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La masacre de líderes sociales en Colombia

El subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, analiza la aterradora situación que amenaza a los líderes sociales en nuestras regiones.
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Inaldo Pérez-Sistema Integrado Digital

Los datos más dramáticos de victimización a líderes y lideresas sociales los entrega la Defensoría del Pueblo: Entre 2016 y junio de 2019 han sido asesinados más de cuatrocientos líderes sociales, lo cual significa que cada dos días es asesinado un líder o lideresa social. Al mirar los datos totales de victimización, lo cual incluye amenazas, secuestros, atentados y homicidios, en los casi cuatro años, la cifra llega a cerca de 1500 victimizaciones, es decir, más de una diaria. Si tomamos, los datos más bajos, entregados por el gobierno nacional, la intensidad de la violencia indica que se comete un homicidio cada cuatro días y hay una victimización diaria. La diferencia entre ambas cifras se deriva de la aproximación metodológica.

La Fundación Paz y Reconciliación ha hecho un seguimiento minucioso a los datos de victimización a líderes sociales, ha logrado adentrarse en los perfiles y los resultados derivados de tal análisis son más que increíbles. Vale la pena mencionar cuatro de ellos. Por un lado, para algunos sectores del gobierno nacional, la violencia contra este sector social es anárquica, casi que impredecible y obedece a causas que denominan particulares. Sin embargo, poco más del 60% de los perfiles de las víctimas son muy similares, es decir, desde el perfil de la víctima se puede encontrar sistematicidad.

a. Líderes reclamantes de tierra y verdad. Como se sabe, cerca de 6 millones de hectáreas fueron despojadas en el marco del conflicto armado, la mayoría de esa tierra quedó en manos de civiles. Además, muchos civiles fueron determinadores de acciones graves de violencia. Todo indica que quien reclame la tierra que le robaron o pida verdad, corre un alto riesgo.

b. Un segundo grupo de víctimas son aquellos que tiene un rol político dentro de sus comunidades, ya sea que quisieran participar en elecciones, o que denuncien casos de corrupción o que simplemente ejerzan un papel de control político.

c. Un tercer grupo victimizado son líderes de Juntas de Acción Comunal que se oponen a economías ilegales. Tanto denunciando presencia de estos mercados, como promoviendo alternativas económicas legales a las familias que dependen de la economía ilegal.

Los picos de violencia más grande contra líderes se dan en jornadas electorales y prelectorales. A continuación, se muestra la gráfica mensual de asesinatos a líderes según la Fundación Paz y Reconciliación. La fecha inicial es desde el 24 noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz y va hasta el pasado 25 junio de 2019. Nótese como las semanas previas a las elecciones a Congreso de 2018 fueron particularmente violentas, igualmente durante y después de la segunda vuelta presidencial de 2018.

Línea de tiempo, asesinatos selectivos desde el 24 de noviembre de 2016 a 25 de junio 2019

Datos Fundación Paz y Reconciliación, SIPARES. Junio de 2019

Un segundo hallazgo, se refiere a los victimarios. El 30% de los victimarios son disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Mientras que el restante 70% son autores particulares y no identificados, es decir, son sicarios que contratados para asesinar líderes sociales. Hay gente en la legalidad que paga por estos servicios.

Un tercer dato increíble, es que además de la sistematicidad desde el perfil de la víctima, todo indica que en la medida que se acerquen las elecciones y la justicia transicional avance, con lo cual la demanda de verdad y tierra robada aumentará, la victimización tenderá a incrementarse. Es decir, este tipo de violencia es totalmente predecible y los grupos a los cuales se victimiza están totalmente identificados. A todo lo anterior se le suma que, al analizar la concentración de esta violencia, la misma tiende a concentrarse geográficamente. A continuación, se ve el mapa de homicidios.

SIPARES. Fundación Paz y Reconciliación. 2019.

El cuarto tema que deja ver el estudio de la Fundación Paz y Reconciliación es que el Estado, como un todo, ha tomado algunas medidas, varias de ellas interesantes, pero sin ningún impacto territorial.

En total son 5 acciones: La creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el marco de los diálogos de paz, aunque fue descontinuada por el gobierno nacional desde la posesión de Iván Duque. En segundo lugar, se fortaleció la UNP, o Unidad Nacional de Protección. En tercer lugar, se crearon planes comunitarios de protección. En cuarto lugar, se creó un cuerpo élite en la Policía Nacional con el fin de profundizar la investigación criminal y, por último, la Fiscalía General, creó un cuerpo especializado para este tema.

El impacto ha sido cero.

A nivel regional, algunos sectores sociales y políticos se sienten con la libertad e impunidad de contratar sicarios y sentir que la justicia jamás llegará hasta ellos. Creen, además, que en el gobierno hay personas que piensas como ellos, es decir, que ven a los líderes sociales como guerrilleros, terroristas, vividores y que sus vidas valen poco. Esa es la democracia colombiana, aquella en donde la violencia es un instrumento de competencia política.