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¿Vaciar Ituango para sacar el oro?

Cada vez son más frecuentes y numerosos los desplazamientos forzados en Ituango y alrededores del norte de Antioquia. La situación no es nueva, pero al ser tan masiva muchos se preguntan, ¿qué intereses se esconden detrás de estos desplazamientos masivos? El retorno al campo por ahora no parece una opción segura
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Colprensa

Lo segundo que dijo Milena cuando habló del desplazamiento de su gente fue que por más afán de las autoridades para devolverlos a las veredas no pueden hacerlo. No hay garantías. Lo primero dicho fue un intermedio entre la sospecha y la denuncia: “Siento como si el Gobierno quisiera que desaparecieran los desplazados para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, de lo que quieren hacer aquí”. 

Milena Flórez es presidenta del Movimiento Ríos Vivos, una articulación de organizaciones sociales defensoras del agua y de la vida en esta región. Habla con preocupación, pero también con firmeza sobre el desplazamiento forzado en el que la gente llena de temor se mueve desde las muchas veredas que componen al municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. No es la primera vez que las y los campesinos de esta zona huyen para preservar la vida y por desgracia es muy probable que no sea la última. 

Esta tierra de enormes montañas, rica en minerales, en fuentes hídricas y en suelos generosos carga con el lastre de la guerra desde hace tiempo. Su riqueza parece una desgracia en una jugada triste de la historia que puso en la mitad de intereses económicos de los poderosos a la población civil. Más del 42 % de los habitantes son víctimas del conflicto armado según la Unidad de Víctimas, y desde el pasado 21 de julio, por segunda vez en este año, más de cuatro mil personas fueron desplazadas forzadamente hacia el casco urbano. 

Las constantes lluvias en una zona tan montañosa han generado derrumbes que por el momento mantienen aislado al municipio. En medio de la crisis climática y la arremetida violenta, el aislamiento de la zona es aún más notorio al depender de una sola carretera que se acomoda sobre la inestable cordillera occidental donde los derrumbes son permanentes. 

Las alertas que nadie escuchó

El 24 de enero de 2020 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los municipios de Ituango y de Briceño. La alerta, que consiste en un documento de análisis sobre el riesgo que corre la población por violaciones masivas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, indicaba que el casco urbano, pero sobre todo la zona rural, era un lugar de riesgo focalizado por la exacerbación del conflicto armado. No era la primera. Ya desde 2018 y 2019 se identificaba una dinámica de expansión, confrontación interna entre estructuras armadas y disputas entre grupos armados ilegales por lograr el control territorial y social. 

Homicidios selectivos, extorsiones a pobladores y comerciantes, incursiones armadas a diferentes poblados; señalamiento a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’, restricciones a la movilidad; reclutamiento, irrupción en viviendas con hurtos, y finalmente el desplazamiento masivo y posterior vaciamiento de las veredas hacen parte de los hechos violentos que enfrenta la población desde hace varios años. Hoy la situación se recrudece. 

La región del Nudo de Paramillo a la que pertenece Ituango comprende las subregiones del sur de Córdoba, el norte de Antioquia donde está la zona con mayor conflictividad que es el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste del departamento. En el caso de Ituango están las disidencias ex Farc del Frente 18 y 36, y está el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 

Los actores armados son muchos y su relativo equilibrio de poder hace parte de la actual desgracia para los habitantes. El investigador Ariel Ávila explica esto como un “empate técnico negativo”, es decir que ninguna de las organizaciones criminales es tan fuerte como para vencer a la otra y ese empate técnico lleva a que la violencia se degrade. Las AGC le ganaron la guerra en el Bajo Cauca a los Caparrapos (paramilitares), y ahora suben hacia el norte de Antioquia. Ese seguramente es el nuevo escenario de la guerra.

Ávila recuerda un precedente importante para entender la situación. En 2016, y luego de épocas de violencia sistemática, Ituango bajó drásticamente el número de homicidios. La fecha se explica con la firma del Acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC-EP. Esta nueva ola de violencia se pudo haber evitado, según comenta. “Es inédito lo que está pasando. Es una cantidad de desplazados que ni siquiera en la época de la masacre de El Aro se había visto. Eso significa que algo pasa que no entendemos, pero toda la región del Nudo de Paramillo está en guerra”.

La Defensoría del Pueblo advertía en el documento de enero de 2020 que las conductas contra la población están relacionadas en su mayoría con los combates que les dejan en el medio, así como la siembra de Minas Antipersonal, los accidentes e incidentes del uso de ganado con artefactos explosivos y las restricciones a la movilidad. Un escenario tan aterrador genera desplazamientos masivos con frecuencia, mucho más cuando la orden de salir del territorio se hace explícita. 

Vaciar la ruralidad 

La historia de Ituango y el desplazamiento forzado es larga. Desde la década de 1980 los actores armados entraron con violencia a ocupar el territorio. Dos de las masacres más recordadas en Colombia ocurrieron en las veredas de La Granja y El Aro entre 1996 y 1997, ambas en zona rural de Ituango y cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una de las principales consecuencias de estos periodos de alta violencia fue el desplazamiento masivo de población. 

