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La ONU y la FLIP rechazan los seguimientos de inteligencia a periodistas

El Ejército colombiano ha utilizado recursos económicos de agencias extranjeras para seguir ilegalmente a políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos
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Los periodistas Nick Casey, María Alejandra Villamizar y Daniel Coronell son seguidos por la inteligencia militar.

Menlo School; ©D. R; Leonel Cordero

Este fin de semana se conoció que el Ejército de Colombia ha estado siguiendo por varios meses a periodistas, políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos e integrantes de Organizaciones No Gubernamentales para crear perfiles de sus actividades con recursos de inteligencia militar. Incluso, de acuerdo a la investigación de la revista Semana, “algunas de las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera”. 

En total estarían investigando a más de 130 personas, incluyendo a periodistas como Nick Casey de The New York Times, Lynsey Addario del mismo diario y la revista Time, María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol, Ignacio Gómez de Noticias Uno, Yolanda Ruíz de RCN Radio y Daniel Coronell de Univisión.

Un día antes de que se conocieran las carpetas, el Ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya había hablado de que algo extraño estaba pasando en el Ejército y anunció cambios en la estructura “para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia”. Once oficiales serían retirados y un general pidió la baja, añadió El Espectador.

El domingo 3 de mayo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que rechaza este uso de la inteligencia militar. “La Oficina expresa su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas”, dice.

En el comunicado la Oficina también recordó la recomendación que hizo en 2009, el año que estalló el escándalo de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante la presidencia de Álvaro Uribe. En ese entonces, se utilizó al organismo de inteligencia para interceptar llamadas y seguir a opositores del gobierno. Junto a los paramilitares, usaron esa lista de personas para intimidarlas, amenazarlas y desprestigiarlas.

“Tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría”, dijo la Oficina hace 11 años.

De acuerdo al comunicado, que cita los estándares internacionales de derechos humanos, las actividades de inteligencia deben corresponder con la protección de los derechos humanos, que incluyen la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de asociación y la libertad de participación política. 

A este escándalo hay que sumarle que este mismo año se conoció un listado hecho por el Ejército en su cuenta de Twitter que se llamaba “Oposición”, en el que habían incluido periodistas, políticos y medios de comunicación. Luego salieron a decir que había sido un error, que en realidad era una lista de “de monitoreo” para “las menciones o etiquetas de la cuenta sobre temas relacionados con el Ejército Nacional, cualquiera que estos sean”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y los periodistas involucrados escribieron una carta en la que se preguntan por qué los vigilan y rechazaron los seguimientos por parte del Ejército. Las preguntas que plantean son:

“¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar? (…) ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad? (…)¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos? (…)¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?”.

Algunos congresistas que estarían siendo perfilados ya han dicho qué pasos seguirán. Gustavo Bolívar reveló que propondrá una moción de censura con Holmes Trujillo por su responsabilidad política, mientras que Antonio Sanguino ha hablado de llevar el caso hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos.