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Los derechos trans son derechos humanos

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Activistas trans en el país denuncian una desprotección permanente de esta población que, a pesar de los avances jurídicos, sufre de múltiples discriminaciones
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Cortesía GAAT

“Cuando hablamos de los derechos de las personas trans en Colombia no es que estemos hablando o pidiendo otro tipo de derechos que nos hayamos inventado, hablamos explícitamente de derechos humanos”. Esto lo aclara Tomás Anzola, una persona con la experiencia de vida transmasculina como hombre trans y quien es coordinador de Incidencia Política de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans – GAAT. 

Desde 2009, el 31 de marzo se estableció como una de las fechas más relevantes para la población trans en el mundo. Este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero nació del mismo activismo ante la falta de fechas dedicadas a resaltar las condiciones de vida de las personas trans. Aunque existe el Día Internacional de la Memoria Transexual (este conmemorado en el mes de noviembre), se dedica a la memoria de aquellas personas transgénero víctimas de crímenes de violencia por prejuicio. 

El objetivo de este 31 de marzo, que en muchos lugares se extiende por una semana o varias fechas del mes, es poner en el ojo público el estado de los derechos de las personas trans y ampliar la lucha por la defensa de unas condiciones de vida dignas para esta población. 

De acuerdo con el informe del GAAT, TRANSidentifiquémonos de marzo de 2021 sobre barreras socioculturales e institucionales que afectan a las personas trans en Bogotá, Medellín y Barranquilla, se concluye que el derecho a la identidad trans es un punto central para su goce pleno de derechos. Otro de los informes presentados, Cinco derechos en clave trans, analiza el derecho a la movilidad, a la educación, al trabajo, a la salud y a la vivienda de personas trans en Colombia.

Para Tomás, la idea es poner en contexto las fechas conmemorativas en el marco del reconocimiento de las identidades trans y constatar cuáles son las condiciones de las vidas trans. “El mensaje que queremos posicionar es que las personas trans existimos, que hemos existido durante siglos, que no es un invento del siglo XXI, ni de la cultura occidental. Visibilizarnos nos da esperanza para generar representación social para que otras generaciones tengan ese conocimiento de qué es una persona trans”. 

Las barreras desde el prejuicio y las fallas de un “Estado laico” 

El estudio encontró trece barreras socioculturales que las personas con experiencias de vida trans enfrentan a la hora de acceder a su derecho a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la personalidad jurídica. 

El informe se construyó a partir del acompañamiento a personas trans de las cuales el 64,64% fueron mujeres trans y 35,36% hombres trans. Más del 34 % de las mujeres trans manifestaron ejercer el trabajo sexual, 7,69% ser portadoras de VIH y 10,26% ser víctimas del conflicto armado. En el caso de los hombres trans, 6,25% indicaron ser víctimas del conflicto armado y 1,56% ejercer el trabajo sexual.

Las barreras descritas por estas personas son variadas, pero entre las más recurrentes se encontró que la calificación del nombre identitario como irreal e ilegal por no corresponder al nombre legal es una de las más comunes. Mencionaron además la necesidad de llevar el registro civil de nacimiento a todas partes para confirmar la identidad; la imposibilidad de iniciar el trámite de corrección de sexo y cambio de nombre por sus altos costos; la exclusión de procesos laborales, de espacios educativos o dificultades en el acceso a la salud por la diferencia entre el nombre legal y el identitario. 


“El derecho a la identidad trans es un punto central para su goce pleno de derechos”.


Aunque estas barreras se pueden describir como formas de violencia estructural (por ejemplo, ante las dificultades de acceder a la salud y el impacto a largo plazo), la investigación mostró otros obstáculos explícitamente peligrosos para la seguridad y las vidas trans. Quizás uno de los más duros es la normalización de la violencia contra esta población a cargo de diferentes actores, así como el abuso policial y militar, y en general las situaciones de múltiples violencias muchas veces basadas en el prejuicio y el fanatismo religioso. 

