 mil pesos), según un estudio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Es decir, para cultivar no solo necesita experiencia, conocimiento y tiempo, sino también recursos económicos para sostener la planta y asegurarse de que florecerá.

IGNORA LA REALIDAD Según la ONU, el 90 % de los consumidores en el mundo son recreacionales y funcionales. Las medidas del presidente Duque no distinguen a los diferentes tipos de usuarios.
IGNORA LA REALIDAD Según la ONU, el 90 % de los consumidores en el mundo son recreacionales y funcionales. Las medidas del presidente Duque no distinguen a los diferentes tipos de usuarios.


Aun así, el negocio del cannabis es una realidad en Colombia. Hasta el 23 de febrero de 2018 se han expedido 29 licencias con fines medicinales y científicas, tanto del Ministerio de Salud como de Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento), abriéndole la puerta a las multinacionales que usan agentes cannabinoides para la producción de fármacos. Una de ellas es PharmaCielo, dirigida por el empresario colombocanadiense Anthony Wile, quien invertirá 40 millones de dólares en Colombia para la investigación, creación y comercialización de extractos de aceite de marihuana a partir de 2019, según el diario La República. “Colombia merece, más que cualquier otro país, las ganancias que pueden generar los cultivos que tanto daño le han hecho históricamente”, aseguró Wile sobre la incursión de PharmaCielo en el mercado.

Debate internacional y ejemplos exitosos

La ONU reconoció tres condiciones a la hora de discutir sobre las drogas: primero, ya no se habla de legalización, sino de regulación de mercado. Desde hace décadas Colombia ha luchado por eliminar los cultivos ilícitos e intentar reducir el consumo, pero ninguno de los dos ha disminuido. César Gaviria, exsecretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y expresidente de Colombia, dijo en CNN en Español que un mundo sin drogas es una idea “utópica e irrealizable, y no tiene sentido. La humanidad dice cada 10 años: ‘Ahora sí vamos a vivir en un mundo sin drogas’. Pero los consumos en vez de bajar, crecen y las sustancias se expanden. Algo no cuadra ahí”.

Canadá, por ejemplo, se convirtió en el primer país del G20 en regular la comercialización de la marihuana. Desde el 17 de octubre de este año se aprobó el libre consumo y la producción de cannabis. Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, obtuvo el mayor provecho del negocio: un mercado estimado en 4.500 millones de dólares. “Me complace que la ley del cannabis haya sido aprobada por el Parlamento; este proyecto pone fin a la prohibición y da paso a una política responsable y justa”, escribió Trudeau en sus redes sociales.

La segunda condición habla sobre la identificación de consumidores recreacionales y funcionales de drogas, que equivalen al 90 % de las personas en el mundo según la ONU. El decreto de Duque, como vimos anteriormente, ignora a estos tipos de consumidor, porque penaliza sin distinguir quiénes son funcionales y quiénes son adictos con un verdadero problema de salud.

Acción Técnica Social realizó un estudio a casi dos mil personas un mes después de la imposición del decreto. Los resultados: el 97 % de los encuestados aseguraron que no dejaron de consumir.

Las decisiones pragmáticas y poco ortodoxas de Suiza la consolidaron como una potencia responsable e innovadora en los sistemas de salud pública. El Estado decidió proveer y administrar drogas, como la heroína, en sus centros de salud. Aunque la medida parece peligrosa y especialmente inusual, sus resultados fueron más que positivos: redujeron el consumo, la delincuencia y las muertes por sobredosis. Para 2010, el 70 % de los consumidores de cocaína recibía tratamiento médico, el contagio de VIH por uso compartido de jeringas infectadas se redujo un 70 %, y los arrestos por posesión de heroína disminuyeron de 18.000 casos en 1997 a 6.500 en 2006. Una muestra clara de que un gobierno puede –con mecanismos más inteligentes que la represión– controlar y limitar las dosis para evitar la delincuencia, las enfermedades y los índices más altos de adicción.

La última consideración trata las acciones de reducción de riesgo y daño, orientadas para las personas que quieran consumir y lo prefieran por encima del tratamiento. “El gobierno, como lo haría con cualquier enfermedad crónica, debe proporcionar las condiciones necesarias para que la calidad de vida de esa persona mejore”, afirma Quintero. Tres puntos de vista, que ya adoptó la ONU, sobre cómo hablar de un problema que atañe a todo el mundo.

