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Puntos clave de la reforma a la salud

Congresistas e instituciones médicas aseguran que el Proyecto de Ley 010 no ofrece soluciones concretas a los problemas del sistema actual de salud pero, ¿por qué?
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Pixabay

El lunes 26 de abril, dos días antes del inicio del Paro Nacional, miembros de las comisiones séptimas del Senado y la Cámara de Representantes adelantaron una comisión accidental en el Congreso, con el propósito de estudiar las proposiciones y enmiendas al Proyecto de Ley 010, el cual busca “garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (…) y la sostenibilidad del Sistema de salud”.

El proyecto fue radicado desde el primer día de la actual legislatura (20 de julio de 2020) con un mensaje de urgencia, sin embargo, hasta ahora se ha comenzado a mover la propuesta. Pese a que sus autores pertenecientes a los partidos Cambio Radical, Conservador y Centro Democrático han defendido la importancia de esta reforma a la salud, otros congresistas e instituciones médicas del país han manifestado su descontento al respecto y han recalcado que además de no ser apremiante, no ofrece verdaderas soluciones a los problemas del sistema actual y por el contrario puede ser contraproducente, sin contar que varios de los puntos presentados pueden ser aplicados directamente.

Organismos como la Federación Médica Colombiana, Fedesalud, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y la Sociedad Médica Familiar firmaron una carta abierta al Congreso de la República solicitando el archivo del proyecto al señalar que “no constituye una reforma estructural al sistema de salud, no resuelve los problemas develados por la pandemia del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad denominada COVID-19, ni tampoco la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud”. Adicionalmente, aseguran que significaría un retroceso en los avances que se han logrado en materia de seguridad social y cobertura.

Si bien el texto original ha ido sufriendo varias modificaciones en sus artículos más polémicos, la senadora Angélica Lozano durante un debate en el programa Zona Franca, advirtió que aún tiene “espacios” que permiten que quede abierta la posibilidad de que tales temas vuelvan a ponerse en la mesa en próximas proposiciones o también cabe la posibilidad de que sean eliminados por completo.

Al respecto, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, explicó en La Palabra que a pesar de los cambios, se han mantenido tres ejes a los que se les debería prestar atención: el primero tiene que ver con los recursos públicos de la salud que de acuerdo con el proyecto 010 pasarían a ser privados, evadiendo el control que se debería ejercer sobre ellos para garantizar su uso adecuado en atención de pacientes y no en otros negocios; el segundo eje es la liquidación de hospitales públicos “bajo la premisa de que deben ser sostenibles financieramente”; y el tercero se relaciona con los mecanismos de negación de prestación de servicios en el país, dado que así como hay personas que cuya capacidad económica les permitiría costear seguros privados, existe una gran población que vería reducido incluso más su acceso a la salud.

Por su parte, Catalina Ascanio, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, planteó que una buena reforma tendría que implicar la eliminación de las EPS. De esta forma se transitaría hacia un sistema único nacional en el que los colombianos y colombianas sean atendidos de acuerdo a sus necesidades, y no dependiendo de los parámetros dados por las aseguradoras.

Son 86 artículos los que conforman el informe resultante de la comisión accidental, siendo los siguientes algunos de sus puntos más cruciales:

Regionalización

El artículo 4 del proyecto propone que el Ministerio de Salud y Protección Social “podrá organizar el sistema de salud por regiones”, con la finalidad de ajustarse a las condiciones, necesidades y problemas de salud de cada una de las zonas de Colombia. Más adelante, el artículo 7 sobre el modelo de salud diferencial también entraría a jugar aquí pues allí se sostiene que aquellas zonas territoriales que cuenten con baja densidad poblacional, presencia de comunidades étnicas, personas con discapacidad y dificultades en la accesibilidad, deberán desarrollar modelos de atención que se ajusten a las características territoriales y poblacionales.

Pero de acuerdo con Ascanio, esto ocasionaría incluso más desigualdad al aumentar la brecha del acceso a los servicios en los territorios rurales, cuando se debería garantizar el derecho a toda la población. “Es atender a los que tengan la posibilidad y dejar a los pobres a su suerte”, expresa.

Enfoque familiar y comunitario

El artículo 6 describe que el Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá desarrollarse basado en la estrategia de Atención Integral Primaria en Salud, que será renovada con un enfoque de salud familiar y comunitaria. Para ello, cada persona tendrá asignado un especialista pero de no tener disponibilidad, se designará otro médico sin esta especialidad que podrá recibir entrenamiento en medicina general con enfoque familiar y comunitario por parte de las EPS e IPS. “Es como si la Fiscalía General de la Nación fuera encargada de formar abogados”, manifestó Corcho en un conversatorio organizado por la ANIR.

