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El escalamiento de la violencia en las movilizaciones, un castigo colectivo

La progresión de la violencia en las manifestaciones, especialmente por parte de la fuerza pública, plantea un panorama complejo y de solución difusa
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@fotosdechecho

La represión de la movilización social en Colombia tiene una larga y amarga historia. Podríamos hablar del paro de 1977 y su violento balance de muertes y heridos. O ir más atrás al paro de 1954 cuando el ejército abrió fuego contra los estudiantes que protestaban, precisamente, en la conmemoración de la muerte de otro estudiante asesinado en 1929 a manos de agentes de la guardia presidencial. Si seguimos retrocediendo en la historia seguro encontraremos más ejemplos de represión de la protesta social. 

El paro que vive Colombia desde el pasado 28 de abril es entonces un evento de movilización que tiene antecedentes que permiten una explicación de larga data, pero que pueden conectarse con unos procesos específicos más cercanos en la historia reciente: el paro nacional de 2019 y los asesinatos de civiles presuntamente por parte de la oficiales de la Policía Nacional en Bogotá en septiembre del año pasado. Sin embargo, además de explorar las raíces de la movilización actual, también es necesario encontrar las particularidades de este nuevo estallido social, así como de la respuesta del gobierno a través de la fuerza pública, que para muchos es una de las más violentas de los últimos años.

Día tras día aumentan las víctimas de hechos violentos ocasionados mayoritariamente por la policía y su escuadrón especial antidisturbios. A 7 de mayo, la ONG Temblores reportó 1773 casos de violencia policial, 37 víctimas de violencia homicida y 11 víctimas de violencia sexual presuntamente por parte de la policía, entre otros tipos de violencia registrados.

El nivel de abuso y violencia policiaca prendió alarmas a nivel interno entre defensores de derechos humanos, pero sobre todo entre gran parte de la ciudadanía, que ha seguido por medio de las redes sociales, y también en las calles, los actos de represión que quedan registrados en fotos y videos que circulan por doquier. La comunidad internacional también tiene los ojos puestos en Colombia.

Una de los llamados más urgentes de las y los defensores de DDHH es sobre aquello que ocurre una vez cae la noche, especialmente en los barrios de los sectores más empobrecidos de ciudades como Cali y Bogotá. La protesta pareciera tener dos momentos distintos cada día, una manifestación ciudadana en las mañanas y tardes con relativa calma, y una respuesta brutal en las noches y las madrugadas.

Esta no es la primera vez que Colombia vive protestas agitadas, así que no es la primera vez que la policía ha visto esto y no será la última, pero su respuesta es a todas luces desmedida. 

Un castigo colectivo

Kyle Johnson, analista de la Fundación Conflict Responses (CORE), ha prestado atención a las nuevas expresiones de protesta social y a la respuesta del gobierno a través de la fuerza pública. ¿Por qué los barrios en donde es más evidente la desigualdad social son los protagonistas de la represión más dura de la policía? Para Johnson, la violencia se concentra más allí por dos grandes motivos. Por un lado, está un historial de experiencias negativas de los jóvenes con la policía, algo que incide en que sean más proclives a pelear en una protesta contra este cuerpo policial. “Hay mucha rabia desde hace años. Las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá también se concentraron en unos barrios particulares y esa dinámica no ha cambiado desde entonces”. Por otra parte, estos son sectores golpeados de forma muy fuerte por la pandemia. Allí muchas personas están apenas sobreviviendo, algunas reciben los apoyos del gobierno que alcanzan para lo mínimo, pero la gran mayoría vive las consecuencias de una emergencia sanitaria que resaltó las enormes brechas socioeconómicas en Colombia. 

Este punto es también una de las explicaciones que encuentra el abogado Santiago Medina, defensor de derechos humanos que trabaja en el suroccidente del país. Para él la movilización social en Cali, Bogotá y en buena parte de Colombia responde a una gran inconformidad de la población ante unas condiciones de inequidad e injusticia socioeconómica. Es el caso de Cali, donde un gran porcentaje de la población se encuentra en unos niveles de ingresos muy bajos, “este es el panorama de Aguablanca, de Siloé. Son lugares de exclusión social donde la juventud no tiene opciones de vida. Eso hace que haya más volatilidad en la protesta”, afirma. Medina recuerda que allí la continua represión de la fuerza pública se ve todo el tiempo. “Les piden documentos, los paran, a algunos los golpean. Hay una condición de verse como enemigos entre algunos sectores oprimidos de la población y la policía, y todo esto aflora más en este tipo de protestas”.

Rabia, injusticia, impunidad son factores que se conjugan para formar una olla a presión que sobrepasa los motivos que convocaron a la movilización inicial. Este es el caso de la reforma tributaria que fue un disparador del Paro Nacional, pero que ahora es solo un tema más dentro de la agenda amplia de demandas que se exige en las calles. Y claro, el paro sigue vivo en buena medida por la indignación ante la respuesta policial violenta y desproporcionada contra el derecho fundamental a la protesta. 