Entre abril y noviembre de 2019 se presentaron cinco desplazamientos forzados en las veredas La Flecha, San Agustín de Leones, La Canturrona, San Pablo y La Miranda. Algunos ocurrieron entre veredas y otros llegaron hasta el municipio de Ituango. En febrero de 2021 ya se había obligado a más de 500 personas a salir de sus tierras. “Esto ha venido ocurriendo en muchas ocasiones, pero ahora hay menos tiempo entre un desplazamiento y otro. Entre febrero y hoy son menos de 5 meses”, explica inquieta la socióloga Isabel Zuleta, integrante del Movimiento Ríos Vivos. En este nuevo desplazamiento no solo sorprende la periodicidad, sino lo masivo y las consecuencias en el poblamiento de estas zonas rurales. En la vereda Georgia, de 250 habitantes solo quedaron seis personas. 

Pero el desplazamiento no solo afecta el vaciamiento físico de las zonas rurales. Este fenómeno debilita además el tejido social y las formas de asociación ciudadana. Como ocurre desde por lo menos los desplazamientos de 2020, la participación comunitaria en muchas de las veredas es cada vez menor. Las personas que integran las Juntas de Acción Comunal se debilitan pues sus integrantes se desplazan y nadie se atreve a reemplazarlos.


En este nuevo desplazamiento no solo sorprende la periodicidad, sino por lo masivo y las consecuencias en las zonas rurales. En la vereda Georgia, de 250 habitantes solo quedaron seis personas.


El fenómeno de vaciamiento o arrasamiento de pueblos en Colombia es una realidad que la sociedad está en mora de reconocer. Como lo presentó el informe del Centro de Memoria Histórica en 2015, Pueblos arrasados, como consecuencia de la violencia y del desplazamiento forzado no solo se han vaciado territorios enteros, sino que, “casi en silencio y en una penosa impunidad, se han desestructurado proyectos sociales, políticos, económicos, familiares, espirituales, ambientales y culturales, incluso algunos de ellos hasta el punto de su eliminación”.

¿Por qué desplazan los que desplazan?

La pregunta común ante el desplazamiento es ¿por qué? ¿Qué ganan los actores armados al vaciar el territorio? En el caso de Ituango, los intereses económicos sobre una tierra rica es una de las hipótesis más fuertes. 

Leonardo González, investigador de Indepaz explica que, si bien esta zona es un paso obligado en las rutas del narcotráfico, no todas las muertes están asociadas a esto; tampoco el desplazamiento. “Acá no hay solo temas de narcotráfico, los temas son dos: uno, la riqueza y lo que ha traído Hidroituango y dos, la minería. Los grupos responden a intereses privados que usan a estos ejércitos ilegales armados para desplazar, hacerse a las tierras y evitar conflictos o presencia de comunidades que pongan en peligro sus intereses. La pregunta es, ¿para qué están haciendo eso?

El Movimiento Ríos Vivos ha estudiado y sistematizado por años lo que ocurre en esta región para explicar lo que conocen de primera mano. Isabel Zuleta expone cómo la disputa territorial coincide con dos mapas: el de los títulos mineros (uno vigente en el corregimiento de Santa Rita, pero todo el territorio tiene solicitudes mineras), además del mapa del cultivo de coca y las rutas del narcotráfico. La explicación histórica es la de la coca, pero se queda corta la explicación al nombrar solo a grupos paramilitares y disidencias. Hay grandes intereses económicos detrás de esta situación y coinciden con el mapa minero. “Toda la zona de abajo del muro de Hidroituango está titulada a multinacionales relacionadas con la explotación de oro, níquel cobre y otros minerales”, indica. 

La Hidroeléctrica Ituango es la mayor propietaria de hectáreas, seguida por la familia Angulo Osorio. Esta familia tiene una historia asociada al paramilitarismo y al narcotráfico desde la década de los años noventa. Dos de sus integrantes, los hermanos Jaime Alberto de Jesús y Francisco Antonio, fueron condenados en 2017 por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998, además de aparecer en investigaciones relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, y con asesinatos selectivos en Ituango entre 1996 y 1998. De acuerdo con la investigación del equipo de Generación Paz, las veredas afectadas por los desplazamientos del pasado mes de febrero no están sobre predios de Hidroituango, ni de la familia Angulo, sino sobre tierras de campesinos. 

La hipótesis del vaciamiento del campo para favorecer megaproyectos mineros se ha mencionado por diferentes investigaciones en esta y otras zonas del país. Una fuente protegida de la Defensoría del Pueblo en el 2019 comentó a El Espectador que en estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado. Aquí la distinción entre la minería legal e ilegal se vuelve borrosa. Para Zuleta, por ejemplo, la minería ilegal es una avanzada de la minería legal.

