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¿Qué significa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro?

La decisión busca la concordancia de las normas colombianas con las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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El Estado colombiano deberá indemnizar al senador Gustavo Petro por su destitución en 2013.

César Melgarejo

Este martes se conoció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad del Estado de Colombia “por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales” del senador Gustavo Petro cuando, en 2013, la Procuraduría General de la Nación bajo la dirección de Alejandro Ordóñez lo destituyó de su cargo como alcalde de Bogotá por el cambio del modelo de las basuras en la ciudad.

En el fallo de la Corte IDH se le solicita al Estado colombiano, entre otras cosas, indemnizar al senador con $10 mil dólares por el daño inmaterial, y $17.834 dólares por costos y gastos. Pero el punto que ha generado más controversia es el que menciona la adecuación del “ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”.

Esto no quiere decir que se deba modificar la Constitución, sino que se deben revisar las competencias de la Procuraduría de inhabilitar y destituir a funcionarios públicos elegidos democráticamente, pues esto implica un incumplimiento del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (a la cual pertenece Colombia), en donde se estipula que dichas sanciones solamente pueden ser aplicadas por un ente penal y no administrativo. 

Esto también aplica para la Contraloría, dado que en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 se señala que las personas naturales o jurídicas que no hayan pagado sus multas al Estado no podrán desempeñar ningún cargo público, algo que puede inhabilitar de manera indirecta a los funcionarios públicos elegidos popularmente. 

En conclusión, este punto del fallo no despoja a la Procuraduría ni a la Contraloría de sus funciones disciplinarias, únicamente especifica que estos entes de control no pueden inhabilitar ni destituir funcionarios públicos elegidos por voto popular, pues estas sanciones violan los derechos políticos y solo pueden ser impuestas tras la comisión de algún delito.

Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, dijo en una entrevista con Revista Semana que, a su parecer, la CIDH se equivocaba “porque se le olvida que otras convenciones como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, obligan a los estados a buscar distintos mecanismos aparte del penal para las sanciones por hechos disciplinarios”. Mientras que el abogado de Gustavo Petro, Rafael Barrios, le dijo al diario El Espectador que la decisión no afectaba la lucha contra la corrupción y aseguró que en otros países es un ente investigador penal el encargado de revisar los casos relacionados con este delito.