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La lucha por la libertad de prensa en la investigación sobre pederastia

Para Juan Pablo Barrientos el derecho a la tutela es fundamental. Y por el mismo respeto que le tiene a esta figura de la justicia colombiana, en los últimos días ha querido que ese derecho no se use para censurar sus denuncias sobre pederastia.
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Nélson Cárdenas

Juan Pablo Barrientos, periodista paisa y autor del libro Dejad que los niños vengan a mí, aún recibe de 10 a 15 denuncias al día sobre casos de pederastia. Tiene su celular lleno de pantallazos y mensajes de quienes lo contactan diciendo “A mí también me violó el cura de mi barrio”, “A mí también me abusó el cura de mi pueblo”.

Desde el 1 de octubre lanzó su libro que llegó a las librerías de buena parte del país y recibió buenas críticas por su investigación de más de tres años, pero de repente se encontró con acciones judiciales que pretendían callar su investigación.

El libro es el resultado de una investigación sobre casos de pederastia en la Iglesia Católica colombiana y las acciones y omisiones de altos jerarcas de la Iglesia que han encubierto a sacerdotes acusados por este delito. Pasadas unas semanas, luego de que el libro empezó a circular, el autor recibió tres tutelas que pretendían obstaculizar su difusión. Una de ellas llegó con la orden de un juez de medidas cautelares en la que se pedía que se recogiera el libro hasta que lo leyera y analizara si vulneraba el buen nombre de uno de los acusados.

Después, llegó otra tutela en la que una juez exigía que el periodista revelara la información de sus fuentes. Juan Pablo es enfático al decir que el problema no es que le hayan interpuesto las tutelas y de hecho defiende ese derecho de los ciudadanos. El problema en este caso es que, según sus palabras, “dos de esas tutelas llegaron envenenadas”. Él sigue firme en su derecho como periodista de no revelar información de sus fuentes, a pesar de que la juez le dio un ultimátum de 4 horas la semana pasada, so pena de sanciones penales. Hasta el momento no ha sido notificado de novedades al respecto.

Las tres tutelas se hicieron en el departamento de Antioquia: una en Rionegro, la otra en La Ceja y la otra en San Rafael. Buena parte de la investigación del autor se concentra en este departamento y de hecho estas tutelas vienen de dos sacerdotes y un hombre que sin ser cura, en su momento fue el coordinador del grupo de monaguillos en San Rafael. Todos están involucrados en la misma denuncia de un hombre que indica haber sido abusado sexualmente por cuatro sacerdotes, un seminarista y el coordinador del grupo de monaguillos. En la época en que este hombre era menor de edad, hizo su denuncia ante el obispo de Sonsón, quien abrió una investigación interna y decidió suspender dos de los cuatro sacerdotes involucrados, pero ninguno recibió sanciones penales. Actualmente, dos están muertos, pero las tres tutelas vienen de acusados que hacen parte de esa misma historia de abuso.

Como indica Juan Pablo, el problema de estas tutelas es la censura previa y las órdenes en las cuales el periodista tiene que revelar la fuente. “Este es un boquete que como periodista no puedo permitir que se abra. Ahí tendrán un periodista enfrentando a la justicia al no entregar la información de la fuente, porque eso hace parte del secreto profesional y las fuentes protegidas. Tenemos que defender nuestra profesión porque o si no, ¿cómo se acercarán personas en el futuro a uno para hacer una denuncia si saben que uno va a revelarlo ante una autoridad judicial?”, dice Barrientos.

El juez que exigió retirar el libro de los puntos de venta, ya desistió y declaró improcedente la tutela interpuesta en el juzgado de San Rafael, tal vez en parte por la atención mediática que ha recibido el caso y por el apoyo de los defensores de la libertad de prensa como Dejusticia y la FLIP que definían este hecho como censura previa. El juez indicó que no se pudo demostrar que “lo descrito en el libro Dejad de los niños vengan a mí, obedeció a una intención dañina del autor del libro en contra de sus derechos [de quien puso la tutela] y no a un ejercicio serio e investigativo de unos hechos presuntamente reales y verificables”. En ese momento queda solo una tutela en pie.

Respuesta del Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael, Antioquia a la tutela interpuesta contra Juan Pablo Barrientos
Respuesta del Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael, Antioquia a la tutela interpuesta contra Juan Pablo Barrientos

Los últimos días han sido una montaña rusa para el autor. Por un lado, su libro se ha vendido de forma exitosa y muchos ciudadanos apoyan su investigación, pero por el otro lado tiene que lidiar constantemente con insultos de creyentes religiosos que lo acusan de querer acabar con la Iglesia. Es sorprendente cómo incluso en 2019, la pederastia sigue siendo un tema incomodo que muchos buscan mantener en secreto y no llevarlo a las instancias judiciales que corresponden. Para Juan Pablo eso se explica con el carácter católico que aún conserva Colombia. “Estamos en un país muy fervoroso que ama la iglesia y por eso creen que una investigación periodística como esta es un ataque a la Iglesia, como si yo quisiera acabar con la Iglesia Católica. Me llegan muchos insultos diciéndome que yo quiero acabarla, pero no se trata de eso, estamos hablando unos delitos y no de pecados. Esa es una gran diferencia”, explica.

Es en esa diferencia en donde Juan Pablo hace claras las dimensiones de su investigación. La gravedad de los delitos que recoge en su libro no solo lo son porque se dirigen hacia una población vulnerable como los niños, sino el esquema que protege a los abusadores. “Esta investigación periodística denuncia a unos hombres que han cometido delitos escudados en una sotana y eso no se puede permitir”, afirma. Su denuncia resalta que no se trata de las acciones de unos cuántos hombres (así aclare que no todos los curas sean pederastas), sino de la forma en que actúan encubiertos por una estructura que va desde lo más local hasta lo más global: “un cura pederasta no actúa solo; un cura pederasta actúa protegido por una situación que le ofrece garantías, que se asegura de que no le pase nada y que a la víctima no le ofrece absolutamente nada. Esa es la denuncia”.

Mientras el derecho canónico siga siendo superior al derecho penal, habrá menos chances de que se haga justicia en estos delitos. Como explica el periodista, ellos tienen sus tribunales eclesiásticos y su propio Estado, el Estado Vaticano, que imparte justicia en otro Estado. “Cuando un Obispo recibe una denuncia contra un cura, esa denuncia es enviada de inmediato al Vaticano, y allí se decide si el cura es culpable o inocente, ¿cómo es posible que otro Estado esté impartiendo justicia en nuestro Estado colombiano? Si la iglesia quiere sancionar internamente, maravilloso y que lo haga, pero eso no puede reemplazar bajo ninguna circunstancia el Estado de derecho en el cual nos encontramos”, puntualiza.

“Esto es un llamado de atención para decir que no estamos hablando de manzanas podridas, ni de casos aislados, sino de algo sistemático que sigue pasando”, dice Barrientos. Por su parte, cree posible que, a partir de 2001, con las denuncias, con películas como Spotlight con lo que ocurría en Chile, en Canadá, en Alemania y en Estados Unidos, hayan disminuido algunos casos o que un cura pederasta lo piense dos veces antes de meterse con un niño, “pero que sigue pasando sigue pasando”, dice. “Para la muestra está el caso de hace aproximadamente un mes en Cúcuta, en donde se ordenó la captura de un cura por abusar de un niño. El cura se voló, luego se entregó y luego un juez lo dejó en libertad. Esto sigue ocurriendo”.