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La justicia vuelve a darle la espalda a las mujeres

El nuevo informe de la Mesa por la vida y la salud de las mujeres llega para mostrarnos una dura realidad sobre el desbalance de la justicia cuando las mujeres deciden acceder al aborto
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Cortesía Causa Justa por el aborto

Mi amiga Sara me escribe por WhatsApp con una pregunta que se ha vuelto recurrente desde que trabajo temas de aborto. “Lau, necesito un favor, ¿cómo hace una amiga para acceder a un aborto sin pasar por todo ese rollo médico de la EPS? Es que le da susto”. Le explico las opciones más claras: EPS, clínicas especializadas como Profamilia u Oriéntame, redes feministas de acompañamiento. Le explico la ruta, le mando los datos. A los veinte días vuelve a escribirme Sara con la mala noticia: su amiga pidió la cita en la EPS pero le dieron tantas vueltas y se angustió tanto que terminó yendo a una clínica clandestina. Allá le dieron mal la dosis del misoprostol, sangró poco y a los cuatro días se dio cuenta de que seguía embarazada.

La historia de la amiga de Sara no es la más trágica de todas las que viven niñas, adolescentes o mujeres adultas en Colombia cuando intentan acceder a este derecho despenalizado parcialmente desde 2006. Esta mujer que es joven, pero tiene una red de personas que la acompañan, va a encontrar la forma de acceder a un aborto. Sin embargo, le toca exponerse a un aborto inseguro por temor a ser judicializada, por temor a los maltratos su EPS, por temor a que el embarazo siga su curso y luego sea más difícil abortar.

Las barreras para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se han estudiado mucho en Colombia. A pesar de los avances en la protección de la vida y la salud de las mujeres desde la sentencia de C-355 de 2006 y sus desarrollos posteriores, todavía el aborto inseguro es una realidad en este país.


Las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género.


Y no solo el aborto inseguro en términos médicos, sino las consecuencias judiciales de terminar con un embarazo indeseado. El reciente informe La Criminalización del aborto en Colombia es una investigación que recoge alrededor de 400 casos en los cuales las mujeres, adolescentes y niñas son llevados ante la justicia penal anualmente. Esta población es además mayoritariamente vulnerable pues habitan en zonas rurales, no cuentan con redes de apoyo o recursos económicos, son jefas de hogar y/o son víctimas de violencias basadas en género. Y son precisamente ellas quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas.

La investigación a cargo de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en alianza con la profesora de la Universidad de Los Andes, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Doctora en leyes de Harvard, y su equipo de investigación presentó datos tan preocupantes como que las menores de edad son las más perseguidas y sancionadas por este delito: el 12,5 % de los casos perseguidos involucran mujeres menores de edad (14 -17 años) y que el 24 % de los casos tienen a mujeres condenadas también menores de edad.

Un asunto preocupante frente a la ética médica también fue hallado en esta investigación: 56,7% de los casos que terminan en una condena surgieron a partir de la denuncia presentada por personal de la salud (médicos, enfermeras, trabajadora social, entre otros). El secreto profesional y el respeto por la paciente se quedan en un segundo plano en estas situaciones, algo muy grave para generar confianza para que las niñas y mujeres accedan a abortos seguros. El informe indica que “es clara la prioridad que se da a la obligación de reportar el ‘delito’ frente a la salud y bienestar de la paciente, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico”.

Los resultados de la investigación encontraron un desequilibrio que muestra la injusticia del sistema con las mujeres. Al comparar con otros delitos que afectan de manera particular a las mujeres se encuentra que la persecución y la condena por aborto consentido es mucho más alta en términos proporcionales que lo que ocurre con delitos donde las mujeres son víctimas.  “Cuando las mujeres son las perpetradoras hay una criminalización más alta y efectiva que cuando las mujeres son las víctimas”, indica Isabel Jaramillo.  

Las condenas contra aquellas que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas representan un 1.14% y 3.38% respectivamente de los casos. “Existe un sesgo en la persecución penal en contra de las mujeres que abortan”, dice la investigadora al revisar delitos donde las mujeres son revictimizadas con la impunidad. Esto muestra que las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia, que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género. 

Precisamente por esa doble característica del aborto como delito y como derecho es que persiste una de las barreras más fuertes para el acceso a este procedimiento en condiciones seguras. Ante esa situación, el movimiento de mujeres y organizaciones Causa Justa presentó una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar este delito del código penal que se discute en la actualidad.