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Alcaldías y gobernaciones, descachadas con la publicidad oficial

El último informe de la FLIP revela las malas costumbres a la hora de comprar publicidad oficial
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De acuerdo a la FLIP, la alcaldía de Medellín solo respondió sobre 11 de 56 contratos por los que preguntaron en su derecho de petición.

Juan Augusto Cardona

El informe Callar y fingir: La censura de siempre de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP) funciona como una radiografía del periodismo en Colombia. La investigación tiene varios capítulos dedicados a diferentes temas, como los ataques a la prensa (entre 2017 y 2019 hubo 593 periodistas amenazadas, un aumento notable si se le compara con los 257 casos entre 2014 y 2016), los despidos en medios de comunicación (1.100 se quedaron sin trabajo en los últimos cuatro año) y la censura (la imposibilidad de entrar a algunas audiencias públicas).

Una de las partes que más llama la atención es el uso de la pauta en las alcaldías y gobernaciones. En Bogotá ya era un meme esa frase que solo era un reflejo de la conocida terquedad del exalcalde Enrique Peñalosa: “Impopulares, pero eficientes”; mientras que a finales de 2018 el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue noticia porque la FLIP publicó un informe en el que afirmaba que la alcaldía de la capital antioqueña era la que más gastaba en publicidad oficial.

En el informe más reciente, la FLIP aclara que esta publicidad tiene tres objetivos. Comunicar el impulso de las políticas públicas; fomentar valores, derechos y obligaciones ciudadanas; y publicar los anuncios que la ley los obligue. A partir de los análisis de más de 2000 contratos de 24 alcaldías y 22 gobernaciones, encontraron cinco temas que afectan a las administraciones.

El primer vacío que menciona la FLIP es la falta de transparencia que existe a la hora contestar los derechos de petición. La ley 1755 de 2015 dice que “las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes”. 

Además, “Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado”. El reporte afirma que en la gobernación de San Andrés no se respondió sobre ningún contrato, en la alcaldía de Medellín únicamente respondieron sobre 11 de 56 contratos y en la gobernación de Boyacá solo se refirieron al 13% de los 66 contratos.

Esa falta de transparencia también se aplica al segundo punto y es que el 59% de los contratos, superiores a 357 mil millones, fueron entregados a dedo, es decir, sin el proceso de selección debido. De acuerdo al decreto 1510 de 2013, “La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa”. En casos como en la gobernación de Magdalena, Valle del Cauca y San Andrés, esta modalidad supera el 90% de los contratos.

La FLIP, en su tercer punto, afirma que las leyes colombianas no dejan claro el uso correcto de la publicidad oficial. En la sentencia T-722 de 2003, la Corte Constitucional lo describe como “un recurso de uso frecuente por las entidades públicas para el impulso de políticas, el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, e inclusive para el ofrecimiento de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones, entre otros fines”.

Así mismo, el artículo 10 de la ley 1474 de 2011 añade, “Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión”. 

Ahí queda claro, hasta un punto, para qué debe servir la publicidad oficial y sus limitaciones. Sin embargo, el informe dice que el decreto 4326 de 2011 genera confusión. En el artículo 2 dice, “No se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial, aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar una información útil a la ciudadanía”.

La Corte dijo en 2003 que la publicidad oficial es un recurso para “el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones”, pero el decreto de 2011 dice, “No se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial, aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar (…) la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos”.

El cuarto punto al que se refiere la FLIP es el uso de esta pauta para “favorecer la imagen de los funcionarios, es decir, con una clara intención política”. Junto a la Misión de Observación Electoral analizaron que el 96% de los mensajes de la alcaldía de Santa Marta eran de autopromoción, al igual que el 82% en la alcaldía de Buenaventura y el 78% en la de Bucaramanga.

Por último, está la compra de contenido a través de content marketing, es decir, la publicación de artículos que parecen escritos por el medio, pero que en realidad es una pauta paga. La FLIP no lo pudo poner en mejores palabras: “Se está disfrazando propaganda de periodismo sin ningún tipo de advertencia a los ciudadanos”.

Estos cinco puntos son solo una pequeña parte de todo lo que dice en Callar o fingir: La censura de siempre. Aunque vale la pena rescatar casos, como los proyectos informativos y periodísticos locales que menciona el informe y que han sido potenciados por los laboratorios de la FLIP, las cifras de impunidad, la agresión contra las periodistas que hablan de la violencia de género, y los proyectos que buscan limitar la libertad de expresión en Internet siguen siendo piedras en el camino para el ejercicio periodístico.