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A la FLIP le preocupa el proceso contra la periodista que denunció censura en RTVC

En una carta abierta dirigida al Fiscal Barbosa, la organización expresa su preocupación por el proceso que se adelanta en contra de Diana Díaz
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“Para algunas vainas viene a cobrar a la ventanilla muy puntual y para otras ahora sí denigra de quien le paga. Le muerde la mano al que le da de comer”, dijo Bieri sobre Santiago Rivas en la grabación conocida en enero de 2019.

Semana

En enero de 2019 se conoció un claro caso de censura por parte de Juan Pablo Bieri, entonces gerente de RTVC, contra Santiago Rivas y Los Puros Criollos. Luego de que Rivas participara en un episodio de La Pulla en el que criticaban el proyecto de ley 152 de 2018, se conoció una grabación en la que Bieri pedía sacar del aire el programa por no tener “idea de lo que está diciendo y, segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”.

En un mundo ideal esto habría acarreado graves consecuencias, no obstante, en un país lleno de ironías y contradicciones, fue el exgerente quien denunció a la periodista Diana Díaz por haber divulgado información “reservada”. El proceso estuvo detenido por un tiempo pero ahora, más de un año después de lo sucedido, la Fiscalía General de la Nación ha citado a la periodista a una audiencia de imputación de cargos por incurrir en el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Por ello este lunes la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó su preocupación por el “ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”.

Mediante una carta abierta al Fiscal Francisco Barbosa Delgado, la organización denunció que las medidas que se han tomado en el proceso han sido “intimidatorias, agresivas e invasivas”, mencionando que el pasado cinco de octubre, Díaz tuvo que asistir a un interrogatorio por la reunión del seis de diciembre de 2018 con Bieri y otros miembros de RTVC.

De igual modo, informó que la Fiscalía le solicitó una fecha para realizar una inspección judicial en sus instalaciones y los registros de los visitantes para verificar el ingreso de la periodista, así como una copia de la grabación publicada el 23 de enero del año pasado, titulada Juan Pablo Bieri, un censor puro criollo.

En la carta también se menciona que la entidad llamó a tres integrantes de la FLIP a “atender una entrevista presencial en el proceso penal contra Díaz”, desconociendo la Directiva 007 de 2016 de la Fiscalía que reafirma la prohibición de citar a un periodista a rendir testimonio sobre la información brindada por sus fuentes, a menos que sea estrictamente necesario, el cual no es el caso.

“En un Estado Social de Derecho es inaceptable utilizar el andamiaje institucional, mediante el uso de medidas investigativas, judiciales y administrativas, para constreñir de manera directa o indirecta a las organizaciones civiles que están orientadas a hacer efectivas las garantías constitucionales. Esto forja un ambiente de autocensura. En caso de que este tipo de acciones no cuenten con el rechazo abierto y explícito por parte del Fiscal General se puede correr el riesgo de legitimar estas prácticas y que estas solicitudes se repitan en el futuro contra otras organizaciones civiles encargadas de advertir violaciones contra derechos fundamentales o contra medios de comunicación”, continúa el documento firmado por Jonathan Bock, director de la organización.

La FLIP reiteró su apoyo y acompañamiento a Díaz en todo el proceso, y solicitó una reunión con el Fiscal Barbosa para “conocer de primera mano qué medidas y directrices va a impartir desde la dirección general para que las acciones en el marco de este proceso cumplan con la obligación de no penalizar a los denunciantes de buena fe sobre asuntos de interés público”.

Por ahora, la decisión de la Fiscalía es un espaldarazo a la censura que ha reinado por estas tierras y un golpe bajo para quienes nos dedicamos al ejercicio de búsqueda de la verdad para garantizar la democracia (o lo que queda de ella) en un país que está acostumbrado a silenciar por medios físicos o legales a aquellos que se atreven a denunciar las violaciones a los derechos.