“La rabia acumulada es un detonante muy fuerte, pero lo que no entiendo es la reacción de la policía. Aunque sí hay eventos de violencia de parte de los manifestantes, eso no es lo más común y no es proporcional la respuesta de la fuerza policial”, comenta Johnson quien ve un antecedente importante para este Paro en el asesinato de 13 personas a manos de la policía en septiembre de 2020 en Bogotá. “La violencia desde el lado del Estado ha venido escalando más que del lado de los manifestantes casi sin ninguna repercusión. Por el momento solo hay tres policías relacionados con lo ocurrido”. 

Johnson encuentra que dentro de la policía lo que hay es una visión de castigo colectivo y de que el enemigo puede estar en cualquier parte. “Cada vez que ven protestando cualquier persona puede ser el enemigo y eso puede ser muy peligroso. Y para los chinos de los barrios donde la policía ha sido muy abusiva históricamente, siempre van a estar dispuestos a ir a pelear en cualquier protesta. Si le agregas los disparos esto se vuelve una cadena de venganza”.

Hay vandalismo, no terrorismo y sin duda hay escalamiento 

Uno de los argumentos del gobierno para explicar la violencia en el Paro Nacional es el de relacionar la protesta social con la presencia de grupos armados. Ante esto Kyle Johnson es enfático: “No creo que haya grupos armados. Puede haber violencia entre los manifestantes, pero las disidencias no están ahí. Tienen una orden de no estar ahí”. También duda de que el ELN esté, porque muchos se han ido de Bogotá y su acción urbana es ahora muy débil. Muchos se fueron al monte.

En el caso de Cali, si bien es un epicentro donde la continuidad del conflicto armado genera una presión grande, pues es una ciudad receptora de desplazamientos forzados del Pacífico caucano, valluno y chocoano, lo visto en el Paro no coincide con el actuar de un grupo armado organizado. Al analizar el tipo de acciones que quedan registradas en videos sobre las protestas en esa ciudad, Johnson opina que es un tipo de violencia no organizada: “Vemos muchos actos individuales muy duros. Muchos de esos barrios en Cali tienen bandas, pandillas, ladrones, pero eso es lejos de lo que sería un grupo armado. No tienen la capacidad de operación. Aunque es notorio ese escalamiento de la violencia en las manifestaciones, especialmente del lado de la policía, no es conflicto armado para nada”, afirma. 

En esto hay un problema grave y es que pareciera que la policía y la fuerza pública sí consideran que existe esa relación entre las protestas y actores del conflicto armado.  

Para Medina, las narrativas oficiales sobre terrorismo frente a la protesta social inciden en que el actuar cotidiano de las fuerzas se desajusten a los controles que deben tener. Hechos como el asesinato de Dilan Cruz, que tiene todas las evidencias para que no esté en la jurisdicción militar está allí. También casos como la impunidad frente a los hechos del 9 de septiembre en Bogotá han dejado aprendizajes en la fuerza pública que se estarían extrapolando a ciudades como Cali, Palmira, Pereira. “Al ver que nadie los controla [a la fuerza pública] pueden desajustar sus conductas internas. Se ha comprobado que donde hay ejercicios de uso arbitrario de la fuerza, los casos de violencia se multiplican”. 

No es lo mismo una bala que un ladrillo 

Proporcionalidad es una de las palabras que más se mencionan cuando se comparan los actos violentos entre manifestantes y la fuerza pública, pues esta última tiene el deber constitucional de ser garante de derechos de la ciudadanía. Además, está equipada con dotación y armas pagadas por los impuestos de todas y todos. La ambigüedad en la cadena de mando entre la Policía Nacional y las autoridades civiles deja poco a poco más sospechas. 

Tras la sucesión de tantos días con saldos impactantes de abuso policial, Johnson cuestiona la autonomía de esta institución y su aparente capacidad de escoger en qué momento toma órdenes de quién, especialmente cuando hablan en términos de terrorismo. Para Kyle, el terrorismo es algo que cambia el enfoque de cómo la fuerza pública entiende su misión y su actuar ante la protesta social. 

Con todo y la violencia que se vive en las calles en este momento, debe recordarse que la movilización es un escenario de construcción de ciudadanía, de control del ejercicio del poder. Medina resalta el tejido social entre las comunidades del Cauca y Valle del Cauca que ha generado procesos emancipatorios, y que a través de la protesta social “pone el concepto de democracia como un desafío, pues la movilización es capaz de hacer sentar a los gobernantes a reflexionar”.

Si las protestas son expresiones de la democracia para fortalecer nuestro Estado de derecho, varias dudas quedan en el aire: ¿Qué está pasando dentro de la policía para que esté disparándole a civiles? ¿Quién da las órdenes? Y, sobre todo, ¿Quién va a ser el que tome el primer paso para desescalar esa violencia?