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La CIDH rechaza los actos de violencia que han ocurrido durante las protestas

En un extenso comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que se ha desencadenado durante el último mes y recalcó la necesidad de enviar a una delegación de verificación a Colombia
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Portal de la Resistencia, 23 de mayo de 2021.

César Melgarejo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (no confundir con la Corte IDH), emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la crisis que atraviesa Colombia y condena las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el último mes. Además, le solicita al Estado respetar la libertad de expresión, “respetar los más altos estándares” en cuanto al uso de la fuerza y permitirle al organismo hacer una visita al país.

El documento inicia informando que desde el 28 de abril hasta el 25 de mayo, en todo el territorio nacional se han realizado más de 9500 protestas en 794 municipios, en las que ha participado casi un millón 500 de personas. De este total de movilizaciones, 7801 no presentaron ningún tipo de incidente pero en al menos 1038 de ellas ha habido casos de decesos, desapariciones, heridos y agresiones sexuales “como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”. Estos actos violentos han tenido lugar principalmente en Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, afectando particularmente a mujeres, pueblos indígenas y personas afrodescendientes.

Enseguida son nombrados los asesinatos de Lucas Villa en Pereira, Sebastián Quintero en Popayán y John Erik Larrahondo en Cali, muertes que hacen parte de los 51 fallecimientos relacionados con las manifestaciones que han sido reportados por diferentes ONG durante las últimas semanas.

La Comisión resaltó la gravedad de las denuncias de más de 200 personas desaparecidas; 132 de ellas continúan sin rastro alguno, razón por la que la Fiscalía General de la Nación continúa con las labores de búsqueda. “Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño”.

También alerta sobre los 87 casos de violencia sexual contra mujeres cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, así como la agresión sexual de la que fue víctima una agente de la Policía el 29 de abril. Más adelante se informa sobre casi mil heridos, 33 de ellos con traumas oculares, y el uso de armas altamente cuestionadas como el lanzacohetes Venom. Por estos actos, actualmente se encuentran abiertas 144 investigaciones sobre policías.

La CIDH rechaza rotundamente la estigmatización de la que ha sido víctima la Minga y la Guardia Indígena, mencionando particularmente la aberrante situación que se vivió el nueve de mayo en Cali cuando civiles armados dispararon en su contra. “La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes”.

De igual forma, condena los daños a los bienes públicos y estaciones de policía, el fallecimiento de dos agentes oficiales y las lesiones que han sufrido otros 966, por lo que recalcó que “la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”.

Respecto a los bloqueos que se han dado en diferentes puntos del país, la Comisión insiste que el derecho a la reunión es fundamental para el correcto ejercicio de la democracia y que el hecho de que grupos reducidos de personas ejerzan violencia no significa que la protesta en sí sea violenta. Además, sostiene que estos actos no dan vía libre a que la Policía disuelva las concentraciones a través del uso desmedido de la fuerza y detenciones arbitrarias.

De acuerdo con el informe del organismo, Protesta y derechos humanos, se señala lo siguiente: “es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. (…) La dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos”.

En este punto se aclara que la orden de dispersar las protestas debe ser informada y explicada de forma clara, con el fin de que los manifestantes puedan tener tiempo de retirarse sin necesidad del uso de la fuerza. En el caso de que el abastecimiento y la salud de los ciudadanos se vean comprometidos, el Estado tiene el deber de abrir todos los mecanismos de diálogo posibles para que la fuerza sea usada como último recurso.

La Comisión condena los ataques a ambulancias y misiones médicas, por lo que hace un llamado al Gobierno para concertar con los manifestantes la creación de corredores humanitarios para garantizar los derechos como el acceso a alimentos y la salud.

El comunicado concluye instando a las autoridades a investigar ardua y prontamente todos los hechos de violencia y desapariciones, y a reparar integralmente a las víctimas, enfatizando en que los casos de agresiones sexuales sean tratados con enfoque de género. Asimismo, les exige garantías a los y las periodistas para ejercer su labor de manera libre y segura.

“La consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales”, finaliza el documento, reiterando la importancia de una visita a Colombia que cuente con todos los elementos que le permitan evaluar objetivamente la crisis actual.