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Los Periodistas Jhonatan Buitrago y Alberto Tejada deberán recibir protección por parte del Estado

La CIDH ordenó al gobierno colombiano tomar medidas cautelares que tengan en cuenta el estado de riesgo de los involucrados
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De acuerdo con lo estipulado por la CIDH, el Estado deberá asegurar el respeto por la vida e integridad de los periodistas.

Alianza Progresista

El miércoles 28 de abril inició el Paro Nacional en el país, el cual se desplegó en una serie de manifestaciones que trajeron consigo abusos por parte de la fuerza pública, la deslegitimación de la protesta, asesinatos a la población civil y dos meses de sufrimiento para la población colombiana al caer la noche. Asimismo, el cubrimiento de los acontecimientos de este periodo significó un riesgo para la libertad de prensa, pues los periodistas que cumplían con su labor fueron víctimas de amenazas por parte de diferentes sectores sociales. 

Dos de los afectados fueron los periodistas de Canal 2 (Cali): Jhonatan Buitrago y Alberto Tejada, quienes habían expresado haber sido víctimas de hostigamientos contra su labor periodística. Recientemente, la FLIP (La Fundación para la Libertad de Prensa) emitió un comunicado que reflejaba el inminente riesgo en el que se encontraban los involucrados afirmando que: “su seguridad e integridad se han visto comprometidas por las estigmatizaciones y agresiones que provienen de la fuerza pública y de civiles armados”.

La violencia ejercida hacia Tejada y Buitrago no solo fue  de carácter físico, sino que además impidió el desarrollo de su labor puesto que: “parte del contenido que había sido difundido en redes sociales había sido bloqueado y censurado”. Por este motivo dicha organización había hecho un llamado a la fuerza pública para que evitara y detuviera las estigmatizaciones dirigidas hacia los periodistas. Sin embargo, ninguna entidad pública había intervenido hasta el momento.

Por esta razón, ellos debieron interpelar y escalar el caso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que decidió otorgar medidas cautelares a los periodistas exigiendo al Estado colombiano garantizar la protección de la integridad de los reporteros. Por otra parte, la organización también destacó que la Fiscalía no contaba con “avances sustantivos en investigación y sanción de los responsables”.

No obstante, después del llamado de atención por parte de la entidad, por primera vez el Congreso se dispuso a discutir un proyecto de ley que aborde las problemáticas generadas por el “acoso judicial contra la prensa”. De igual forma, se presentará ante la Comisión Primera una ponencia adjunta al proyecto de ley 090 de 2021, el cual busca proteger y resguardar la labor del periodismo en el país.