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La FLIP se manifiesta sobre los periodistas involucrados en el proceso contra Álvaro Uribe

La organización no gubernamental pide aclarar por qué la Corte Suprema de Justicia considera necesario identificar a estos periodistas
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Nigel Burgher; Colprensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó una carta abierta dirigida la Corte Suprema de Justicia en la que plantea algunas preguntas relacionadas con la protección a los periodistas que están involucrados en el proceso contra Álvaro Uribe. El asunto que plantea la organización es “la exposición indebida de periodistas y sus fuentes” en este caso en el que la Corte “cita conversaciones entre, al menos, cinco periodistas y sus fuentes”.

La FLIP deja claro que la práctica de estos periodistas es legítima y está protegida por dos artículos de la Constitución. Primero, el artículo 20 que “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Y segundo, el artículo 74 que garantiza el “derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”.

En la carta, la FLIP también expresa su preocupación porque hay personas que están planteando “sin fundamento, elementos de complicidad de los periodistas con las conductas investigadas”. Así mismo, le pide la Corte Suprema de Justicia aclarar por qué mencionó a periodistas en su decisión, las previsiones que se tuvieron en cuenta “para no violar la reserva de la fuente” y considera “especialmente valioso que la Corte manifieste que accedió legalmente a esas conversaciones”.

En el cierre, pide que la Corte responda estos puntos “y todos aquellos que considere relevantes para una discusión abierta sobre los impactos de este caso en el derecho a la información”. Añade que el Estado de Derecho “debe salir fortalecido” de este proceso, y que su actuación no puede afectar “las garantías a la libertad de prensa”.

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