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¿Quién dio la orden?: la historia de la censura

Los protagonistas del mural no hablan de lo que informa la imagen, mientras las víctimas rechazan la decisión del juez
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¿Cuándo se sabrá la respuesta?

Una de las imágenes políticas que más se han movido en los últimos meses es esa que nació como un mural en Bogotá en el que aparecen algunos generales del Ejército entre el 2000 y 2010 –Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya, Nicacio Martínez y Marcos Pinto– bajo la pregunta ¿quién dio la orden? de las 5.763 ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en esa década. El 25 de febrero, un juez le ordenó al Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) que eliminara la imagen de redes sociales y medios de comunicación en las próximas 48 horas.

El general Pinto fue quien interpuso una tutela el año pasado en la que reclamaba que el mural atentaba contra su buen nombre y su inocencia, pero el juzgado 42 de Bogotá la negó el pasado 22 de enero. Las razones fueron porque la creación de ¿Quién dio la orden? se hizo bajo la protección de la libertad de expresión y cuestiona los falsos positivos. Pinto respondió afirmando que en la imagen lo acusan de ser el responsable de estas muertes.

Según El Tiempo, el juzgado 13 de Bogotá finalmente falló a favor el general porque el Movice “no puede presionar, endilgar, publicar, ni tan siquiera referirse, así fuere a título de pregunta, capciosa por demás, en cuál de los investigados puede recaer la responsabilidad”.

El Movice respondió con un comunicado en el que dice que el mural ya fue “eliminado y censurado el día 18 de octubre de 2019 en un operativo arbitrario por parte de la Brigada 13 del Ejército Nacional. Dicha censura fue la que provocó decenas de miles de réplicas de su contenido en calles y redes sociales, lo que sobrepasa las posibilidades del Movice de retirarlas en su conjunto. El mural ¿Quién dio la orden? ya es patrimonio de la sociedad”. Por esta razón, el movimiento no puede borrar la imagen de redes y medios de comunicación, y pidió “declarar la nulidad de la decisión y remitir el caso nuevamente a primera instancia para que se vincule a todos los medios y redes que lo han reproducido”. También se argumentó que la información que hace parte de la imagen “ha sido reconocida por fallos judiciales”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la decisión del juzgado 13 y apoyó al movimiento porque la orden “la libertad de expresión y excede la capacidad del Movice porque requiere vincular a quienes lo han reproducido”.

Las Madres de Falsos Positivos en Colombia (MAFAPO), que han luchado por más de una década para conocer la verdad detrás de la desaparición y asesinato de sus hijos, escribieron en su cuenta de Twitter, “¡Quieres borrar la memoria! Pero nosotras somos la memoria, ustedes son la memora. No podrán”. También publicaron un video relacionado con el mural.

Hace dos semanas, el general Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Él es uno de los que aparecen en el mural (de hecho, bajo su mandato es que se cometieron el mayor número de falsos positivos). En los dos días que estuvo respondiendo las preguntas de los magistrados, sus declaraciones indignaron a las víctimas y al país.

Al inicio decidió guardar silencio, pero luego respondió algunas preguntas. Caracol Radio informó que, después de que le preguntaran cómo se podrían evitar las ejecuciones extrajudiciales en un futuro, se lavó las manos diciendo, “Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los de estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos (…) Para que eso no se repita, se debe mejorar la calidad humana, que el servicio sea obligatorio, para todos”. Las víctimas pidieron que lo excluyeran de la JEP.

En agosto de 2019, el diario El País publicó un artículo en el que decía que el entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez (quien también aparece en la imagen), había firmado una directriz en la que daban pautas a los militares para sus declaraciones ante la JEP, lo cual buscaba “guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica”.  

En entrevista con El Tiempo, Martínez respondió, “El proyecto de narrativa marco no tiene como objetivo ‘coordinar’ lo que los individuos, militares o no, cuentan en la JEP y en la CEV, tampoco lo que las organizaciones de víctimas cuenten allí, pero para las FF.MM. es indispensable que en ambas instancias se tenga en cuenta cuál es su versión de lo qué pasó, independientemente de si coincida o no con otras versiones”.

Mientras tanto, las víctimas siguen esperando las respuestas, y los números en el mural podrían aumentar con las fosas que se han encontrado en Dabeiba y Valledupar.