Activistas y defensores de derechos humanos LGBT han advertido con preocupación que los intereses conservadores de instituciones religiosas tienen un alcance global. Por medio de financiación desde países ricos, estas organizaciones religiosas promueven proyectos y discursos en contra de los derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  

Erika Castellanos, activista trans nacida en Belice, llama la atención sobre el momento político de América Latina donde el uso de minorías en riesgo de exclusión para ganar votos es común, en buena medida porque nunca se ha podido desvincular correctamente Estado e Iglesia como instituciones. “Esta mezcla trae muchas preocupaciones para nuestras comunidades, pues basan sus metas y objetivos en lo que se percibe desde su punto de vista como lo moral, pero los derechos no se pueden juzgar desde esa perspectiva moralista, pues esta es una construcción personal”, explica. 

No son otros derechos, son derechos humanos

Tomás insiste continuamente en que al hablar de la situación de derechos de las personas trans en Colombia no están inventando derechos especiales. Lo que buscan es que se les respeten los derechos humanos en igualdad de condiciones, sin discriminación. A pesar de que Colombia se ha convertido en un referente de reconocimiento de derechos a través de la Corte Constitucional en la región y en el mundo, en la práctica las circunstancias son distintas.  Elementos como el derecho a la identidad con el decreto 1227 del 2015 permite a las personas trans hacer la corrección del componente sexo en sus documentos. “Las opciones actuales para esa corrección tienen solo las categorías de masculino o femenino. Con relación al nombre, cualquier persona trans o no trans puede hacerlo. Este decreto es un referente muy importante”, dice Tomás. Se refiere a un momento previo en donde se pedían requisitos como presentar un certificado de psiquiatría sobre la disforia de género o transexualismo, algo que él resalta era una patologización forzada sobre sus identidades. 

Hoy, por ejemplo, el Plan de Beneficios en Salud (antiguo POS) debe cubrir los procesos asociados al tránsito que implican intervenciones quirúrgicas de modelación corporal en las personas trans, algo que la Corte Constitucional ha dicho que corresponde a un bienestar para la persona y no una cirugía estética. También hay avances de inclusión en espacios educativos y de acceso al voto. En diciembre de 2020 Colombia marcó un camino importante con el desarrollo de un protocolo que busca garantizar el derecho al voto de las personas trans que deben enfrentarse a discriminaciones en las jornadas electorales. “Nos parece absurdo que hablemos de garantía del derecho al voto en este tiempo, pero es un hecho y una realidad”, indica Tomás.

Así las cosas, el informe del GAAT vuelve a centrar la atención en que estas vulneraciones pueden superarse portando un documento que refleje la correspondencia entre el nombre legal y el nombre identitario. En este caso los procesos de cambio y/o corrección del nombre y componente sexo en documentos de identidad es fundamental para contrarrestar tanto las barreras institucionales como las socioculturales. 

Una conmemoración marcada por la violencia hacia las personas trans

Resulta paradójico que muy cerca a la fecha de esta conmemoración de la visibilidad trans, la Fiscalía General de la Nación haya archivado el caso de Alejandra Monocuco, una mujer trans que murió en medio de la pandemia por COVID-19 y en unas circunstancias que comprometen el proceder de las instituciones de salud de Bogotá. Las irregularidades del caso incluyen el trato discriminatorio de los paramédicos que la atendieron el 28 de mayo de 2020 y se fueron de su casa cuando se enteraron de que vivía con VIH. Ella murió unas horas después sin atención médica y posteriormente el personal encargado tardó más de 14 horas en recoger su cadáver. Ahora que la Fiscalía archiva su caso, la sensación de impunidad crece alrededor de su historia como una forma más de revictimización. 

Las noticias sobre transfeminicidios además presentan un panorama muy duro. En los tres meses que llevamos de 2021 se han registrado ocho mujeres trans asesinadas. El caso más reciente es el de Daniela Riascos, una mujer trans de 19 años en Buga, Valle del Cauca. 

Para Tomás Anzola es importante que como sociedad nos hagamos el cuestionamiento sobre qué prejuicios tenemos sobre las personas trans, si sabemos que existen otras identidades más allá de la transfemenina. ¿Qué sabemos de estas personas? ¿A cuántas hemos leído? ¿Con cuántas hemos compartido? ¿Cuántas habitan nuestro entorno laboral o estudiantil? Si son pocas o nulas habrá que pensar que esto no es gratuito. “Desde un lugar autorreflexivo, sin usurpar nuestras voces sino visibilizándolas, se puede ser el megáfono. Puede ser desde la cotidianidad al manifestarnos ante comentarios transfóbicos. Cuestionar y sumar para construir lazos más amigables y amorosos con las identidades trans”.