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Menor acaba con su vida tras denunciar violencia sexual en medio de procedimiento policial

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Popayán cerca de las nueve de la noche, cuando la adolescente fue detenida arbitraria y violentamente por miembros del ESMAD. La familia pide que no se mencione su nombre
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Mauricio Dueñas Castañeda

Defensoras de derechos humanos alertaron sobre agresiones ocurridas en Popayán el miércoles 12 de mayo en contra de tres menores de edad. Una de las víctimas, una adolescente de 17 años, se quitó la vida luego de haber denunciado violencia sexual en medio de una detención arbitraria.

De acuerdo con la información dada por la misma joven y que posteriormente fue corroborada por su abuela a organizaciones de DD.HH., ella se encontraba cerca de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) grabando los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes en la zona. Posteriormente, se escondió detrás de un muro y en ese momento cuatro uniformados la agarraron de forma violenta para llevarla a la URI. El procedimiento quedó registrado en una transmisión hecha por un sistema informativo regional.

Refiriéndose a los hechos, la Alcaldía de Popayán explicó que según los reportes oficiales, luego de ser ingresada a la URI la menor contó con el acompañamiento de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía, y que un par de horas después fue entregada a su abuela. Además, pidió que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y afirmó que a través de la Secretaría de la Mujer de la ciudad se puso a disposición de la familia un equipo de apoyo psicosocial.

En la mañana de este viernes de mayo, 10 organizaciones defensoras de DD.HH. emitieron un comunicado a la opinión pública respondiendo a las declaraciones del comandante de la Región de Policía No. 4, el Brigadier General Ricardo Alarcón, con las que tildó de noticia falsa a la denuncia. En el documento se explica, entre otras cosas, que el hecho fue claramente evidenciado por redes sociales con un video que se hizo llegar a un grupo de WhatsApp en donde hay agentes de la institución. Al día siguiente, el 13 de mayo, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro informa de la muerte en otro grupo en el que también hay miembros de la Policía, recibiendo como respuesta una vez más que se trata de una denuncia falsa y asegurando que “el procedimiento se desarrolló normalmente”.

“Lo anteriormente descrito, sin lugar a dudas, evidencia el grado de impunidad que se pretende sumir las violaciones a los derechos humanos y la revictimización de las personas afectadas”, finaliza el comunicado, a la vez que invita al Brigadier General Alarcón que no contribuya a la desinformación y solicita que se adelanten las investigaciones.

Por otro lado, la abogada Lizeth Montero, una de las defensoras que se encontraba en Medicina Legal exigiendo la aplicación de un enfoque de género en el dictamen de la institución, expresó con preocupación que en los tres casos reportados el martes en Popayán no existió posibilidad de verificar las detenciones arbitrarias. “Tenemos hechos en los que manifestantes han sufrido ataques sobre su cuerpo, con frases grotescas por parte de agentes del ESMAD que han manipulado sus cuerpos, los han agredido y que adicionalmente han proferido contra ellas amenazas de violencia sexual”, dijo. Asimismo, denunció que durante las jornadas de protestas, las defensoras de DD.HH. que han pedido garantías en las detenciones han recibido un “trato desproporcionado por parte de miembros de la Fuerza Pública”.

Desde que iniciaron las movilizaciones en Colombia, organizaciones como Campaña Defender la Libertad y Temblores ONG han reportado al menos 20 casos de violencia basada en género, entre ellas 16 personas han sido víctimas de violencia sexual. Para este viernes 14 y el sábado 15 de mayo, colectivas y organizaciones feministas tienen planeados varios plantones y marchas para protestar en contra de la impunidad de las denuncias.