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JEP imputa crímenes de lesa humanidad por ‘falsos positivos’ en Catatumbo

La Sala de Reconocimiento de la JEP analizó documentos y evidencias
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JEP.

Colprensa

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros del Ejército Nacional y un civil, por los ‘falsos positivos’ perpetrados en Catatumbo, Norte de Santander, entre los años 2007 y 2008. Estos hechos dejaron al menos 120 víctimas de homicidio y 24 desaparecidos que se encontraban en estado de indefensión total al momento de ser asesinadas, y que posteriormente fueron presentadas como bajas en combate como un indicador del éxito en las operaciones militares en 14 municipios de la zona.

En un documento proferido por el órgano, se determinó que estas conductas no se trataron de casos aislados, sino de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. “De la lectura de este auto se puede inferir que no se trató de una simple eventualidad de ‘manzanas podridas’, sino por el contrario de una acción organizada, planificada, ejecutada minuciosamente”, sostuvo el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, durante una rueda de prensa.

“Estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”, sostuvo la Sala en un comunicado.

Estas imputaciones hacen parte del primero de seis autos de determinación de hechos y conductas sobre el caso 03. Los demás territorios que están priorizados en los subcasos son Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.

Las investigaciones

Tras adelantarse las investigaciones judiciales, el magistrado Óscar Javier Parra develó que hubo intentos de destrucción de pruebas y alteración de las declaraciones para mantener los casos en la impunidad. No obstante, después de la recopilación y análisis de informes, testimonios, expedientes y más de 250 libros de documentos oficiales, fue descubierto un patrón en el modus operandi de los asesinatos y desapariciones. Como resultado, se identificaron diversos tipos de incentivos dentro de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería 15, General Francisco de Paula Santander (BISAN), que fomentaban estos crímenes.

La directora de Justicia Transicional, Catalina Díaz Gómez, explicó que de todos los indicadores de éxito militar, el cuerpo “del enemigo caído” era el más importante, mucho más que las desmovilizaciones o las capturas. “Desde soldados, coroneles y generales nos explicaron cómo la política de la institución era la inflexión física, es decir, derrotar a las guerrillas eliminando uno a uno, dando muerte en combate a sus integrantes”, añadió.

Dicha política promovía las “bajas en combate” con amenazas o castigos que iban desde perder el trabajo, perder los permisos y vacaciones, hasta ser llamados “vagos” o “nenas”; e incentivos como reconocimientos, planes vacacionales y comidas especiales como hamburguesas o pollo frito.

Los imputados

Son 10 oficiales del Ejército y un civil quienes deberán comparecer ante la JEP por estos asesinatos y desapariciones. En primer lugar, el brigadier general Paulino Coronado Gámez, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado, y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, fueron identificados como los máximos responsables de haber dado las órdenes “sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”.

Mientras que el capitán Daladier Rivera Jácome, los sargentos segundos Rafael Antonio Urbano Muñoz y Sandro Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, y el civil Alexander Carretero Díaz fueron quienes contribuyeron “de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad”.

Los procesados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad, periodo dentro del que tienen la posibilidad de argumentar o aportar evidencia adicional; las víctimas y el Ministerio Público también podrán reaccionar en este espacio.

Cuando este lapso de tiempo culmine y la respuesta de los comparecientes sea recibida, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento “al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena”, en la que participarán las víctimas.

En caso de haber reconocimiento, la Sala remitirá una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz para que este imponga las sanciones correspondientes; de no haberlo, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Las víctimas

El comunicado establece que el perfilamiento de las víctimas que adelantaban las organizaciones criminales dentro de las unidades militares se dio en dos modalidades. La primera de ellas correspondía al asesinato de hombres de 25 a 35 años que habitaban en la zona rural del Catatumbo. En un caso particular que fue encontrado dentro de los expedientes estudiados, una de las víctimas manifestó temer por su vida en un consejo de seguridad organizado por la Alcaldía de Ocaña, ya que creía que “estaba en una lista negra”; semanas después fue asesinada.

La magistrada Díaz detalló que una vez la misma población se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y por temor a las denuncias que podrían hacerse, la modalidad cambió y tuvo como objetivo atraer con promesas de trabajo a jóvenes de Soacha, Bogotá, Gamarra y Aguachica, quienes posteriormente eran pasados por guerrilleros.

“Bajo una lógica criminal cercana al de la “limpieza social”, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran desempleados o habitantes de calle; características que las hacía atractivas para sumar criminalmente sus cuerpos a las estadísticas militares de ‘bajas en combate’”, se lee en el documento de la JEP. Estas órdenes de engañar a los jóvenes provinieron de las oficinas de la comandancia del BISAN.

La Sala también aseveró que no solamente los jóvenes asesinados sufrieron de daños psicológicos al descubrir el engaño y su destino, sino sus madres, padres y demás miembros de su círculo familiar y de amistades padecieron afectaciones de tipo moral y material. Y como si el sufrimiento de una pérdida familiar en estas circunstancias no hubiese sido suficiente, el magistrado Cifuentes agregó que posteriormente fueron sujeto de burlas y estigmatización, incluso por parte del mismo Estado, al momento de presentar sus denuncias.

La JEP añadió que dentro del caso 03, hasta el momento se han reconocido 1.043 víctimas, dentro de las cuales 658 son mujeres.