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A un mes del estallido social en Colombia

Un balance del paro que empezó a finales de abril, y ha sacudido todas las estructuras de la nación
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Andrea Rodríguez Osorio

El pasado 28 de abril estalló, en Colombia, la ola de protestas más grande desde hace décadas. Según la Fundación Paz y Reconciliación -PARES- ese día se presentaron movilizaciones en, al menos, 564 municipios del país. En los días siguientes se presentaron cuatro fenómenos. Por un lado, movilizaciones continuas, bloqueos, demostraciones artísticas, entre otras. En segundo lugar, en algunas ciudades y vías de comunicación, se presentaron bloqueos, los cuales, dentro de la ciudad de Cali, fueron conocidos como “puntos”, modelo que se copió en algunas otras ciudades del país. La mayoría de estos bloqueos y “puntos” fueron intermitentes, pero algunos se mantuvieron constantes.

En tercer lugar, desde el primer día de protestas, la violencia y abuso policial fue el común denominador, a la fecha, según los datos recopilados por  PARES a lo largo del mes se han presentado cinco mil hechos de violencia que han dejado 81 asesinatos: 77 civiles y cuatro miembros de la fuerza , una treintena de jóvenes con agresiones oculares, casi una veintena de agresiones sexuales, centenas de heridos con armas de fuego y una gran estela de destrucción de bienes públicos o privados, todo esto cometido, presuntamente, por miembros de la Policía Nacional o civiles armados o simplemente organizaciones delincuenciales que aprovechan la situación. Por último, hay un intento fallido de negociación de la protesta. El gobierno nacional no ha querido negociar. Por ejemplo, el acuerdo firmado en Buenaventura por parte de altos funcionarios del gobierno fue desconocido por el ministro del interior, el preacuerdo acordado con el comité del paro no ha sido firmado por el presidente. Todo se ha dilatado.

A medida que pasaron los días, la situación en las calles se fue degradando; civiles disparándole a civiles, los linchamientos y homicidios con sevicia se han vuelto comunes. Inicialmente, se hablaba de cuatro escenarios o salidas a la crisis. En primer lugar está el modelo chileno que se basaba en acuerdos de arreglo institucional. Aunque en Chile se trató de una Constituyente, en Colombia se trata de un paquete legislativo y de reformas. La segunda salida era la peruana, que es la decepción social. Es decir, muchas protestas, pero ausencia de cambios en el modelo institucional. 

El tercer escenario es el venezolano o modelo Maduro, basado en acabar la protesta social con una fuerte represión. Este modelo que ha intentado aplicar el gobierno de Iván Duque, se compone de cuatro fases. Por un lado, la violencia de la Policía, por ello hay más de 40 muertos. La segunda fase se basa en enfrentar civiles contra civiles y promover la división social. Miembros del partido de gobierno, el Centro Democrático, promovieron organizar civiles para enfrentar a los que protestaban, tal vez, la ciudad de Cali fue el mejor ejemplo de ello.

La tercera fase se basa en la persecución judicial, son varios los operativos que se han desatado contra los jóvenes que protestaban o hacían parte de la primera línea. Muchos denuncian persecuciones a ellos y sus familias. La última fase, es el sicariato. En Colombia se la ha denominado “paramilitarismo sicarial”. Supuestos civiles atacan de forma sicarial a los que protestan. En motos o camionetas recorren las calles y disparan en los puntos de concentración. No hay capturas, no hay nada, solo impunidad. Incluso, hay múltiples vídeos donde muchos de estos civiles disparan contra gente que protesta y tienen al lado un Policía, quien complacientemente apoya esta situación. 

Esta fase de paramilitarismo sicarial se vive en varias ciudades del país. No se trata de grandes organizaciones criminales o grupos neoparamilitares asesinando miembros de la oposición como hace unas décadas, sino más bien, se trata de una violencia dispersa, sicarial e indeterminada. Todo indica, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación que, por un lado, son sicarios de pequeñas organizaciones criminales contratados a sueldo, también hay funcionarios o exfuncionarios de las fuerzas de seguridad de Colombia, como el funcionario de la Fiscalía que habría asesinado a un joven que protestaba y luego fue linchado en Cali. Por último, también hay ciudadanos radicalizados quienes creen en discursos conspirativos que salen armados a dispararle a civiles.  Lo cierto es que hay múltiples pruebas de que operan al lado de la Policía, y no hay capturas. 

Hay un cuarto escenario, además del modelo chileno, peruano o venezolano, este último, perfeccionado por el gobierno de Iván Duque. Se trata de un escenario tipo electrocardiograma, es decir, nunca se negocia, y el paro entra en un desgaste con episodios altos de protestas cada cierto tiempo y en diferentes zonas geográficas. Todo indicaría que el gobierno de Iván Duque quiere prolongarlo y llevarlo a la degradación, pues creen que con ello la clase media y clase alta terminaría respaldando al Centro Democrático en las elecciones del 2022. Un cálculo erróneo, pero en el que ellos creen. Por ello, echaron para atrás el acuerdo firmado en Buenaventura y no se ha firmado el preacuerdo.

El escenario tipo electrocardiograma significa que cada semana o con diferencia de algunos días estalla una ola de protestas en alguna ciudad o sitio geográfico, mientras que el resto del país está, relativamente, calmado. Este escenario se podría prolongar durante todo lo que resta del año 2021. Una situación que llevaría al país a una situación de mucha radicalización, pero es un contexto con el que muchos sectores políticos están cómodos, como el caso del partido de Gobierno. Lo cierto es que si el gobierno quisiera negociar, lo podría hacer.

Los jóvenes son los que han liderado estas movilizaciones y allí han confluido tres grupos de ellos. Por un lado, los que no tienen nada que perder, es decir, personas que están entre los 18 a los 25 años que no consiguen trabajo, no estudian y no tiene redes de apoyo que los soporten. Muchos de ellos dicen que comen mejor en las ollas comunitarias que en sus casas. Luego, están los jóvenes que tienen formación política, la mayoría universitarios, y que llegan a los puntos de concentración a intentar ordenar. Por último, están los desilusionados, aquellos que se habían integrado al sistema económico, pero que, producto de la crisis, no logran conseguir trabajo, tienen deudas de sus estudios universitarios y ven complicado su futuro.

Todos tienen diferentes expectativas, peticiones y lógicas de negociación. Los unen tres temas; 1. El odio al gobierno de Iván Duque. 2. Peticiones socioeconómicas y 3. Reclamos para que no se dé impunidad en los casos de abuso policial. Sus peticiones no son para nada exorbitantes.

Al preguntarnos si hay salidas diferentes al escenario del electrocardiograma, la respuesta es afirmativa y es la negociación. Hay un pliego del Comité Nacional del Paro que tiene seis puntos amplios, a nivel barrial y local, los pliegos son bastante similares y rondan los diez puntos. En la mayoría hay coincidencia, algunos son relativamente sencillos y otros pocos de mayor complejidad. 

A nivel local hay cinco puntos.

  1. No judicialización a la Primera Línea y personas que protestaban.
  2. Ayudas económicas a las familias más pobres
  3. No impunidad antes los casos de violencia policial
  4. Alternativas laborales y educativas para los jóvenes. 
  5. Reforma a la Policía

Todas estas peticiones coinciden con las peticiones nacionales del Comité del Paro, pero la ruptura o ausencia de diálogo es total entre los marchantes locales y la dirección del Comité. Esto no es negativo y tampoco inesperado, pero es algo que se debe ir corrigiendo.