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Nuevas restricciones al consumo de sustancias en Cundinamarca, ¿de verdad sirven estas medidas?

Aunque no hay evidencia que demuestre que estas medidas restrictivas realmente protejan a la niñez o a los usuarios de estas sustancias, lo que sí generan son situaciones problemáticas y abusos del poder policial
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Laura Vásquez Roa

Como lo había prometido desde enero de este año, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, promovió un decreto con alcance departamental el cual fue firmado por cada uno de los 116 municipios que lo componen. Con este decreto quieren regular el porte y el consumo de sustancias psicoactivas en zonas aledañas a instituciones educativas y en espacios públicos.

Aunque cada municipio puede adaptar la medida a sus necesidades y contexto, el consenso general es el mismo: prohibir el consumo de droga en estos espacios que se presumen con alta presencia de menores de edad. Cada administración municipal deberá construir un plan que delimite las zonas de restricción e imponga las sanciones a los ciudadanos que la incumplan. 

En teoría, estos planes de adecuación de la media deben tener en cuenta no solo la parte restrictiva (de acuerdo con el Código de Policía las sanciones son tipo cuatro, es decir que corresponden a 800 mil pesos aproximadamente), sino que deberían incluir medidas complementarias de prevención y de protocolos de acción frente a las personas, sobre todo a los menores, que sean encontrados con estas sustancias. 

Ante estas nuevas medidas, surgen varias preguntas. En primera instancia, en términos logísticos y de aplicación quedan dudas sobre cómo se hará esa delimitación y cuál será la forma de hacer una definición precisa de dichos “entornos escolares” (si bien la ley promovida por Rodrigo Lara en 2019 incluye unas demarcaciones en metros, no está del todo claro por qué cada municipio debe poner los suyos propios).  Por otra parte, aumentan las preocupaciones por estas medidas prohibicionistas, pues usualmente son usadas de manera arbitraria por la Policía para restringir las libertades de los ciudadanos. 

En junio de 2019, la Corte Constitucional tumbó dos normas del Código Nacional de Policía que prohibían el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, con el ánimo de proteger la tranquilidad de la ciudadanía. En su momento, varias organizaciones defensoras de derechos humanos discutieron que estas disposiciones afectaban de forma desproporcionada el libre desarrollo de la personalidad. 

No obstante, hay un vacío legal en este asunto que genera una zona gris en este momento. Como dice Carolina Pinzón, fundadora de la organización Deliberar: “La Corte se pronunció y dijo que el decreto 1844 iba en contra del libre desarrollo de la personalidad, pero luego no establecieron nada en papel. Ahí se creó una confusión. La gente entendió que el decreto se había tumbado, pero no fue así”. 

El decreto de Duque tiene siete demandas en el Consejo de Estado y pronto se dará una decisión. Por otra parte, la demanda de inconstitucionalidad sobre el código por la prohibición expresa y absoluta del porte y uso de sustancias en el espacio público ha sido criticada por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ONG Temblores, entre otras razones porque pone en contravención constante a las personas habitantes de calle que no tienen un espacio privado para hacer uso de las sustancias.


Al final, estas medidas no parecen efectivas a la hora de reducir el consumo, pero sí se prestan para criminalizar consumidores, para que la policía se exceda en sus competencias y para promover actos corrupción.


Ahora, con el decreto de Duque en firme, pero demandado, y la Ley 2000 expedida en 2019 que prohíbe el porte y distribución de sustancias psicoactivas en parques, instituciones educativas y escenarios deportivos apelando a estos mismos argumentos de prohibición absoluta, el tema se ha convertido en un asunto que no entiende nadie, pero sí fomenta situaciones problemáticas.

Alejandro Lanz, abogado de la ONG Temblores, explica que lo que tenemos es un caos legal en este momento. “El desconocimiento en el que nos metió el presidente desde que habló del decreto es un caos que solo tiene un ganador y es la Policía, que usa su aparato de poder para reprimir”. 

Como ya habíamos discutido, las requisas pueden ser una puerta de entrada a situaciones de discriminación, pues la policía puede requisar a cualquier persona sin un criterio claro. Sebastián Lalinde, abogado experto en derecho público y autor del libro de Dejusticia Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad, explicó en su momento que estas requisas vienen por lo general acompañadas de un perfilamiento influenciado por racismo o clasismo: “Preferiblemente, persiguen a hombres, personas de clases sociales medias y bajas, negros o indígenas, y con apariencias físicas particulares: tatuajes y cicatrices visibles o con pinta de punkeros o metaleros”. 

En otro orden de ideas, Lanz señala que este es un tema con huecos desde hace muchos años. “Lo que siempre hemos argumentado es que desde 1994 la Corte Constitucional legalizó y descriminalizó el uso y porte de las sustancias, pero el Estado nunca se ha puesto en la tarea de resolver el problema de la cadena de intermediarios en donde el usuario adquiere la sustancia. El usuario siempre tiene que recurrir a economías ilegales y su seguridad se pone en riesgo”. 

Al final, estas medidas no parecen efectivas a la hora de reducir el consumo, pero sí se prestan para criminalizar consumidores, para que la policía se exceda en sus competencias y para promover actos corrupción. En conclusión, no hay evidencia que demuestre que estas medidas restrictivas realmente protejan a la niñez o a los usuarios de estas sustancias, que es el argumento más común en estos discursos más cercanos al pánico moral que a medidas efectivas de prevención. 

Mientras estos vacíos se definen, Échele Cabeza con apoyo de DeJusticia publicó un manual de Seguro anti UPJ, una guía para saber cómo actuar frente a una inspección de la Policía cuando se porta y/o consumen sustancias psicoactivas. La guía está dividida en el antes (con consejos como no llevar más de la dosis personal y no tenerlas fragmentadas y tener a la mano número de teléfono de defensores de derechos humanos), y el durante (dependiendo del caso se podrá pedir a la Policía que en vez de la multa, usted puede participar en una actividad pedagógica de convivencia; también, si le multan, podrá apelar).