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El nuevo decreto del Ministerio de Trabajo siembra dudas en los colombianos

La medida pretende fomentar la formalización, pero tiene algunos vacíos
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“No modifica ninguna norma laboral existente de los trabajadores. Lo que hace es reconocer a quienes por diferentes circunstancias de su trabajo, no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo mensual”, dijo el ministro

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El pasado jueves 27 de agosto, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1174 de 2020 en el cual se reglamenta el Piso de Protección Social, un mecanismo al cual se deberán vincular aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a un salario mínimo. Estará conformado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y el Seguro Inclusivo que cubrirá a los trabajadores de los riesgos laborales y enfermedades amparadas por el BEPS.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, afirmó que con esta medida el Gobierno pretende iniciar el proceso de formalización de los trabajadores informales. Sin embargo, senadores y periodistas lo han rechazado puesto que generalizaría la contratación por horas, contribuiría a la precarización laboral, y dado que las contribuciones se harían al BEPS, quienes estén vinculados recibirán un pago inferior a un salario mínimo cada dos meses, una vez hayan cumplido la edad para poder pensionarse (actualmente se encuentra en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres).

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) emitió un comunicado en el que aseguró que el decreto “es un modelo perverso, que permitirá al gobierno maquillar las cifras de informalidad, precarizar a los trabajadores que hoy son formales, además de ser un acto de doble moral que el Gobierno Nacional convoque una Misión de Empleo por un lado y simultáneamente expida una reforma laboral y pensional de este talante tan regresivo en materia de derechos”.

Pero en un video publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Trabajo, Cabrera negó que se tratara de una reforma laboral, “No modifica ninguna norma laboral existente de los trabajadores. Lo que hace es reconocer a quienes por diferentes circunstancias de su trabajo, no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo mensual”. Y, a pesar de la aclaración, las principales preocupaciones recaen en la inconsistencia del decreto y la falta de garantías para los trabajadores.  

A través de su cuenta de Twitter, la senadora Angélica Lozano explicó que las incógnitas respecto a su funcionamiento están relacionadas con la legalización de pagos inferiores al SMLV, la afiliación al Sistema Subsidiado de Salud (sin licencias de maternidad, paternidad ni pago de incapacidades), la inexistencia de pensión pues los aportes se harían al BEPS y la incentivación del “trabajo parcial sobre el trabajo de tiempo completo, junto con la falta de medidas de control para evitar que se prefiera contratar bajo ese modelo”.

En cuanto a este último punto, en el artículo 2.2.13.14.5.2. del decreto, se estipula que las empresas que pretendan sacar provecho de la reglamentación y que desmejoren las condiciones laborales de sus empleados afiliados al sistema de seguridad social en el régimen contributivo, serán objeto de fiscalización por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Pero para abogados especialistas en derecho laboral como Juan Felipe Diez Castaño, existen varios escenarios mediante los cuales los empleadores podrían sacarle ventaja sin tener ningún tipo de control, “[las medidas] solo aplican para los trabajadores que sean desmejorados en un periodo de un año, pero un empleador puede terminar el contrato, indemnizar al trabajador y dos o tres años después, contratarlo; o paralelamente contratar una nueva mano de obra por horas”.

Aunque el ministro Cabrera respondió que el Gobierno y la UGPP crearán los mecanismos para que los empleadores no incurran en estas acciones, sigue habiendo dudas sobre el correcto y completo ejercicio de dicho organismo dado que en Colombia existen más de seis mil empresas, lo que dificultaría el control y la regulación sobre ellas.

De no ser derogado el decreto 1174 de 2020, el Piso de Protección Social entraría en vigencia en febrero de 2021 y Colpensiones será la entidad encargada de manejarlo.

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