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Eliminar el delito de aborto hoy en Colombia, una causa justa

Este miércoles 16 de septiembre, 91 organizaciones y 134 activistas, presentaron una demanda conjunta ante la Corte Constitucional para que elimine el delito de aborto del Código Penal colombiano por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.
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Sergio Angel

Según datos de la Fiscalía General de la Nación para el período 2010-2017, el 97% de las mujeres denunciadas por el delito de aborto eran habitantes de áreas rurales de Colombia, mientras que solo el 3% pertenecían a zonas urbanas. Además, al menos el 30% de las mujeres que fueron denunciadas entre 1998 y 2019 por aborto eran víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales.

Acceder a un aborto legal y seguro es en muchos casos un privilegio de clase y hasta un marcador de la desigualdad social y el centralismo colombiano. Por ejemplo, el 99,2% de los abortos reportados por las Secretarías de Salud entre 2015 y 2017 ocurrieron en Bogotá. Las mujeres que viven en zonas rurales apartadas o en ciudades intermedias tienen mayores dificultades para acceder a servicios adecuados de salud, mucho más para acceder a un aborto, algo que evidentemente tiene implicaciones económicas, sociales y culturales.

Lo que muestran estos datos recogidos por el Movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones sociales, entidades y personal prestador de salud, integrantes de la academia, centros de investigación y activistas de diversos orígenes es que la penalización parcial de aborto en el país contribuye a profundizar las desigualdades, pues pone en riesgo a las mujeres más vulnerables, menos educadas o con menor capacidad material para pagarse un aborto seguro.

Recoger y presentar cifras sobre este tema no es una tarea sencilla en un país donde abortar es a la vez un derecho y un delito. Esta doble condición genera un marco de inseguridad jurídica donde las principales afectadas son las mujeres y las personas con la capacidad de gestar.

Como movimiento, Causa Justa busca la eliminación del delito de aborto que se encuentra en el Artículo 122 la Ley 599 de 2000 del Código Penal. Para esto se presentó una demanda ante la Corte Constitucional este 16 de septiembre al señalar la inconstitucionalidad de este artículo “por ser injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud”.


La actual penalización parcial del aborto produce y reproduce la desigualdad social


En la actualidad, Colombia tiene un sistema de causales que despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde 2006 por medio de la Sentencia C-355, permitiendo que las mujeres accedan a la IVE como un derecho fundamental, sin límite de tiempo, en tres circunstancias: 1. cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud física, mental y social de la mujer. 2. cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero. 3. cuando el embarazo sea el resultado de violencia sexual, incesto o de inseminación artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentidas.

La importancia de esta sentencia de 2006 es enorme. Se le reconoce como uno de los mayores avances en materia de los derechos de las mujeres en Colombia y en la región, pues se conecta con el respeto por la autonomía sexual y reproductiva, así como con el derecho a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Desde un punto de vista de la salud pública, Laura Gil, ginecóloga y directora ejecutiva del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, explica que el modelo actual tiene vacíos pues no es equitativo y no cubre a todas las mujeres, algo que de hecho se vuelve una injusticia más para las personas más vulnerables. “No hemos logrado tener uno de esos efectos que se busca con la despenalización parcial y es que todo el mundo tenga el nivel de buena salud y evitar muertes enfermedades innecesarias para todas las mujeres no para algunas”, explica.

Aun así, lo que fue un hito hace 14 años con esta sentencia, hoy se ha quedado corto. Diversas organizaciones integrantes de Causa Justa han documentado las barreras que persisten en el acceso al aborto seguro en Colombia. La permanencia del delito en el código penal sostiene en buena medida las prácticas inseguras que afectan la salud y la vida de quienes deben acudir a vías clandestinas para realizar su deseo de interrumpir un embarazo.

La clandestinidad (exceptuando la labor de las redes de acompañamiento en aborto que permiten abortos seguros por fuera del sistema de salud), es una condición que redunda en situaciones como la venta de medicamentos falsificados, estafas o sobrecostos injustificados, procedimientos inseguros para la salud, abortos incompletos, e incluso la muerte de las mujeres. Esta es una situación completamente evitable si se considera que los riesgos de un aborto realizado en condiciones seguras son mínimos.

Cortesía Movimiento Causa Justa

La actual demanda que entra en curso en la Corte Constitucional resalta la inconstitucionalidad del Artículo 122 pues viola al menos cinco derechos: el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el derecho a la salud, el derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular, el derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico y el derecho a la libertad de profesión u oficio del personal de salud.

Precisamente sobre este último aspecto, Laura Gil, explica que los profesionales de la salud ejercen con miedo porque es su concepto a través de un certificado lo que convierte en legal el aborto. Esto aumenta las barreras para las mujeres pues muchos médicos y médicas tienen una interpretación limitada de las causales y encasillan la mayoría de situaciones en aborto no legal. “En la mayoría de los casos nadie está interesado en correr con los riesgos, no van a sacrificar su prestigio, trabajo y el estigma social que implica el aborto ilegal, entonces lo más fácil es poner barreras y cerrarse al tema o decir que se es objetor de conciencia, cuando realmente no lo es”, comenta.

Las denuncias en contra de las mujeres que abortan muchas veces parten del mismo personal médico, algo que Gil dice que no se puede perder de vista, pues corresponde con un tipo de enseñanza que viene desde las facultades de medicina, donde una gran parte cree que denunciar a las mujeres es algo correcto para frenar los abortos inseguros, “cuando en realidad se presiona a las mujeres violando el secreto profesional y es antiético. Con esto además se aleja a las mujeres de los servicios de salud porque cuando alguien de la comunidad alrededor de esa mujer denunciada tenga un problema similar no va a consultar a tiempo y se van a morir en sus casas por miedo de ir a la cárcel y por vergüenza”, dice.  

Diez días hábiles tendrá la o el magistrado a quien se le asigne la demanda para revisar si cumple con los requisitos mínimos para ser estudiada por la Corte. Si es admitida, iniciará un proceso de estudio y deliberación en Sala Plena que tomará varias semanas. Mientras eso ocurre, las organizaciones sociales seguirán acompañando los casos que diariamente ocupan su labor en la orientación y defensa de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.