Por otro lado, Ascanio explica en primer lugar que este modelo sí funciona, pero en países con sistemas de salud sólidos como Reino Unido o Canadá, contrario al sistema colombiano en el que existen distintas barreras de contratos y pólizas. También aclara que no se trata la asignación de un solo médico, sino de un equipo de personas que estén capacitadas para atender cualquier necesidad en salud. “Es darle a ese alguien la posibilidad de resolver y esto pasa porque el tratamiento esté o no incluido, [o si] las tecnologías están disponibles”, dice. “Los planes de beneficios se vuelven restrictivos al igual que los modelos de contratación de los servicios”

Instituto Nacional de Cancerología

Uno de los puntos que más ha generado inconformidad y críticas es la transformación del Instituto Nacional de Cancerología dispuesta en el artículo 57. De acuerdo con el informe, el INC deberá pasar de ser una entidad pública a una estatal de naturaleza especial, es decir, una entidad autónoma e independiente. La preocupación que se genera aquí según Ascanio, es que esta institución es la de mayor tecnología, investigación y atención de esta enfermedad en Colombia, y que la población más atiende es aquella en condición de pobreza o que pertenece al régimen subsidiado.

Asimismo, agrega que las tecnologías en este campo generan mucho dinero, por lo que es “venenoso” que esto sea propuesto al mismo tiempo que Luis Carlos Sarmiento Angulo se encuentra creando su propio centro de tratamiento e investigación sobre cáncer.

Hospitales públicos

El art. 54 determina que con el fin de promover el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas, el Gobierno aportará un 0,2% del Subsidio a la Oferta (recursos para financiar prestación de servicios y tecnologías de instituciones e infraestructura pública). No obstante, en el conversatorio Corcho aseguró que en modelos como el de Reino Unido se ha demostrado que la figura de las APP no funciona principalmente porque cuestan el triple y su construcción es más demorada.

Además explicó que dentro de la reforma hay varios ataques hacia los hospitales públicos, y el primero de ellos consiste precisamente en permitir que estos se fusionen y liquiden, rompiendo con uno de los pilares de los sistemas de salud más sólidos. “Esa es la manera en la que van a debilitar a los hospitales públicos para llevarlos a la liquidación y para entregarlos en esas modalidades cuestionadas en el mundo entero”, comentó.

Depuración de las EPS

El art. 38 habla sobre un plan de depuración del aseguramiento, en el que la población de las EPS inhabilitadas se distribuirá en otras que continúen funcionando. Para Ascanio, este punto es muy peligroso pues quedarán pocos proveedores y la población estaría sujeta a sus condiciones. “Cuando yo depuro las aseguradoras con el cuento de sacar las malas, lo que hago es fortalecer las más fuertes. Y si fortalecemos las más fuertes, hay una asimetría en la toma de decisiones. Básicamente estamos subordinados a lo que ellos digan, se concentra la prestación. Se fortalecen los oligopolios”, asevera.

Unidad de Pago por Capacitación (UPC)

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) “es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud (antiguamente POS), en los regímenes contributivo y subsidiado”.

De modo que en el art. 34 de la reforma a la salud se establece que esta unidad tendrá un componente fijo y otro variable. El primero será establecido tras realizarse estudios actuariales y se designará un monto por persona dependiendo de la clasificación de las aseguradoras; mientras que el segundo será un “incentivo adicional” como respuesta a “los buenos resultados en salud”. Tal como lo explica Ascanio, esto significaría una disminución de recursos con los que se van a prestar los servicios.

Sistema Único Interoperable de Información en Salud

Uno de los puntos más rescatables del Proyecto de Ley 010 es expuesto en el art. 9. En él se estipula que todas las entidades prestadoras de salud deberán “contar con sistemas interoperables”. Esto dicho en otras palabras, consiste en crear un solo sistema en el que se encuentre la historia clínica de cada paciente y que esté disponible para cualquier servicio de salud sin necesidad de volver a ingresar los datos. El punto es destacado por Ascanio ya que facilitaría los procesos entre entidades pues actualmente “el no tener la posibilidad de [acceso] a esa información, le resta capacidad diagnóstica al sistema”.