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La estigmatización del paro no para

Los elementos incautados a manifestantes previas horas a la movilización del 20 de julio muestran elementos de protección en su gran mayoría. Este hecho preocupa por la estigmatización sobre la protesta social y por posibles falsos positivos judiciales
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Tras una intensa jornada de allanamientos en viviendas de manifestantes, en lo que la Policía Nacional denominó la “Operación Primera Línea”, se conocieron los elementos incautados. Cascos, guantes, gafas de protección industrial y hasta pañuelos verdes (símbolo de la lucha por el derecho al aborto) fueron las pruebas presentadas junto a los capturados. 

En total se reportaron 28 allanamientos en ocho ciudades. Capturaron a doce adultos y a dos menores de edad en una acción masiva y coordinada con la Fiscalía General de la Nación. El mensaje del General Jorge Vargas, director nacional de la Policía, giró en torno a la prevención de “actos vandálicos” en la jornada de movilizaciones del martes 20 de julio. De acuerdo con Vargas, también se encontraron armas, elementos para fabricación de bombas caseras y objetos que podrían ser usados para agredir a la fuerza pública. 

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un llamado para seguir con lupa estas acciones judiciales de última hora, pues temen violaciones al debido proceso, estigmatización y condiciones hostiles para llevar adelante una jornada pacífica de protestas. 

Una preocupación menos inmediata pero más grave surge de estas capturas: los falsos positivos judiciales. Colombia tiene una larga historia de estigmatización de las personas que legítimamente participan en la movilización social cuando cuestiona el ejercicio del poder, especialmente los jóvenes. 

En 2019, la investigación periodística de la Universidad Politécnico Grancolombiano presentó la alarmante cifra de más de 10.741 jóvenes que han pasado por procesos judiciales con pocas garantías en los últimos 18 años en Colombia. Los hallazgos presentados no contemplan el nuevo escenario de protesta del último año y medio, es decir que esta cifra seguramente ha aumentado. 

Del total de casos analizados, 4.155 (39,6%) no llegaron a una investigación formal. Solo 853 jóvenes (8,1%) tuvieron un juicio y de ellos apenas 491 fueron hallados culpables, según encontró el equipo investigador. Esos 491 casos representan una pequeña cifra frente a los 10.741, es decir que el Estado no logró demostrar la culpabilidad del 95% de los jóvenes señalados por rebelión y terrorismo entre enero de 2000 y febrero de 2018. En los casos analizados se muestra cómo el aparato judicial ha operado de forma irregular, sin mayores pruebas y respondiendo en gran medida en procesos mediáticos para mostrar resultados oficiales. 

Por otra parte, en el nuevo escenario de movilización que hemos visto con más concurrencia desde noviembre de 2019, se ha presentado una nueva forma de respuesta de la fuerza pública. La recurrente brutalidad policial no solo ha sido denunciada por los manifestantes, sino que organismos defensores de derechos humanos han documentado ampliamente los abusos. 

La Corte Suprema de Justicia se pronunció en septiembre de 2020 a favor del derecho de todas las personas a manifestarse. Lo hizo en respuesta a una tutela presentada por organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial que incluyeron golpizas, mutilaciones y homicidios. 

En su mandato, la Corte recordó que el deber de las autoridades es “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”, algo que desafortunadamente se sigue presentando sin una respuesta del Gobierno en contra de estas prácticas inconstitucionales. De hecho, en el marco del Paro Nacional reiniciado el 28 de abril hay evidencias sólidas de por lo menos 25 homicidios de ciudadanos que involucran a miembros de la policía colombiana

La respuesta de la población civil ante la brutalidad policial ha sido diversa. Una parte ha decidido seguir ocupando las calles, pero hacerlo con elementos de protección como los incautados en los recientes allanamientos. La preocupación aumenta por la tensión que puede generar el anuncio de la incautación de cascos y escudos artesanales durante las jornadas de movilización en las calles.