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La reparación para las víctimas de violencia sexual en Colombia es una deuda pendiente

Cada 25 de mayo se conmemora un crimen doloroso que persiste en Colombia. El Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado nos recuerda la tarea pendiente del Estado y el sistema judicial para combatir la impunidad
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Mauricio Alvarado

Nombrar a las víctimas de violencia sexual como una cifra es una forma fría y limitada de desentrañar la complejidad de este delito ocurrido en el conflicto armado en el país. Aun así, no podemos olvidar que 33.329 personas han sufrido delitos contra la libertad y la integridad sexual en ese contexto, esto según el Registro Único de Víctimas con datos hasta abril de este año. De ese total de personas, 30.086 son mujeres (90% de los casos), 2728 hombres (8%) y 514 son población LGBTI (2%). 

Cada 25 de mayo se recuerda esta dura realidad que ha golpeado especialmente a las mujeres. La fecha surgió como parte de una medida de reparación para la periodista Jineth Bedoya, quien este día de mayo hace 21 años fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por orden de paramilitares. 

“Esto es algo que le agradecemos a Jineth Bedoya, porque esta conmemoración nace de allí y es muy importante para las mujeres víctimas de violencia sexual”, dice Angela Escobar, coordinadora de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y sobreviviente de violencia sexual perpetrada por un cabecilla paramilitar en Antioquia también hace 21 años. 

Como se ha documentado ampliamente, todos los actores armados (legales e ilegales) han usado la violencia sexual en medio de la guerra en Colombia, especialmente contra las mujeres. Los motivos han sido variados: como forma de ataque, de control territorial, de privación de la libertad, o dentro de los grupos armados. La finalidad también es múltiple, pero en los casos más comunes se ha usado para regular comportamientos, silenciar, obtener información, castigar, expropiar, exterminar, recompensar y hasta cohesionar a los grupos que participan de este largo conflicto. 


La violencia sexual no es algo exclusivo del conflicto armado, sino una expresión de las relaciones desiguales de género que existen en una sociedad como la colombiana.


Esto no implica que la violencia sexual sea exclusiva del conflicto armado, pero sí que en medio de este se exacerba y se convierte en herramienta para marcar el poder dentro del territorio. Todo a costa de los cuerpos y las vidas de las mujeres.

La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales nació en 2015, pero su origen se puede rastrear en 2013 cuando la activista Angélica Bello se suicidó en 2013, luego de ser víctima de violencia sexual, desplazamiento forzado, secuestro y de continuas amenazas y atentados por ser una voz incómoda para muchos y una líder natural entre otras víctimas. “Digamos que no podíamos dejar el legado de Angélica, eso pasó en 2013 y ya en 2015 decidimos abrirnos más y construir esta red”, cuenta Ángela.

En los últimos años, la Red ha fortalecido sus acciones en varias partes del país acompañando a otras víctimas, trabajando para que sean reparadas y procurando que recuperen su dignidad. Ángela insiste con contundencia en esa palabra: dignidad. “Eso fue lo que nos arrebataron nuestros violadores”, dice. “La dignidad nos la quitaron ellos, no fue la sociedad ni la institucionalidad, sino que fueron los victimarios los que nos la quitaron”. 

Pero recuperar la dignidad no es sencillo ante un ambiente de impunidad y revictimización. Como Red, buscan romper el silencio que rodea la violencia sexual como primer paso, aunque su objetivo mayor es el acceso a la justicia. La justicia ordinaria les ha fallado sistemáticamente a las víctimas de violencia sexual, pocos están dispuestos a oír y creer sus historias, mucho menos a perseguir a los culpables. 

“Uno de los grandes obstáculos que tenemos las víctimas de violencia sexual es el acceso a la justicia porque es un tema que nadie quiere escuchar y nos ha tocado esta lucha con la institucionalidad para que nos crean”, dice Ángela. Por ahora sus esperanzas están puestas en la Justicia Especial para la Paz (JEP), ante quien están solicitando se abra el macrocaso de violencia sexual, haya justicia y sean reparadas bajo el modelo de justicia transicional.


90% de los casos de violencia sexual en el conflicto armado han sido contra mujeres


La reparación es el otro punto clave para la Red. En el 2019 recorrieron varios puntos de Colombia recogiendo propuestas de reparación a partir de encuentros con más de 900 víctimas de violencia sexual. Este proyecto desarrollado con apoyo de la cooperación internacional, fue impulsado además con la visita a Colombia del Premio Nobel de Paz 2018, Dr. Dennis Mukwege, un referente en la materia. En la República Democrática del Congo, el Dr. Mukwege creó un hospital especializado en la atención de mujeres víctimas de violencia sexual, el emblemático Hospital Panzi. 

Inspiradas en esa iniciativa y analizando las necesidades de las víctimas, en la Red buscan una reparación integral, así como garantías de no repetición, algo que levanta grandes preocupaciones dado el escalamiento del conflicto armado en zonas donde la violencia sexual como arma de guerra se ha reactivado. 

Y es que como saben bien, la violencia sexual no es algo exclusivo de estos conflictos, sino más bien una expresión de las relaciones desiguales de género que existen en una sociedad como la colombiana. En este caso se conjugan la clase social y la raza con estas desigualdades y en tiempos de conflicto armado se refuerzan por el sistema patriarcal, jerárquico, excluyente y violento que pone a las mujeres y a lo femenino en un lugar de subordinación y opresión. 

Para erradicar estas violencias se requieren esfuerzos que las desnaturalicen de lo cotidiano, pues así se abona el terreno para estos crímenes y luego se generan momentos de revictimización para quienes exigen justicia. Ángela insiste en esto: “hoy por hoy podemos levantar nuestras cabezas y nuestra voz por lo que nos pasó para decirle a la sociedad, a la familia y a la institucionalidad que no fuimos culpables de lo que nos pasó, que fueron los actores armados los que decidieron hacer con nuestros cuerpos lo que quisieron”.