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La movilización se mantiene a pesar de la brutalidad policial

Sin los organismos de control internos haciendo el correcto seguimiento, la situación de los Derechos Humanos en Colombia sigue en estado crítico. La movilización se mantiene en las calles
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Luisa González/Reuters

La movilización social en Colombia ha recobrado una gran fuerza en el Paro Nacional en desarrollo desde el 28 de abril. Y así como las calles se han inundado de personas inconformes en un principio con la propuesta de reforma tributaria, la respuesta policial ha sido brutal.

El fin de semana que pasó fue particularmente trágico según lo reportado por organizaciones veedoras de los derechos humanos. Se han contabilizado al menos 940 casos de violencia policial en el país entre la mañana del 28 de abril, hasta el sábado 1 de mayo en la noche, esto de acuerdo con el comunicado de la ONG Temblores.

Según esta organización, a través de su plataforma de denuncias de abuso policial Grita, creada para velar por los Derechos Humanos de las minorías en Colombia, reportó entre el 28 de abril y las 10 a.m. del 3 de mayo 1181 casos de violencia policial:

  • – 142 víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional
    – 26 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía Nacional
    – 761 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
    – 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
    – 17 víctimas de agresión en sus ojos
    – 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía
    – 9 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública
    – 56 denuncias por desapariciones en el marco de las movilizaciones.

La información registrada fue verificada y triangulada para el reporte parcial. Desafortunadamente las cifras aumentan constantemente a medida que se desarrollan nuevas movilizaciones. Únicamente en los trágicos sucesos del domingo 2 de mayo esta ONG reporta por lo menos cinco asesinatos por parte de la fuerza pública.

De acuerdo con los datos entregados por José Miguel Vivanco, Director de la ONG Human Rights Watch, se registraban seis personas muertas en el marco de las manifestaciones, pero verificadores de la sociedad civil reportan una cifra más alta, incluyendo la del joven Nicolás Guerrero, de 21 años, durante una protesta pacífica en Cali en la noche del 2 de mayo.

Justamente, el 2 de mayo en la tarde el presidente Duque ordenó retirar el proyecto de reforma tributaria para que fuera discutido entre los partidos afines al Gobierno y reescribirlo. Aunque el retiro de la reforma se dio gracias a la presión de los manifestantes, diversos sectores de la movilización han dejado claro que el paro se mantiene.

Entre las razones para seguir adelante con la protesta en las calles están las dudas sobre el rumbo que tome la modificación al texto de la reforma fiscal, así como el rechazo a la reforma a la salud 010 en curso en el Congreso. Según expertas en la materia, esta profundizaría el sistema de privatización de este derecho a través del modelo de aseguramiento, similar al que tiene Estados Unidos.

Sin embargo, la respuesta violenta de las autoridades policiales es quizás el mayor motor de la indignación ciudadana en este momento. Tras un fin de semana de terror, con cientos de videos y fotografías registrando el abuso policial en gran parte del país, muchos piden que paren los abusos y asesinatos contra la población civil.

La violencia policial no es algo nuevo en Colombia, pero el registro masivo de estas vulneraciones a los derechos humanos es cada vez más frecuente gracias a las denuncias de ciudadanos y veeduría de organizaciones civiles. El ejercicio periodístico además también ha hecho cubrimiento de las manifestaciones a pesar de la obstrucción de la fuerza pública como lo publica la Fundación para la Libertad de Prensa que recolectó 33 casos de violencia policial contra periodistas como agresiones físicas y eliminación de material.

Tras las protestas del 1 de mayo, el Gobierno activó la figura de “asistencia militar”, con la cual se dio rienda a la militarización de ciudades para responder ante las protestas, un gesto que fue recibido con mucho temor por las organizaciones defensoras de derechos humanos que vienen reportando acciones tan graves como el uso de armas de fuego por parte de agentes de la Policía Nacional, en contra de los manifestantes. Por el momento, la asistencia militar se enfocará en el sur occidente y centro del país (incluido el departamento de Antioquia).

En un comunicado firmado por más de 740 organizaciones y personas en Colombia y otros países, se hace un llamado a la comunidad internacional para visibilizar las numerosas vulneraciones a los Derechos Humanos en Colombia y exigir las garantías para la vida de los y las manifestantes, los y las defensoras de DDHH, la prensa y la ciudadanía en pleno; y demandar el desmonte de la figura de asistencia militar en todo el territorio nacional:

El ministro de defensa, Diego Molano Aponte, ha relacionado la movilización social con organizaciones criminales terroristas, un mensaje que se usa frecuentemente para deslegitimar y estigmatizar la movilización ciudadana. Esta postura ha sido duramente rechazada por defensores de derechos humanos.

La Fundación Lazos de Dignidad expresó su preocupación frente a la estigmatización que se está haciendo desde el gobierno nacional: “Los defensores de los Derechos Humanos no somos terroristas, estamos defendiendo la vida defendiendo el derecho a defender”.

A la par de este preocupante grado de respuesta violenta sobre los manifestantes, se ha hecho notoria la ausencia de los organismos de control como la Defensoría del Pueblo en cabeza de Carlos Camargo.

En rueda de prensa, el Comité del Paro manifestó que el paro se mantiene, solicitando que se desmonte el Esmad y el proyecto de salud 010. Se convoca a una movilización para el 5 de mayo. En las calles de distintos puntos del país se desarrollan plantones y marchas, con denuncias sobre irregularidades de protocolo por parte de la policía.