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El bombardeo de menores de edad continúa

En un trágico déjà vu volvimos a conocer sobre operaciones del Ejército Nacional donde se bombardean campamentos de grupos insurgentes con presencia de menores de edad
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Archivo/VANGUARDIA LIBERAL

La confirmación del bombardeo la dio el ministro de defensa, Daniel Palacios, el 20 de septiembre. La operación ‘Samuel’ estaba dirigida contra alias Fabián, cabecilla del ELN. El resultado de ese 16 de septiembre fue nombrado como “el golpe más duro” contra este grupo armado, pero no se capturó a alias Fabián y ahora sabemos que en el bombardeo fueron asesinados por lo menos cuatro menores de edad: un adolescente de 13 años y tres más de 17 años. 

Gracias a un derecho de petición presentado por el senador Iván Cepeda, Medicina Legal le confirmó que en la operación que se llevó a cabo en el municipio Litoral del Bajo San Juan, Chocó, se reportaron ocho muertos, entre ellos los cuatro adolescentes, una de ellas mujer. 

Cepeda denuncia el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en las filas de los grupos armados, algo que muestra la ausencia de una política de paz en gran parte del territorio nacional. A su vez, reprocha el uso desproporcionado de métodos como los bombardeos por parte de las fuerzas armadas a pesar de conocer las dinámicas de alto reclutamiento forzado en la región y donde las garantías sobre el derecho internacional humanitario quedan completamente vulneradas. 

Esta trágica noticia se suma a los otros tres hechos reportados bajo la administración de Iván Duque (agosto de 2019 en Caquetá y marzo de 2021 en Guaviare) en los cuales se encontraron cuerpos de menores de edad que habían sido reclutados forzadamente y se conocía su presencia en los campamentos de grupos armados de estas zonas. 

Como ya se ha mencionado en aquellas oportunidades, el reclutamiento forzado es un crimen de guerra que debe ser prevenido y castigado. El papel del Estado y de los gobiernos de turno radica en proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos, mucho más de quienes están en una posición de mayor vulnerabilidad como son estas niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, lo visto en los casos de amplio conocimiento público ha sido la culpabilización y revictimización por parte de funcionarios del Gobierno sobre esta población.

Mientras tanto, la resolución 1612 de 2005 del consejo de seguridad de las Naciones Unidas sigue en pie con el interés superior de proteger los derechos de la infancia, pero la ejecución de estas acciones tiene diversas dificultades. Lo evidente es que la persistencia del conflicto, las acciones de grupos de corte militar y la respuesta de las fuerzas armadas del Estado crean un escenario violento donde otras entidades no tienen la capacidad de detener el reclutamiento. 

Por otra parte, los esfuerzos institucionales de prevención y apoyo a niñas, niños y adolescentes podrían ser más efectivos y no se están ejecutando, como lo reportamos en esta investigación de marzo de 2021. La necesidad de un entorno protector y garante de los derechos para esta población es una responsabilidad del Estado, no solo de los grupos que reclutan. 

El reclutamiento forzado es una realidad que persiste y golpea a la población más empobrecida y vulnerable del país. De hecho, Colombia presenta uno de los panoramas más complicados en el mundo ante este crimen. La agresiva avanzada de grupos al margen de la ley que usan el reclutamiento de menores para engrosar sus filas debe poner en alerta a las autoridades y no ubicarlas como una amenaza más contra la vida de niñas, niños y adolescentes. Un paso mínimo en este sentido será no ocultar estas muertes, como lo han hecho hasta el momento los funcionarios del Gobierno.