Conclusiones e incertidumbres

Después de analizar, leer y corroborar las incongruencias de la decisión del Gobierno de Duque se preguntarán: ¿por qué firmó un decreto sin tener un respaldo histórico, constitucional y, si se puede decir, de sentido común? Lalinde cree que las acciones de Duque aparentemente buscan satisfacer los intereses del público “conservador, moralista y de derecha” que lo eligió. Por otro lado, también podría tener una relación con la visita a Estados Unidos del mandatario y de su encuentro con el presidente Donald Trump, un defensor del prohibicionismo, para mejorar las relaciones. “Este decreto encaja bien en el contexto político. Es muy diciente y elocuente que se avive este debate justo cuando Duque estaba en Estados Unidos”, concluye. Es obvio que la lucha contra las drogas no cambiará de rumbo mientras EE.UU. tenga una política de combate en lugar de prevención, y mientras un integrante del partido Centro Democrático siga en el poder. Para cerrar, Lalinde asegura, después de leer el borrador del decreto, que la propuesta de Duque no plantea nada nuevo, teniendo en cuenta las normas del nuevo Código de la Policía Nacional. Desde hace varios años, según Arturo y Manolo, los agentes decomisan las drogas en las estaciones de transporte, los puentes y las avenidas principales del país, una prueba para confirmar la declaración de Lalinde.

Quintero adelanta la próxima consecuencia: este decreto le abre las puertas a un mercado ilegal de certificaciones médicas. “Los psicólogos, con sus tarjetas de profesional, van a empezar a vender fórmulas que digan que usted es un drogadicto”, asegura. De esta manera, todos estarán “enfermos” y podrán evitar cualquier problema con la Policía si les decomisan su dosis mínima o si son multados por el porte de sustancias ilegales. “Va a pasar lo mismo que en California. Esa es una de las perversiones que generará”.

Ricardo Restrepo, médico y especialista en adicciones radicado en Los Ángeles, confirma que si una persona depende de las sustancias para sobrevivir el día y le quitan su dosis, “sufrirá un síndrome de abstinencia. Al criminalizar al individuo el negocio aumentará porque querrá buscar la droga otra vez”. Restrepo asegura que el abuso de sustancias “debería ser parte de la cobertura del sistema primario de salud”. Sin embargo, él advierte que la potencia de algunos tipos de marihuana ha aumentado enormemente, y añade que ha presenciado episodios psicóticos en algunos de sus pacientes consumidores. Sobre la situación nacional concluye una verdad evidente: “En Colombia se necesitan personas que conozcan más del tema. No solo médicos, sino todos los involucrados con el tema. Debe haber una infraestructura a su alrededor”.

***

Después de estudiar el contexto, sigue habiendo preguntas sueltas. ¿Aumentarán la corrupción y el autoritarismo policial? ¿Cómo evitarán la sobrecarga de delitos menores en el sistema judicial? ¿Qué medidas y qué inversión habrá para la salud pública? ¿Cuándo reconocerá el Estado que hay diferentes tipos de consumo, como ya lo hizo la ONU? ¿Cómo atacarán al microtráfico?

ATS realizó una encuesta a dos mil personas, un mes después de la imposición del decreto, y reveló que no ha afectado en lo más mínimo los índices de consumo. El 97 % de los encuestados aseguraron que no dejaron de consumir, el 94% volvió a comprar droga después de que se las decomisaron, el 81 % consideró que los policías no respetaron sus derechos y el 59% optó por sobornar a los agentes para evitar la multa.

Un trago no nos convierte en alcohólicos, como fumarnos un porro no nos vuelve adictos. Ya es una cosa habitual: damos un paso adelante y luego dos para atrás. Uruguay, Suiza, Canadá y Holanda nos saludan con 20 metros de ventaja, con modelos económicos de protección e inversión. Sus ejemplos actúan como una cachetada constante, pero parece que nunca nos vamos a despertar de este sueño: un círculo vicioso.

*Nombres modificados para la protección de la fuente.

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