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Se necesita una reforma policial profunda en Colombia, concluye la ONG Human Rights Watch

El informe de la prestigiosa ONG defensora de derechos humanos pide una reforma policial urgente en el país
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© 2021 Ovidio Gonzalez/Getty Images; Cortesía

Human Rights Watch es una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas del mundo en la defensa de los derechos humanos. Su reciente informe sobre Colombia se centra en los casos de violencia en el marco del Paro Nacional que inició el 28 de abril. 

El informe presentado recoge de forma exhaustiva una diversidad de casos de violencia y arbitrariedades cometidas en su gran mayoría contra manifestantes por parte de integrantes de la fuerza pública. La investigación se construyó a partir de diversas fuentes. Se realizaron más de 150 entrevistas a personas en 25 ciudades de Colombia, incluyendo a víctimas, familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos. Según indica la ONG, se consultaron registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa. 

A su vez, se corroboraron más de 50 videos de denuncias publicados en redes sociales y se obtuvo información de entes como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, los Ministerios de Defensa y de Interior; así como de funcionarios como la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el director de la Policía y el director de la justicia penal militar.

Uno de los aspectos más contundentes del documento es el referido al gran número de muertes cometidas directamente por policías, “así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes”. De acuerdo con las cifras presentadas, se cuentan 68 muertes desde el inicio del Paro. 34 de estas muertes ocurrieron en el marco de las protestas, incluidas las de un investigador judicial, dos policías y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. 

Ante este panorama, la recomendación más importante que hace Human Rights Watch (HRW) es celeridad para esclarecer estas muertes y abusos, así como una reforma a la Policía Nacional. 


“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”.


José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW indicó que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”. 

La investigación concluye lo anterior luego de obtener evidencias creíbles que muestran que la Policía Nacional mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. Un hecho común en gran parte de estos asesinatos es la presencia de heridas de bala en órganos vitales (tórax o cabeza), lo cual sería consistente con una intención de matar. Otras de las muertes están relacionadas con golpizas y uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras (armas antidisturbios usadas de forma imprudente y peligrosa). 

Los casos de violencia contra las mujeres reportados involucran quejas hacia miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual contra manifestantes, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. 

En el caso de las lesiones contra manifestantes se documenta con preocupación las lesiones oculares graves, así como otro tipo de heridas que han afectado a por lo menos 1.100 participantes de protestas y transeúntes, una cifra que se considera puede ser más alta pues no todas las personas lesionadas denuncian ante las autoridades por falta de garantías. 

Las desapariciones en el contexto de las manifestaciones se documentan a partir de por lo menos 419 casos reportados, de los cuales la situación de cada persona varía. La Fiscalía indicó por ejemplo que se localizó a 304 de esas personas, pues en muchos casos las detenciones no son informadas a los familiares. 

El reporte de HRW también indagó por los eventos en que manifestantes cometieron actos graves de violencia, incluyendo bloqueos y restricciones a la movilidad en algunas ciudades. También se reportaron policías lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes muertos y siete hospitalizados, según el Ministerio de Defensa. Veinte policías fueron heridos por armas de fuego y una mujer policía reportó abuso sexual en Cali, según el director general de la Policía. 

Numerosos y diversos tipos de abuso, así como arbitrariedades por parte de las autoridades se recogen en la extensa investigación de HRW. Allí se muestran las irregularidades en los procesos adelantados por funcionarios públicos tanto en las calles, como en los momentos de captura y judicialización con una cuestionable acción frente al debido proceso y la estigmatización de los manifestantes. 

Urge una reforma policial 

Esta ONG insiste que, ante los profusos casos de abuso por parte de la Policía, es urgente que el Gobierno tome medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, así como reparar a las víctimas. 

Sin embargo, un punto recurrente del pronunciamiento de Human Rights Watch recae en la necesidad de una reforma profunda de la Policía: “Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos”, indicó. Por esto se sugiere como punto clave separar a este organismo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. 

Presentan además la preocupación porque el sistema disciplinario interno de la Policía no tiene independencia y no parece ser efectivo frente a casos de abuso policial y asesinatos ocurridos contra civiles en el contexto de la protesta social reciente. La Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que tenía abiertas 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. Sin embargo, ningún agente de policía ha sido imputado en relación con los abusos cometidos durante esas protestas. Otras recomendaciones de esta ONG se dirigen al Congreso de la República, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo con el ánimo de crear un escenario donde se respete la protesta, los abusos de la fuerza pública tengan sanciones claras y se detengan las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de la policía. Los detalles de este informe se encuentran en este enlace.