fbpx

La verdad de las universidades en el conflicto armado colombiano

Durante 50 años cada mes se asesinó a un estudiante universitario en Colombia, indicó la Comisión para el esclarecimiento de la verdad
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

YouTube Comisión de la Verdad

Uno de los primeros registros de la violencia estatal contra los estudiantes en Colombia tiene como fecha el 8 de junio de 1954 cuando asesinaron al estudiante de medicina y filosofía, Uriel Gutiérrez en la Universidad Nacional en Bogotá. Al día siguiente, nueve estudiantes más fueron asesinados por militares del batallón Colombia mientras protestaban por la muerte violenta de su compañero. 

El encuentro del pasado 2 de septiembre El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden, liderado por la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad, promovió un espacio de escucha, memoria y reconocimiento público de las afectaciones del conflicto armado sobre estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades en Colombia. 

El evento fue también la oportunidad para hacer un recuento de las más de cinco décadas de acciones violentas contra la comunidad universitaria en el país. En cada época se encuentran particularidades de contexto, pero todo con un denominador común: históricamente miembros de las universidades, sobre todo de las universidades públicas han sido víctimas de estigmatización, amenazas, judicializaciones indebidas, exilio, desaparición forzada y asesinato. 

El comisionado Saúl Franco presentó un recuento de los múltiples hechos que atentaron contra la vida de estudiantes universitarios desde el asesinato de Uriel Gutiérrez en el 54. La violencia simbólica y física se sumó década tras década. En los años 1965 a 1975, por ejemplo, en el marco de la figura del “estado de sitio”, la fuerza pública y la justicia penal militar adquirieron facultades especiales que favorecieron las violaciones a los derechos humanos. 

Para 1978, en el gobierno de Turbay Ayala, expidió el Estatuto de Seguridad. Este documento le dio más herramientas para la represión de la movilización social a los agentes del Estado. “Se implementó la tortura como método para conseguir información y confesiones que derivaban en más detenciones, más tortura y nuevas judicializaciones”, según el testimonio de un estudiante de la época. 

Posteriormente, en los años 80, surge la alianza de agentes del Estado como el F2 y el DAS con grupos paramilitares. El resultado de esta unión generó una modalidad de violencia que se enfocaba en la desaparición forzada y el asesinato selectivo de miembros de la comunidad universitaria en distintos centros educativos. Algunos casos emblemáticos fueron el de la desaparición de diez estudiantes de la Universidad Nacional en 1982 y el asesinato selectivo de 17 estudiantes y profesores en 1987 en la Universidad de Antioquia. Para la década de 1990 la violencia no paró y con la creación del ESMAD en 1999 la violencia tomó otras formas con el uso de armas capaces de causar daño letal en manifestaciones estudiantiles. 


Entre 1968 y 2011 fueron asesinados 588 jóvenes del movimiento universitario


De acuerdo con la información recopilada por la Comisión de la Verdad, más de 603 estudiantes universitarios han sido asesinados en los últimos 50 años. Entre 1968 y 2011 fueron asesinados 588 jóvenes del movimiento universitario, y entre 1971 y 2011, se contabilizó de manera específica el asesinato de 96 estudiantes universitarias. 

A su vez, trabajadores y profesores han vivido este sufrimiento de diferentes formas. El conflicto armado dentro de las aulas universitarias silenció la libertad de cátedra y la libre expresión por medio de la represión y los asesinatos. 

Frente a los responsables, como se registra en el Sistema de Información Misional de la Comisión de la Verdad, los asesinatos fueron cometidos principalmente por agentes del Estado (36,5%), seguidos por grupos paramilitares (29,46%) y guerrillas (0,8%).

Los años más violentos fueron 1988 y 2002, que coincide con el periodo de mayor violencia del grupo de corte paramilitar Muerte A los Secuestradores (MAS) y el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El General (r) Óscar Naranjo participó de forma virtual en el evento en un ejercicio de reconocimiento del impacto de la estigmatización de la comunidad universitaria y sus consecuencias fatales. Allí indicó que durante su vida en la Policía se equivocó y por eso pidió perdón: “Reconozco que por lo menos mientras fui director de Inteligencia a finales de la década de los 90 seguramente contribuí a estigmatizarla. Tenía en ese momento el prejuicio de que la universidad era una especie de cantera estructuralmente vinculada a grupos armados y que en la universidad se producía la vinculación de combatientes para esas guerrillas. ¡Qué error tan grande!”. 

Naranjo reconoció que en el periodo de negociaciones con las FARC-EP fue evidente que la universidad no era esa ‘cantera’. “Hoy pido perdón genuinamente por haber contribuido a estigmatizar la universidad”, dijo. 

Carlos Romero, alias “Montería”, exmiembro de las AUC fue otro de los asistentes que compartió su testimonio y pidió perdón como responsable de los homicidios de integrantes de la Universidad del Atlántico. Romero aportó a la construcción de verdad al contar sobre las alianzas del paramilitarismo con la fuerza pública y con las directivas de la universidad que buscaron callar a quienes señalaban la corrupción en la institución. “Para la época de los hechos las autodefensas se aliaron con miembros de la Policía y el Ejército, más que todo con los Gaula y funcionarios de la Universidad para asesinar y estigmatizar a profesores y estudiantes por las denuncias que estos hacían contra los malos manejos de presupuesto de la universidad”. 


Los asesinatos fueron cometidos principalmente por agentes del Estado (36,5%), seguidos por grupos paramilitares (29,46%) 


La estigmatización y el tratamiento militar a la protesta estudiantil, profesoral y de trabajadores de las universidades es quizás el elemento más profundo en este tipo de violencia, pues desde allí se han justificado los hostigamientos y la represión que concluye en otros crímenes. La permanencia en el tiempo del discurso estigmatizador motiva y justifica la violencia estatal y paramilitar que vemos todavía, y como explicó el comisionado Franco, “sus consecuencias son un síntoma de la incapacidad social para aceptar la diversidad y el diálogo como base de la convivencia entre diferentes”. 

Los efectos sobre la comunidad universitaria fueron devastadores bajo esa alianza entre la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado con grupos paramilitares. El pensamiento crítico y la libertad de cátedra se vieron y se pueden ver amenazados todavía si la estigmatización persiste, más cuando la impunidad ha sido una constante en estos hechos de violencia. 

El gran mensaje que queda de este encuentro radica en la necesidad del esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de responsabilidades para satisfacer a las víctimas y sus familias y la decisión de cambio en las instituciones estatales y en la fuerza pública para crear un clima de verdad, libertad y confianza en la universidad y en la sociedad tanto en el presente como en el futuro.