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Niñas, niños y adolescentes reclutados también son responsabilidad del Estado

Ante las declaraciones del ministro de defensa Diego Molano, nos preguntamos, ¿quién asume la protección de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado?
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FERNANDO VERGARA/AP

Las declaraciones del ministro de defensa Diego Molano sobre la presencia de niñas y niños en las filas de grupos armados no paran. Molano, se ha referido varias veces en los últimos días al bombardeo de un campamento en el que murieron niñas, niños y adolescentes reclutados por disidencias a cargo de alias Gentil Duarte. Su discurso se ha mantenido en lo que parece una postura clara y oficial: que estos menores de edad son “máquinas de guerra” y que al Estado no le corresponde velar por sus derechos luego de que hayan sido reclutados.

Y mientras Molano ratifica su postura, se conocieron chats de una de las niñas que murió en el bombardeo. En una investigación de Caracol Radio se presentan las conversaciones de Danna Liseth Montilla Marmolejo, de 16 años, con uno de sus profesores entre el 15 y el 18 de mayo de 2020. Los chats muestran la intención de Danna de mantenerse activa en el colegio a pesar de las dificultades de conexión para la educación virtual por causa de la pandemia.

En noviembre pasado se reportó el retiro de Danna del colegio y según su profesor, activó las alarmas por la posibilidad del reclutamiento, algo desafortunadamente común en zonas como el Guaviare. De acuerdo con esta investigación, el trámite de la activación de rutas para atender casos de reclutamiento forzoso involucra al alcalde municipal, su secretario de gobierno, el personero y defensor del pueblo y un representante del ICBF, pero el tiempo de respuesta es muy largo.

Organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO, han manifestado su preocupación por las declaraciones del ministro de defensa por ser revictimizantes. Según Hilda Molano Casas, coordinadora de la secretaría técnica de esta organización, es importante reconocer que Colombia ha venido avanzando desde 2010 en la construcción de rutas de prevención temprana, urgente y en la protección de casos de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Sin embargo, Molano Casas explica que el gran desafío está en materializar los lineamientos de la política internacional en la prevención del reclutamiento y su uso en los territorios. “La capacidad de la institucionalidad para dar respuesta y atender el caso a caso, y generar acciones cercanas a la realidad y a las condiciones donde se dan estas situaciones es un reto permanente y ahí es donde se encuentran las fallas”.

Una de las barreras más duras de franquear es la búsqueda de alternativas en materia de ingresos para las familias, para así generar entornos protectores para las niñas y niños. Además, dice que es necesario oír sus necesidades y opiniones para fortalecer esas apuestas que se han ido construyendo en el país y que hacen parte de las líneas para la prevención del reclutamiento para que tengan resultado en el territorio.

Otra de las grandes preocupaciones de las organizaciones sociales que trabajan este tema, así como de investigadores especializados, es la postura oficial que ha ratificado el ministro frente a la supuesta no responsabilidad del Estado en la protección de esta población. Para Carlos Otálora, politólogo especialista en solución de conflictos armados y magíster en estudios políticos, en ningún caso debe haber una condición para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. “No por ser reclutados significa que el Estado ya no puede proteger sus derechos ni responder por sus vidas. Eso es perverso, equivocado y falso”. Por el contrario, explica Otálora, los niñas y niños que tienen mayor vulnerabilidad de ser víctimas deben recibir una atención reforzada de sus derechos. “El Estado tiene que hacer un esfuerzo adicional por proteger sus derechos o restituirlos si han sido vulnerados. No hay espacio para decir que el Estado está por fuera de esa responsabilidad”.

Marta Molano Casas resalta además la necesidad de considerar de forma especial a esta población en caso de conflicto armado, pues son sujetos de especial protección y derechos. “Ese derecho a la protección integral como principio fundamental ha quedado explícito en la Convención de los derechos del niño y sus protocolos facultativos ratificados por Colombia y que han sido incorporadas al ordenamiento jurídico”. En la legislación colombiana, los acuerdos internacionales han sido firmados, ratificados y armonizados en leyes como la 1098 de 2006, conocida como Ley de Infancia, donde se reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos especiales de derecho y de especial protección, así como en la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 44, donde se establece ese rango de protección constitucional de manera especial para los menores de 18 años. “Todo esto hace que sea una obligación del Estado esa protección integral. Ese es el punto de partida. No podemos olvidar que un niño o niña reclutado y usado por un grupo armado sea este legal o ilegal siempre será una violación de sus derechos. Los niños y las niñas son víctimas del conflicto armado antes que cualquier otra connotación”, reafirma Hilda.


“No podemos olvidar que un niño o niña sea reclutado y usado por un grupo armado, legal o ilegal, siempre será una violación de sus derechos. Los niños y las niñas son víctimas del conflicto armado antes que cualquier otra connotación”


El fenómeno del reclutamiento de menores es un tema que ha sido mapeado por organismos internacionales y en donde Colombia presenta uno de los panoramas más complicados en el mundo, y de lejos el más agudo en la región. De acuerdo con el Child Soldiers World Index, Colombia es el único país de América Latina con índices reportados de reclutamiento forzado de menores. 

