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Gobierno Nacional crea pacto con el sector minero, mientras desconoce la vocación de las comunidades

La vicepresidenta se mostró comprometida con el sector minero, y acuñó el concepto de minería responsable
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coalicionregional.net

El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de sus autores y creadores.


*Esta columna fue escrita por Luis Rúa, investigador y columnista externo.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, célebre por sus polémicas declaraciones públicas, encabezó un conversatorio el 9 de julio de 2020 con representantes del sector minero, donde acuñó el término minería responsable. Allí destacó el rol protagónico del sector en la generación de empleo en la nueva normalidad y abrió un espacio a inquietudes del sector. Ellos expresaron su preocupación por la oposición política para obtener los licenciamientos en los territorios, agregando falta de claridad en el tránsito de sus solicitudes a través de las distintas instancias gubernamentales. La vicepresidenta les dio un parte de tranquilidad y selló su compromiso con un pacto, asegurando el trámite de una ley en el Congreso de la República para favorecer las consultas mineras y esclarecer los licenciamientos. 

La conversación se centró en las dificultades del sector minero, y no en las afugias que enfrentan las comunidades en su camino por defender la vocación de sus territorios y su derecho a la participación ciudadana a través de las consultas populares cuando aún no eran letra muerta.

Las consultas populares mineras aparecieron en los municipios de Piedras y Tauramena, alcanzando su boom entre 2016 y 2017, y logrando convocar  comunidades en torno a una causa común: la defensa del territorio. Estas lograron elevados niveles de participación de casi el 98%, en una población que regala el voto por un tamal o no vota. La Corte Constitucional, y los cuatro libros de la Contraloría General de la República, demostraron que los municipios más violentos eran los que tenían minería, especialmente metálica. 

Las consultas se expandieron rápidamente, logrando un efecto de bola de nieve. Campesinos y demás actores locales de distintas organizaciones se fueron sumando, materializando la ejecución de 10 consultas populares en el país, como antesala a una avalancha de más de 100 consultas populares en curso que lograron movilizar a la ciudadanía en torno a la defensa de sus derechos, sin que existiera un abanderado que tomara decisiones por ellos, era su propio voto individual; podían decidir mantener su estilo de vida, su vocación, su uso del suelo. Fue el camino para materializar sus derechos en intereses.

Esta bonanza no duró mucho. El gobierno logró frenar 20 consultas populares usando la vía autoritaria, anunciando investigaciones disciplinarias y la no entrega del recaudo de impuestos a alcaldes y funcionarios opositores a la minería. Aunque la sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional,  ratificada en sala plena por el auto 053 de 2017, mantenía su uso práctico, el gobierno se negó a cumplir argumentando falta de fondos, anulando el giro de recursos, e impidiendo su ejecución, aun cuando una consulta popular costaba alrededor de 20 millones, y una consulta interpartidista, como la del Partido Liberal, 33 mil millones y cero oposición.

Sin embargo, para 2018, fue el cambio de magistrados de la Corte Constitucional, y un nuevo intento del gobierno que logró anular las consultas populares mediante la sentencia SU – 095 de 2018 con ponencia de la magistrada Cristina Pardo.

Estando las consultas populares por fuera del ruedo, sólo le queda a las comunidades refugiarse en los planes de ordenamiento territorial, que aunque desactualizados, definen los usos del suelos autorizados ante la falta de legislación del Congreso al respecto. 

Esta vía no es desconocida por las empresas mineras, con el caso más reciente protagonizado por la sudafricana AngloGold, instalada en el municipio de Jericó hace más de 14 años, en donde casualmente donaron computadoras a ocho concejales del municipio en vísperas de la firma del Plan de Desarrollo municipal. Este hecho no fue inadvertido por las comunidades, quienes elevaron su voz y actualmente es materia de investigación, al igual que el uso de presunta publicidad engañosa, la entrega de mercados, la cooptación de instituciones y la instrumentalización de menores reportada por dos medios de amplia difusión en fechas y colegios diferentes. 

Al respecto, con el respaldo del profesor Gilberto Tobón Sanín, venimos enunciando las consecuencias presentes y futuras del proyecto.

Esta cooptación de instituciones, compra de voluntades y publicidad engañosa, no es exclusivo de AngloGold con el proyecto Quebradona. Basta con ver el caso del Páramo de Santurbán por manos de Minesa, donde también existe cooptación de instituciones, publicidad engañosa y, últimamente, amenazas a autoridades defensoras del territorio, como la alcaldesa de California, Santander.