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Colombia ha sido testigo de tres masacres en menos de 10 días

Los hechos han cobrado 15 víctimas entre 12 y 25 años
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Santiago Saldarriaga

En la noche del sábado 15 de agosto, cerca de 30 personas se encontraban reunidas en una finca en Samaniego, Nariño, cuando cuatro hombres armados y encapuchados irrumpieron en el lugar y, posteriormente, asesinaron a ocho jóvenes entre los 17 y 25 años, identificados como: Oscar Andrés Obando, Laura Michel Melo, Campo Elías Benavides, Daniel Vargas, Bayron Patiño, Rubén Darío Ibarra, Jhon Sebastián Quintero y Brayan Alexis Guarán.

Inicialmente se creía que habían sido nueve las víctimas, pero más tarde se conoció que el asesinato de Yésica Zúñiga, esa misma noche, había ocurrido en otro sector de la ciudad. 

Varias versiones concuerdan en que antes de comenzar a disparar, los victimarios preguntaron por unas personas que presuntamente se encontraban en la fiesta.

Una de las primeras hipótesis le atribuía el hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin embargo, horas después la misma organización, mediante un comunicado, aclaró que no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido, “Tampoco es de autoría del ELN el panfleto que cita el Doctor Parmenio Cuellar, en el que supuestamente nos atribuimos la matanza colectiva en Samaniego, perpetrada por narcoparamilitares el sábado 15 de agosto”. 

Al respecto, el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, le dijo a Caracol Radio que las autoridades están contemplando la posibilidad de que algún asistente a la reunión tuviese vínculos con una red de narcotráfico. 

Y es que Nariño es uno de los departamentos que tiene más cultivos de coca en Colombia. Según el informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2019 dicha zona contaba con más de 36 mil hectáreas de coca. Esta es una de las razones por las cuales allí existe una disputa por el control del narcotráfico entre grupos y bandas ilegales como el ELN, el Clan del Golfo, ‘los Contadores’ y ‘los Atún’.

Pero este no es un hecho aislado, pues en la tarde del domingo 9 de agosto, los estudiantes, Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, fueron asesinados cuando se disponían a llevar una tarea al colegio en Leyva, también en Nariño. Hasta ahora no se ha dado con los responsables, pero los habitantes del corregimiento en donde sucedió el siniestro, denunciaron que los asesinos pertenecían a grupos paramilitares

Dos días después, unos habitantes de Llano Verde, Valle del Cauca, encontraron los cuerpos de Juan Manuel Montaño, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo, todos jóvenes afrodescendientes, en un cultivo de caña de azúcar. Las autoridades dictaminaron que tenían signos de tortura y están ofreciendo una recompensa de 200 millones de pesos por información relacionada con este asesinato.

Este crimen evidenció aún más la desigualdad y la violencia racista sistemática en el país y particularmente en lugares como Cali, pues Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta zona es habitada en su mayoría por personas afrodescendientes provenientes del Pacífico colombiano, que han sido víctimas de desplazamiento forzado. De igual manera, Pares asegura que las familias que viven en Llano Verde “sufren procesos de revictimización en los contextos urbanos en los que logran establecerse”.

Por su parte, el presidente Iván Duque condenó las masacres y pidió al general Vargas y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hacer presencia en las zonas para esclarecer las circunstancias que llevaron a los asesinatos de los jóvenes. 

En el consejo de seguridad por la masacre en Samaniego, Holmes Trujillo dijo que “el mensaje es claro: vamos a derrotar a los criminales, vamos a capturar a los delincuentes, los vamos a poner en las manos de las autoridades competentes”.

Hasta el momento, no se ha podido encontrar ninguna relación entre lo ocurrido en Samaniego y en Llano verde. “No hay un grupo delincuencial que una a las dos circunstancias”, afirmó el general Vargas en una entrevista con W Radio, donde también aseguró que se trata de contextos diferentes.

Pero analistas del conflicto en Colombia como Kyle Johnson, han mencionado que la problemática no puede ser reducida a “disputas por el narcotráfico”, como se ha querido mostrar, y la lucha no solo debe ir dirigida hacia la erradicación de cultivos ilícitos pues, más allá de eso, los enfrentamientos están dados por el control del poder en los territorios entre los diferentes grupos armados. Allí, la población civil está atrapada entre múltiples fuegos y disputas por las formas de gobernar. Además, como señala Johnson, el Estado no tiene una presencia institucional fuerte y más bien representa al enemigo, pues sus pocas acciones están encaminadas a hacia la fuente de ingresos más importante de esta población.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia expresó en un comunicado de prensa “su enérgica condena por la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño el día 16 de agosto, así como por los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades”. 

Asimismo, comunicó que en lo que va corrido de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “Ha documentado 33 masacres viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios”.

Las recientes masacres en Nariño y Valle del Cauca se suman a la larga lista de hechos violentos que se han perpetrado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, entre ellos el asesinato de 349 líderes sociales y 215 excombatientes.