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A la regularización de los migrantes venezolanos no hay que tenerle miedo

Regularizar a la población migrante venezolana procura elementos de vida digna para ellas y ellos, y de paso para los colombianos. Sin embargo, quedan dudas importantes sobre la medida
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José Guarnizo

El anuncio del Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos es por ahora una ventana de oportunidad para el casi millón de migrantes de ese país en situación irregular. También sería una medida útil para los 700 mil migrantes regulares que viven en Colombia y que, aunque están en una situación con más garantías, siguen enfrentando barreras de acceso a sus derechos. Aunque la medida parece ser muy positiva tanto para estos migrantes como para la población colombiana, quedan algunas dudas sobre su efecto real, las implicaciones políticas y los retos de su implementación.

El origen del estatuto proviene de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tras varios meses de trabajo con el gobierno colombiano apoyó una regulación que atienda a esta población. Para esto, se siguieron las experiencias de otros países como Estados Unidos en la década de los noventa, según informó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

De acuerdo con la entidad, el país tiene un estimado de 1’729.000 migrantes venezolanos, de los cuales 40%, aproximadamente, se encuentran en situación migratoria irregular.

Lo que se plantea por el momento es un proceso que tendrá una ventana de tiempo de 10 años para que todas las y los migrantes venezolanos que quieran acogerse a esta medida, tengan acceso a un marco regulatorio más garantista. A este anuncio le seguiría una reglamentación del decreto expedido por el ejecutivo que dictará las pautas detalladas del proceso.

El estatuto contempla por lo menos dos fases del proceso: una primera fase de identificación y preregistro de esta población que deberá diligenciar un formato ante Migración Colombia. Esta fase incluirá una caracterización socioeconómica. Posteriormente, vendrá una segunda fase presencial ante la autoridad migratoria que consistirá en un registro biométrico de huellas, rasgos faciales y que según esta entidad los datos serán protegidos por Habeas Data. Al final se tendrá una identidad digital de cada migrante y luego un documento físico en plástico que servirá de identificación ante las autoridades colombianas. 

Se espera que este mecanismo jurídico dé resultados en un término de diez años, al final de los cuales se espera que todos los migrantes venezolanos en Colombia tengan el tiempo y los recursos para hacer el paso al régimen ordinario que cualquier extranjero sigue cuando quiere tramitar una visa o residencia permanente en el país.

En el caso de los migrantes venezolanos, se hace este proceso excepcional al tener en cuenta las dificultades económicas que caracterizan al grueso de esta población para pagar por este procedimiento y obtener la documentación necesaria. Un ejemplo de esto es el caso de los pasaportes venezolanos, que en este momento no se expiden con facilidad, tienen un muy alto costo y su renovación implica un trámite burocrático prácticamente imposible.

El Estatuto incluirá tanto el Registro Único de Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal, como el Permiso por Protección Temporal. Con esto se busca atender a tres grupos de población venezolana:

  1. Migrantes regulares. Esta población se estima en unas 763.000 personas que cuentan con permisos de permanencia en Colombia. Estos permisos (como el PEP) serán absorbidos por el estatuto temporal y deberán seguir el procedimiento de identificación biométrica que adelantará Migración Colombia.
  2. Migrantes irregulares. Se calcula que el 56% de la población venezolana en Colombia está en la irregularidad administrativa. Este grupo debe demostrar que se encontraba en el territorio nacional hasta antes del 31 de enero de 2021 y para esto podrá presentar “pruebas sumarias” de su permanencia, esto es documentación oficial que se detallará en la regulación posterior ante Migración Colombia (por ejemplo, trámites ante alguna entidad pública como colegios).  
  3. Personas en Venezuela. Este grupo se contempla como una medida que busca desincentivar el paso de migrantes por trochas ilegales para entrar a Colombia. Cubre a aquellas personas están en Venezuela, pero han contemplado migrar a Colombia. Tendrán un periodo de dos años para ingresar al país por un puesto de control migratorio oficial y con ese registro podrán pedir la vinculación al estatuto. Por el momento y por la pandemia las fronteras permanecen cerradas.