Empobrecimiento y retorno sin garantías 

La imagen de las familias desplazadas se volvió paisaje en Colombia por las dimensiones de lo ocurrido en los primeros años de los años 2000, pero incluso conociendo tan de cerca este fenómeno, todavía no se dimensionan sus implicaciones y lo que las y los campesinos reclaman en situaciones como las que vive el norte de Antioquia en este momento. 

Como lo explicaron los pobladores de las veredas, hoy varados en el casco urbano de Ituango, abandonar una casa en la ciudad no implica lo mismo que dejar atrás la tierra en el campo. En la respuesta del Estado hay una falla constante: no se reconocen sus bienes, sus animales, sus cultivos a la hora de ser censados como población desplazada. Por tanto, no hay reparación sobre esos bienes. “Si usted abandona su tierra, su vaca, su cerdo, se enferman. Si no le echa comida a la gallina esa familia campesina pierde su patrimonio. El empobrecimiento de la población desplazada es responsabilidad del Estado colombiano. No es justo que solo censen los nombres y no sus bienes”, comentaba Zuleta. 

El ministro de defensa, Diego Molano, ordenó un despliegue de más fuerza armada a las veredas y permitir el retorno. La orden fue criticada por diferentes organizaciones y defensoras de derechos humanos que han denunciado la compleja situación y sus causas, que no se resuelven con la orden del retorno sin garantías. 

Varios de los pobladores de la zona rural que hoy permanecen en Ituango hablaron del temor que les produce el posible retorno, precisamente por la falta de garantías reales y pidieron no regresar escoltados por el Ejército pues esto podría ponerles en mayor riesgo por señalamientos. En cambio, esperan que las acciones de las fuerzas militares sean previas a su retorno para generar un ambiente seguro para el regreso.

Genaro Graciano, defensor de derechos humanos y campesino en Ituango, explica que ante las propuestas de retorno que ha hecho el Gobierno desde Bogotá hay una preocupación muy grande. “No hay garantías de que no nos vuelvan a desplazar. Ya estamos cansados de que no nos cumplan. Necesitamos garantías de no repetición con inversión social. El acompañamiento del ejército puede aumentar el riesgo”, dice. 

La confusión entre los líderes comunitarios sobre qué hacer no es fácil de resolver. Por un lado está el gran temor de perder la vida si se regresa; por el otro, la angustia ante familiares con discapacidad que no pudieron salir de las veredas, los animales solos que no tienen quién los alimente, así como el daño sobre los cultivos. Estas pérdidas pueden representar la ruina total de una familia campesina. 

La recompensa ofrecida por el gobernador de Antioquia, a cambio de información sobre los responsables de este desplazamiento fue recibida como un insulto para la población desplazada. “Es ofensivo con la gente porque todos sabemos quién es alias Camilo, ¿qué más tendríamos que decir? Si no, no estaría huyendo la población. Si la gente huye es porque está convencida de que si no sale del territorio la matan. El mapa de las masacres en la región demuestra el terror que permanece en el territorio. Hay suficiente evidencia para tener miedo.  ¿Con qué confianza se le puede dar información a la institucionalidad?”, indicó Zuleta para referirse a la falta de acción de la justicia, pues a la fecha no hay responsables capturados por haber desplazado, intimidado, amenazado a las personas en Ituango.

Las peticiones de la población ante un panorama incierto  

Un escenario que se calcula como posible es que sigan saliendo familias desde la zona rural hacia los centros urbanos más cercanos. Aunque el Gobierno insiste en un supuesto plan de retorno, los líderes comunitarios tienen temor ante nuevas amenazas. Hay intimidaciones en la región de Santa Rita hacia Tarazá, una zona que se sabe es muy peligrosa por la presencia de otros actores armados y de minas antipersonal. 

La preocupación ante el poderío de los actores armados se extiende ante la posibilidad de la orden de desocupar incluso el casco urbano de Ituango. La población ha reportado desde febrero el aumento del reclutamiento con ofertas de altas sumas de dinero para que exguerrilleros y ex AUC lleguen al territorio. La experiencia militar y capacidad operativa de estos perfiles sería una explicación de la rápida avanzada en este último desplazamiento. “Cada vez que se fortalecen estos ejércitos se recrudece el sufrimiento de la población civil”, comenta Isabel Zuleta. 

Ante este panorama, las peticiones más urgentes mencionadas por la población incluyen que se cuide el patrimonio de los campesinos. Que censen y repongan sus bienes compuestos por animales y cultivos; que se habiliten vías y medios para superar el aislamiento de Ituango y sus veredas. Piden también análisis rigurosos sobre los escenarios de riesgo y sobre todo presencia del Estado que no se limite a las tropas del Ejército Nacional para que haya garantías reales de no repetición de los hechos violentos que hoy generan temor ante la idea del retorno presionado. 

Jaiber, un joven campesino del municipio, regresó en su moto los primeros días a las veredas para darle de comer a los animales pero ya fue advertido que el riesgo es grande y no puede volver. “Nos quieren obligar a volver, ¿pero quién nos garantiza que podemos hacerlo?”.