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Cadena perpetua para violadores: ¿populismo punitivo?

La medida que llega en medio de un bajísimo nivel de aprobación del gobierno de Duque y busca sancionar los crímenes contra niñas, niños y adolescentes genera controversias por ser considerada por muchos una medida más populista que efectiva
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Donald Tong

Entró en vigencia la ley que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. La medida que había rodado en el Congreso de la República desde hace varios años ha generado opiniones divididas al ser considerada por voces expertas como una ley de populismo punitivo. Sin embargo, el presidente Iván Duque la sancionó luego de que fuese aprobada por el Congreso con 67 votos a favor y 14 en contra. 

El anuncio se había hecho hace pocos días durante una rueda de prensa en la que Duque se refirió a la denuncia de la Alcaldía de Medellín sobre 14 niñas y niños que habrían sido víctimas de abuso sexual en un jardín infantil público. “Lo que esperamos los colombianos frente a ese tipo de crímenes es que los que lo cometan se pudran en las cárceles de nuestro país”, expresó en su momento el presidente. Y aunque hay un acuerdo común en que las vidas de niñas y niños deben ser protegidas, este tipo de leyes generan muchas dudas por su real eficacia. 

El populismo punitivo se refiere a situaciones en que los gobiernos de turno promueven leyes con sanciones penales que son populares entre la ciudadanía (y futuros votantes), en lugar de hacerlo porque sean efectivas en la resolución de un problema social. 

Al respecto, Erika Rodríguez Gómez, feminista y abogada defensora de derechos humanos, explica que si bien la violencia sexual y los abusos son crímenes sistemáticos donde niñas y niños son las principales víctimas, esto no es razón para que un Estado democrático avance en medidas obsoletas y poco efectivas para erradicar este tipo de violencias que comparten raíces con las violencias contra las mujeres. “Nuestras sociedades capitalistas, conservadoras y poco democráticas se esfuerzan en las sanciones pero no en la prevención de los escenarios culturales que promueven estos delitos. Una cultura machista, misógina, donde se promueve el acoso, donde no se respeta la autonomía progresiva de los niños y las niñas es una sociedad que tiene todas las condiciones para que este tipo de crímenes se sigan cometiendo”. Explica además que este tipo de sanciones punitivistas no son efectivas, pues en vez de persuadir a posibles abusadores, el mensaje no llega porque el sistema no funciona en el acceso a la justicia oportuna para las víctimas, por ende que exista una pena mayor no hace que los crímenes dejen de cometerse. 

La nueva ley llega en medio de un 16% de aprobación del gobierno de Duque, algo que para Rodríguez es una muestra de cómo se está usando el miedo y a la vez a las víctimas para mover una emocionalidad que fácilmente deriva en una solución punitiva. Y es precisamente esta emoción lo que lleva a una sociedad indignada con estos crímenes a ver un avance con la ley, pero que poco repara en la reflexión y búsqueda de cambios profundos en la cultura que permite estas prácticas violentas. 

Durante la alocución donde se sancionó la ley se destacó la labor de la fallecida congresista Gilma Jiménez, quien se dedicó a promover esta ley e incluso un referendo al respecto. Por ejemplo, su hija Yohana Jiménez calificó la decisión como “la más importante” desde la promulgación de la Constitución de 1991 e indicó que no le alcanzaba el tiempo para nombrar tantas víctimas, “sus familias saben que todo este esfuerzo es por ellas… Toda esta lucha es por sus angelitos y por todos nuestros niños de Colombia”. Las palabras de Jiménez mantienen la misma línea del discurso de Duque y demás políticos asociados al proyecto, donde se repite la necesidad de la protección a la niñez, pero poco se habla de la prevención, el acceso a la justicia para las víctimas o la educación sexual integral que podría dotar de más herramientas a niñas y niños para denunciar estas situaciones. 

