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La Corte Suprema de Justicia investigará a Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad

Se tratan de delitos relacionados con homicidios, secuestros y desplazamientos
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La situación jurídica del expresidente se sigue complicando.

AP

El 14 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que investigará al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad que involucran delitos como homicidio agravado, secuestro, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. El documento en el que se toma la decisión fue publicado por el portal Los Danieles.

El radicado número 45110 enumera una serie de antecedentes que llevaron a la Sala de Instrucción a ordenar “la práctica de pruebas”. Estos precedentes vienen desde el año 2000, cuando la Fiscalía pidió abrir una investigación contra Uribe “por la presunta conducta omisiva cuando fungía como Gobernador de Antioquia, frente a los ataques a la población civil en el Municipio de Ituango (Antioquia), sucedidos en el año 1996, perpetrados por un grupo organizado al margen de la ley”.

El documento también menciona la declaración de 2011 del paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, en la que afirmó que en los 90 se formó un grupo paramilitar “que utilizaba como base de operaciones la ‘Hacienda Guacharacas’ de propiedad del entonces Gobernador de ese departamento [Antioquia], doctor Álvaro Uribe Vélez”. También toma como antecedente la denuncia del senador Iván Cepeda en la que involucra al expresidente en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Uno de los puntos fundamentales se dio el 30 de mayo de 2018, cuando la Sala de Casación Penal declaró como crímenes de lesa humanidad “los delitos de concierto, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos con estos, que deriven” de las masacres en el municipio de San Roque en 1996, en el corregimiento La Granja en el mismo año, la masacre de El Aro en 1997 (todas ocurridas en Antioquia mientras Uribe era gobernador) y el homicidio de Jesús María Valle (defensor de derechos humanos que denunció la presencia de grupos paramilitares en el departamento) el 27 de febrero de 1998. “Por ende, la acción penal por las mencionadas conductas se torna imprescriptible”, añade el documento.

El también exsenador se presentará en versión libre y espontánea el 16 de septiembre.

Esta nueva investigación de la Corte Suprema complica la situación jurídica de Uribe, quien se encuentra bajo medida de aseguramiento debido al proceso por manipulación de testigos que se adelanta en su contra.