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El asesinato de la comisión de la URT agrava las garantías de reparación para las víctimas

El asesinato de la comisión de la Unidad de Restitución de Tierras en el Meta representa un ataque frontal contra la política pública de reparación a las víctimas del conflicto armado
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Cortesia Banco Mundial

“Me queda una sensación de desamparo y desasosiego contrastada con el enorme esfuerzo personal y profesional que representa trabajar por los derechos de las víctimas”, dice Débora al explicar todo lo que la muerte del equipo de la Unidad de Restitución de Tierras la ha afectado. Débora no es su nombre real, es contratista de la URT y, aunque ella y otros de sus compañeros tienen mucho por decir, saben que no conviene. 

Con poco cubrimiento mediático y escuetos pronunciamientos oficiales se comentó la noticia: luego de 42 días en los que no se supo nada del equipo de la URT, se confirmó la muerte de Karen Sulay Garay Soto, contratista, Jhoan Steven Cogua, conductor, y las solicitantes Yadmil Cortés y Sandra Cortés. Las cuatro personas fueron asesinadas en una jornada que buscaba restituir los derechos de las víctimas de la familia Cortés. 

El procedimiento que la comisión adelantaba en el municipio de Mesetas, Meta hacía parte de los trámites necesarios para presentar formalmente una solicitud de restitución de tierras. Para esto se requiere reconocer mediante visita presencial los linderos del predio solicitado. Todo el proceso se realiza entre los reclamantes y el área catastral a la cual pertenecía Karen. Como parte del protocolo de estas jornadas se debe informar a la fuerza pública que se hará presencia en la zona. 

Los detalles y móviles de la masacre no se conocen. Tampoco es claro qué pasó con la respuesta de la fuerza pública en la diligencia. El director general de la entidad, Andrés Castro, pidió claridad sobre los hechos, aclaró que este caso es el primero que ocurre en diez años de trabajo de la URT y resaltó que la entidad no bajará la guardia en la misión de dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. 

Y, si bien no se había presentado un hecho que involucrara el asesinato de funcionarios públicos de la URT en ejercicio de sus labores (o contratistas como en este caso), esto no significa que el ejercicio de la restitución esté exento de peligros. De hecho, desde la firma del Acuerdo de Paz, Colombia ha visto el aumento de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo y líderes sociales, muchos reclamantes de tierras. La Comisión Colombiana de Juristas ha documentado ampliamente los peligros que enfrentan los reclamantes de tierras, que van desde los obstáculos judiciales, la estigmatización, hasta las amenazas constantes y los asesinatos. 

Leonardo González, coordinador del observatorio de DDHH de Indepaz, opina que este doloroso caso demuestra que no se sostiene el discurso del Gobierno que vincula el narcotráfico con la sistematicidad en los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo. “La gran mayoría de líderes y defensores que han asesinado son personas que están defendiendo el territorio contra el narcotráfico, pero también contra la minería ilegal, la tala de bosques y que defienden la restitución de tierras y la implementación del acuerdo o en este caso la ley de víctimas”. Y añade: “No es cierto que esto solo sea por narcotráfico”. 

El complejo universo de la restitución de tierras 

Como explica Débora, la restitución de tierras abandonadas y despojadas en el marco del conflicto armado es una política pública en cuya implementación se evidencian las históricas desigualdades económicas y sociales del país. La falta de acceso a la propiedad rural, la tenencia informal de la tierra, la invisibilización del derecho de las mujeres a la titularidad, etc. hacen parte de un escenario donde aparecen actores territoriales legales que se conocen como los “terceros opositores”. 

El proceso de restitución es tan complejo que estos terceros opositores reclaman su derecho a la propiedad al considerar que obraron de buena fe al adquirir tierras que habían sido despojadas. Por otro lado, actores ilegales con intereses específicos sobre las zonas, además de falsos reclamantes, aprovechan de manera fraudulenta las vías legales para adquirir propiedades. Todos estos actores juegan un papel en un contexto muy frágil. De la otra orilla, se encuentran las víctimas solicitantes que reclaman los derechos que les fueron arrebatados en el conflicto armado. “Estos múltiples intereses confluyen en los territorios y crean condiciones de conflictividad que alcanzan a todas y todos los intervinientes en la política pública, incluyendo a las personas que trabajan para la Unidad de Restitución de Tierras” comenta Débora.