La pena en cuestión podrá ser aplicada en los casos que se presenten a partir de este seis de julio de 2021, sobre aquellas personas que incurran en un homicidio en modalidad dolosa, cuando exista acceso carnal violento y cuando la víctima sea incapaz de resistir. 


“Una cultura machista, misógina, donde se promueve el acoso, donde no se respeta la autonomía progresiva de los niños y las niñas es una sociedad que tiene todas las condiciones para que este tipo de crímenes se sigan cometiendo”.


Las dudas sobre la constitucionalidad de esta ley son grandes, pues el derecho penal tiene que estar acogido a la Constitución Política y ahí están prohibidas este tipo de penas. Por ahora, la ley está siendo estudiada por la Corte Constitucional, en donde existen varias demandas fundamentadas en el principio de resocialización de los prisioneros, la verdadera protección de la infancia y la adolescencia y el riesgo de una tasa mayor de impunidad.

Las garantías de los procesados aparentemente estarían cubiertas pues en la ley se incluyó el acceso a una doble instancia sin que esta tenga ser solicitada y, adicionalmente, cuando la persona condenada ya haya cumplido 25 años en prisión tendrá la posibilidad de enviar su condena a revisión. Este último punto quiere decir que el condenado puede pedir una revisión para reducir su pena (no podrá ser inferior a 50 años), mas no se le concederá la libertad inmediata. Sin embargo, Natalia Poveda, abogada feminista penalista e integrante de la Red Jurídica Feminista, explica que una ley como estas no puede desconocer que el sistema judicial colombiano está altamente permeado por la desigualdad social y la corrupción: “quienes van a la cárcel son las personas más pobres. Eso hace que uno pueda identificar que medidas tan gravosas como la cadena perpetua también estén mediadas por esos factores”. 

Para Poveda la cadena perpetua y medidas similares buscan atacar situaciones de violencia sexual desde un enfoque meramente punitivo, pero desde un enfoque social y feminista se ha identificado que la violencia sexual requiere respuestas más integrales, más allá de solamente recurrir al andamiaje penal. En este mismo sentido, Erika Rodríguez recuerda que una sociedad que se caracteriza por los linchamientos públicos es una sociedad que reflexiona poco sobre las raíces y las causas de los delitos que se cometen. “Es lamentable porque todos quisiéramos sociedades donde niñas, niños y adolescentes crecieran libres, autónomos en paz, pero una medida antidemocrática no envía un mensaje de paz. 

De acuerdo con datos de Medicina Legal, entre enero y abril de 2021 la institución ha realizado 5.483 exámenes por presunto delito sexual y ha registrado 168 homicidios en contra de niñas, niños y adolescentes. Estas cifras son incluso más graves que las recolectadas durante el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 157 homicidios y 5.436 exámenes medicolegales. 

La cadena perpetua no es ninguna garantía de que estos delitos no se cometan e incluso existe la posibilidad de que muchos casos no sean denunciados pues de acuerdo con Medicina Legal, más del 80% de los casos suelen ser cometidos por alguna persona perteneciente al círculo familiar  

Los muchos ‘peros’ que tiene la ley de cadena perpetua coinciden en mostrar la complejidad del fenómeno de la violencia sexual y los cambios estructurales que requeriríamos como sociedad para terminar con estas prácticas, algo que difícilmente cambia una ley por más dura que sea. Rodriguez plantea una pregunta que muestra las ambigüedades que persisten en Colombia en materia de protección de niños y sobre todo de niñas y adolescentes. “¿Por qué una sociedad como la nuestra tolera que niñas de 12 o 13 años convivan con hombres de 35 o 40 años? Esto es algo que se incrementó en la pandemia y que en la práctica son matrimonios forzados que esconden violencias, maternidades forzadas y demá En estos casos el Estado no articula esfuerzos para solucionar estas problemáticas donde las niñas tienen que salir de sus hogares a vivir con adultos mayores para subsistir”.