Child Soldiers World Index

COALICO por su parte muestra que en 2020 se registraron 298 eventos de conflicto armado, de los cuales 197 implicaron afectaciones directas a niñas, niños y adolescentes, con aproximadamente 12.481 víctimas.

Desde la resolución 1612 de 2005, expedida por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, se hace seguimiento a la situación de reclutamiento en menores en Colombia. Lo particular de este caso es que ningún otro evento de conflicto armado de nuestro país ha recibido este tipo de seguimiento, es decir, este es un tema muy sensible para la comunidad internacional pues la Convención de los derechos del niño ha sido ampliamente firmada y ratificada en el mundo.

Precisamente por este interés superior por proteger los derechos de la infancia, Colombia tiene una línea de política pública en materia de prevención de las cuatro categorías fundamentales reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, existe toda una infraestructura en materia de atención a menores desvinculados que se encuentra a cargo del ICBF. Un funcionario público que prefiere conservar el anonimato explica que por todo ese aparataje institucional es impreciso decir que no son responsabilidad del Estado los niños que ya han sido reclutados. “Ese argumento no es válido, toda vez que el país es firmante de los convenios internacionales en materia de niñez y adolescencia. Toda la jurisprudencia tanto nacional como la de los protocolos internacionales es clara en la prevalencia de los derechos de niños y niñas. A pesar de todos los esfuerzos técnicos de algunas entidades y de la cooperación internacional, lo político se mueve en otras esferas”.


“A pesar de todos los esfuerzos técnicos de algunas entidades y de la cooperación internacional, lo político se mueve en otras esferas”


Todas las personas entrevistadas coinciden en que la prevención del reclutamiento es un tema difícil de ejecutar y esto obedece a diferentes factores. Por un lado, como explica Carlos Otálora, la prevención del reclutamiento está supeditada a las acciones de grupos de corte militar y en ese sentido el Ejército y la Policía serían las únicas instituciones que tienen la fuerza y la capacidad para responder al reclutamiento si se ve puramente en estos términos. En esos casos, otras entidades no tienen la capacidad de detener un reclutamiento, especialmente en territorios bajo el control de grupos armados.

A pesar de estas limitaciones, Otálora explica que hay esfuerzos institucionales que podrían ser más efectivos en términos de prevención y que no están ejecutándose. Para que un niño no sea reclutado debería contarse con un entorno protector donde todos sus derechos estén garantizados, una situación muy difícil de cumplir en varias zonas del país. Pero, programas como “Generaciones sacúdete”, enfocado en la promoción de derechos y prevención primaria para “empoderar a las niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su desarrollo y fortalecer en ellos habilidades y capacidades para afrontar las situaciones de la vida cotidiana y los riesgos a los que están expuestos” (según su descripción en el sitio web del ICBF), aún no están en ejecución. “Este programa está orientado en parte a atender a esta población y aunque ya existen recursos asignados aún no se ha puesto en marcha”, comenta Otálora.


“No cuestionamos el ordenamiento jurídico colombiano que permite que recluten niños que cumplen los 18 años por una convención arbitraria de la edad”


Para funcionarios y sociedad civil es claro que la responsabilidad del Estado y del gobierno de turno hacia estos menores reclutados es amplia y no se anula por la participación de estos niños, niñas y adolescentes en las filas de grupos al margen de la ley, más cuando la capacidad de protección y garantía de derechos por parte del Estado ha sido tan precaria, como en el caso de Danna.

Finalmente, un cuestionamiento revive cuando se repiten casos como el de este bombardeo que involucra a niñas y niños, y es el que planea Julián Ovalle, psicólogo y miembro de la Red antimilitarista de América Latina y el Caribe: “En estos casos se entra en la discusión sobre el Derecho Internacional Humanitario y el interés superior del niño, pero la relación que nadie hace es aquella entre el servicio militar obligatorio y el reclutamiento forzado, entonces cuando el ministro dice que son reclutados para ser ‘máquinas de guerra’ ¿quién cuestiona que un niño que supera la mayoría de edad porque cumplió 18 sea reclutado por el Estado?”.

Esta no es una postura compartida unánimemente, por ejemplo Carlos Otálora explica que la similitud entre el reclutamiento ilícito y el servicio militar obligatorio no existe porque ocurre únicamente en menores de 18 años y por parte de grupos ilegales. No obstante, Ovalle insiste en que el involucramiento de adolescentes en fuerzas armadas es cuestionable. “El servicio militar obligatorio también es un dispositivo para crear, en los términos del ministro, ‘máquinas de guerra’. Entonces, el discurso de ‘pensar en nuestros niños’ y del reclutamiento forzado señalando únicamente a las FARC es hipócrita. No cuestionamos el ordenamiento jurídico colombiano que permite que recluten niños que cumplen los 18 años por una convención arbitraria de la edad. El servicio militar es obligatorio y nadie lo cuestiona, pero cuando se habla de reclutamiento forzado sí sacan camándulas para hablar de ‘nuestros niños’”.