Los beneficios para migrantes y para colombianos

La medida presentada por el Gobierno abre una posibilidad garantista de derechos que se celebra desde diferentes organizaciones internacionales. Los beneficios que se esperan, apuntan en primera medida a las y los venezolanos, especialmente a aquellos con mayor vulnerabilidad socioeconómica, pues les permitirá trabajar de forma legal, desplazarse con tranquilidad por el territorio, incluirles en el sistema de seguridad social en todas sus modalidades, acceder a educación y emprender negocios para dinamizar la economía nacional.

En otro nivel, esta decisión también puede favorecer a los colombianos que han visto que algunos puestos de trabajo son ocupados por migrantes bajo unas condiciones de precariedad laboral evidentes. Esto ocurre por las malas prácticas de algunos empleadores que toman ventaja de la situación migratoria irregular de muchas y muchos migrantes y ofrecen salarios de miseria que son aceptados por necesidad. Esta medida de regulación afectaría positivamente el mercado laboral, pues atacaría estas prácticas.

Otros de los beneficios esperados son la racionalización del gasto público que actualmente tiene el Estado colombiano en atención a la población migrante. Por ejemplo, la no efectiva afiliación de las y los migrantes al sistema de salud arroja a esta población a acudir únicamente por urgencias a los hospitales públicos, algo que es mucho más costoso que las medidas de prevención en salud. También se espera en el mediano plazo un mayor aporte al sistema de salud en la modalidad contributiva, así como los aportes al sistema de tributación nacional por parte de esta población.

Además, la inclusión e integración legal, social y económica de las personas migrantes se ha reconocido mundialmente como una herramienta útil para la garantía de los derechos humanos, así como para combatir la marginación social que promueve fenómenos como la explotación y a la pobreza extrema que afectan al país en su totalidad.

Los retos y las dudas que quedan

Los desafíos de una medida de esta naturaleza son enormes. El principal de ellos será la implementación, pues en anteriores oportunidades se han hecho anuncios de políticas que buscan atender a la población migrante más necesitada, pero que en la práctica no se han cumplido a cabalidad. Este es el caso de los hijos e hijas de migrantes venezolanos nacidos en Colombia que en este momento siguen en riesgo de apatridia (carencia de una nacionalidad), pues no pueden registrarse como colombianos por múltiples barreras burocráticas como lo señaló este documento del Centro de Estudios de Migración de la Universidad de los Andes.

Uno de los anuncios del director de Migración Colombia fue que el sistema de identificación biométrica será usado para la caracterización de las y los migrantes en el proceso de regularización. Sin embargo, el uso de estos datos por parte de la misma entidad que sanciona a los extranjeros que incumplen normas en territorio colombiano puede ser problemático, más si se tiene en cuenta que organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el irrespeto al debido proceso en las sanciones de deportación y expulsión de migrantes, pues se tornan arbitrarias y sin instancias de apelación.

La xenofobia es otro de los retos importantes para el gobierno y la sociedad colombiana en general. Con el anuncio, los brotes de xenofobia contra los venezolanos no tardaron. Una parte importante de los colombianos muestra grandes reservas hacia esta población y el anuncio del estatuto las revivió todas. No solo se hicieron tendencia en las conversaciones digitales las acusaciones de la participación en el crimen por parte de venezolanos, sino que un nuevo temor toma fuerza: la posible participación de los migrantes en las futuras elecciones presidenciales.

Ante esto es necesario aclarar que el estatuto no solo no contempla este aspecto, sino que además la ley colombiana impide que extranjeros participen en elecciones nacionales. En el futuro, y luego de cumplir el proceso de regularización de 5 años, deberá iniciarse el de nacionalización (si así lo decide la persona). En ese caso podrían votar en elecciones locales, no nacionales.

Para cerrar, no se pueden desconocer los sesgos políticos del gobierno nacional. La posición política ante el gobierno en Venezuela es de oposición, por eso es entendible que se tomen medidas que reconocen y condenan de forma categórica la crisis compleja en ese país. Ya en otras oportunidades, Iván Duque ha rechazado las acciones de Nicolás Maduro y se ha mostrado favorable hacia los migrantes que precisamente huyen de esa crisis. Lamentablemente, esos anuncios no se han traducido de manera significativa en el bienestar de estas personas que en muchos casos viven en la precariedad en Colombia y son vistas con sospecha. En esta oportunidad, será importante ver la efectividad en la implementación del estatuto y hacer una veeduría ciudadana que impida que sean nuevamente instrumentalizadas estas personas con fines políticos a largo plazo.