Sobre el personal de la URT recae la responsabilidad de hacer frente a la implementación de la política pública, pero esto ocurre en condiciones precarizadas como la falta de garantías de seguridad en el terreno, ausencia de dotación para el trabajo de campo y oficina, extensos horarios laborales, contratos intermitentes por prestación de servicios, entre otras cuestiones que hacen que lamentablemente esta situación sea proclive a repetirse, como identifica Débora según su experiencia.  


“No hay seguridad en los territorios y entender esta problemática exclusivamente desde la acción de las fuerzas armadas es un error que le costó la vida a los reclamantes y colaboradores de la Unidad”


¿Se pudo evitar esta masacre? 

El Meta y particularmente la zona donde se realizaba esta comisión está atravesada por múltiples actores del conflicto armado actual. Es decir, en la reconfiguración del conflicto posterior al Acuerdo es posible encontrar en esta zona a grupos armados como: las Autodefensas Gaitanistas, Los Puntilleros, el Frente tercero de Gentil Duarte y la segunda Marquetalia con la columna Vladimir Steven que comanda Romaña. 

Para Leonardo González estos grupos armados actúan con diversos intereses y tienen relaciones macrocriminales con diferentes conflictos. Para él, el caso de la URT tendría un interés asociado a la voluntad de que no avance el proceso de restitución y obedece principalmente a intereses particulares en forma de sicariato. “Los grupos armados en estas zonas ofrecen servicios de sicariato al mejor postor, seguramente a quien estaba detrás de la no implementación de la política de restitución de tierras”, afirma. En todo caso, las amenazas sobre reclamantes de tierras no son exclusivas de ese departamento, sino un fenómeno que se presenta en otras partes del país, sobre todo en zonas mineras y de restitución. 

Ante este escenario, las comisiones de entidades como la URT requieren un análisis de riesgo y sobre todo un acompañamiento interinstitucional articulado. Para Débora, las condiciones sociales y económicas actuales del país, junto a la falta de una decidida respuesta institucional para la transformación de las desigualdades, continuará generando escenarios de riesgo para las y los involucrados en la implementación de cualquier política pública que favorezca a las víctimas del conflicto armado: “actualmente no hay seguridad en los territorios y entender esta problemática exclusivamente desde la acción de las fuerzas armadas es un error que le costó la vida a los reclamantes y colaboradores de la Unidad”. 

Las implicaciones para la defensa de los derechos de las víctimas  

La gravedad de estos asesinatos no parece corresponder con la respuesta del Gobierno y la opinión pública que poco eco han hecho sobre lo ocurrido. Sus implicaciones son amplias para el análisis del estado actual del conflicto armado, así como para no profundizar las barreras en la implementación de la Ley 1448 y del Acuerdo Final que busca obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.  

Este hecho es un ejemplo perfecto (y cruel) de los intereses económicos que subyacen al conflicto armado. Como comenta González, los grupos armados son solamente el instrumento de la violencia, pero “detrás hay intereses de particulares y de algunas personas que incluso hacen parte del Estado. Un grupo armado no se maneja solo”. 

En términos políticos, esto representa el no cumplimiento del Acuerdo, de los derechos de las víctimas en la restitución de tierras y de la participación en la apropiación de tierras por parte de actores ilegales, pero también de empresas legales que están detrás de estos homicidios. Además, implica un retroceso histórico en las condiciones de seguridad que está viviendo el país. 

Por ahora, las instituciones del Estado entran en una paradoja, porque el vacío histórico estatal cerró una puerta en muchos territorios y cuando se intenta entrar, las y los funcionarios y contratistas son amenazados, interceptados o como en este caso, asesinados. ¿Qué pasa con las garantías de no repetición para las víctimas? Si a los equipos que trabajan en la salvaguarda de sus derechos les da miedo ir a estos lugares, se agrava la situación de inconstitucionalidad que vive el país. 

Pero además de las condiciones de seguridad y el desarrollo de los mandatos de las entidades públicas, esta noticia genera un impacto emocional en quienes trabajan en la reparación a víctimas del conflicto armado. Débora no trabaja en el Meta y no conocía a Karen Garay, la joven técnica en cartografía asesinada. Sin embargo, para ella y muchos de sus compañeros es imposible no sentir el golpe moral que este caso representa y el gran silencio que se mantiene internamente en la institución.