fbpx

La importancia de reconocer y rechazar las violencias contra las mujeres que protestan

Las violencias diferenciadas contras las mujeres en el marco del Paro Nacional deben ser reconocidas y rechazadas por la sociedad y el Gobierno para proteger sus derechos como ciudadanas
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Andrés C. Valencia

Muchas veces las feministas han explicado que la violencia sexual es usada como un mecanismo de castigo y de control contra la mujer que subvierte el orden establecido. En un momento de gran agitación social como lo es el Paro Nacional actual, no es extraño entonces que la violencia sexual y las violencias basadas en el género estén presentes entre los casos de abuso contra las manifestantes. 

Los casos de abuso policial reportados en el paro, especialmente aquellos ocurridos el 12 de mayo en la ciudad de Popayán dejan una muestra del enorme trabajo que tenemos por delante como sociedad para reconocer, denunciar y terminar con este tipo de violencia en todas sus etapas. 

La Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro del Cauca emitió un comunicado en donde reporta agresiones verbales, físicas, sexuales y a la libertad personal cometidos por parte de integrantes de la Policía Nacional. También reportan el fallecimiento de una joven menor de edad que se quitó la vida al parecer luego de ser víctima de abuso sexual por parte de oficiales de la policía en esta ciudad. Por el momento, la Procuraduría abrió una investigación contra los policías por presunta retención y agresión sexual a la joven de 17 años. 

El caso generó tanto rechazo que también hay que decir que el cubrimiento mediático y la respuesta de figuras públicas en sus redes sociales con el nombre de la menor y unas imágenes fueron muy poco cuidadosos, a pesar de las peticiones de su familia y defensoras de derechos humanos de Popayán que acompañaban el caso ante la delicadeza de esta denuncia. 

Pero este no es el único hecho de violencia contra las mujeres en el paro. ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo condenaron los ataques contra lideresas y defensoras de los derechos humanos por la tensa situación en Cali en los pasados días. Fue en Cali donde ocurrió el ataque con arma de fuego contra la líder indígena Daniela Soto, que se encontraba con la minga indígena en la ciudad. 

La ONG temblores tiene contabilizados 16 casos de víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública en el marco del paro. Por su parte, la fundación Lazos de Dignidad entrega en su más reciente boletín informativo del paro una cifra de 30 víctimas de violencia de género. 

Todo sumado abruma, levanta rechazo de las feministas colombianas y sobre todo pone en máxima alerta la protección de los derechos de las mujeres que deciden participar en la movilización social. 

Entonces, ¿por qué es importante reconocer y rechazar las violencias contra las mujeres manifestantes? ¿Son diferentes estas violencias de las que reciben los hombres en el Paro? 

La respuesta es sí, son distintas. Esto no implica que otras formas de violencia sean menos graves, pero reconocer la especificidad de estas violencias es importante para combatirlas. Colombia tiene una ley específica en este ámbito, la Ley 1257 de 2008, la cual define la violencia contra la mujer como: “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”.

La Ley 1257 surge como una adaptación al contexto nacional de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belem do Pará de 1994. Este es el instrumento jurídico más importante de la región en este tema. Según esta convención, se reconoce que esta violencia es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres como también cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

La teórica argentina Rita Laura Segato ha insistido innumerables veces que el cuerpo femenino o feminizado es el propio campo de batalla “en el que se inscribe la devastación física y moral del pueblo, tribu, comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pandilla”. En el contexto colombiano, informes como La guerra inscrita en el cuerpo publicado en 20017 por el Centro Nacional de Memoria Histórica recoge un análisis compartido por expertas en la materia, que entiende la violencia sexual como un continuum histórico presente en las estructuras de nuestra sociedad, las cuales se basan a su vez en discursos en los que el cuerpo femenino es entendido como subordinado al poder masculino.

Uno de los llamados más recurrentes de las organizaciones de mujeres en Colombia es acerca de las fallas en la aplicación de la 1257, así como de las múltiples barreras que existen para que las mujeres vivan vidas libres de violencia en nuestro país. Ahora que con gran preocupación vemos que el Paro Nacional tuvo una escalada de violencia tan fuerte contra la ciudadanía, vemos también que esta situación no es ajena a las violencias diferenciadas contra las mujeres. Casos como el de Popayán en donde las jóvenes denuncian violencia verbal sexista por parte de miembros de la Policía, tocamientos y un presunto abuso sexual abren una herida preexistente.   

Reconocer y denunciar la violencia diferenciada contra las mujeres sigue siendo un reto para el Estado y sus instituciones, que están lejos de tener políticas efectivas en la prevención de las violencias basadas en el género. Ante esos vacíos, organizaciones como la Fundación Lazos de Dignidad preparó este Protocolo para atención de violencias basadas en género en el marco de la protesta social que puede ser de utilidad para enriquecer el conocimiento y la conversación frente a estos temas. 

No podemos permitir que la violencia sexual sigue siendo usada como un arma para controlar y castigar a las mujeres y que se sumen barreras diferenciadas para que las mujeres ejerzan el derecho constitucional a la protesta. La represión debe parar.