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Cortesía Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano

Ser estudiante en Colombia, un ejercicio de alto riesgo

10.741 jóvenes han sido judicializados por cargos de rebelión y terrorismo en los últimos 18 años en Colombia

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Lizeth León Borja sorprende por la versatilidad de su conocimiento y su profesionalismo en todo lo que hace. Dibuja, escribe, ilustra, redacta y analiza de forma crítica la realidad del país. Buena parte de su trabajo reciente ha estado marcado por una experiencia que para muchos sería imposible de reinterpretar: su hermano murió en circunstancias poco claras y fue señalado como terrorista en el año 2006. A pesar de todas las inconsistencias en el caso que encasilló a su hermano como parte de una organización insurgente, pasaron varios años para que Lizeth y su familia pudieran replantear este hecho como un posible falso positivo ejecutado por agentes estatales. 

Al volver sobre esta historia con una nueva mirada, Lizeth descubrió que el caso de Ricardo, su hermano, no era aislado. Luego de una exhaustiva investigación hecha junto al equipo de la Unidad de investigación periodística de la Universidad Politécnico Grancolombiano, y haciendo uso del periodismo de datos, reconstruyeron una cifra escandalosa: más de 10.741 jóvenes han pasado por procesos judiciales con pocas garantías en los últimos 18 años en Colombia. 

La investigación muestra que “del total de casos, 4.155 (39,6%) no llegaron a una investigación. Solo 853 jóvenes (8,1%) tuvieron un juicio y de ellos apenas 491 fueron hallados culpables”. 491 entre 10.741, esto quiere decir que el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% de los jóvenes señalados por rebelión y terrorismo entre enero de 2000 y febrero de 2018.

Tal vez uno de los casos más conocidos es el de Mateo Gutiérrez León, a quien varios medios de comunicación criminalizaron y convirtieron su nombre en un alias. Dos años después de que pasara por la cárcel fue liberado porque no existía ninguna prueba que sostuviera el proceso. Aunque está libre y su inocencia fue ratificada en segunda instancia, ahora se encuentra exiliado y nadie responde por las afectaciones a su buen nombre y su proyecto de vida.  

La investigación sobre la criminalización de estudiantes continúa. Actualmente el equipo trabaja en otros casos como el asesinato de Jhonny Silva por parte del ESMAD en 2005; la persecución, judicialización, exilio y posterior crimen en 2001 de Reynaldo Serna, un joven de la Universidad del Atlántico asesinado por paramilitares en asocio con el DAS; el del exilio de Guillermo Baquero y la ampliación de los tres casos expuestos en el primer informe: el de Ricardo Ruiz Borja, Violeta Arango y Mateo Gutiérrez León

Hablamos con Lizeth sobre esta investigación para entender mejor los hallazgos y comentar los posibles patrones de sistematicidad en la actuación estatal, así como de los enormes sinsabores que quedan luego de acercarse a esta dinámica perversa que criminaliza el pensamiento disidente de los y las jóvenes. 


Cuéntanos del contexto en el que se origina esta investigación, ¿de dónde nace?

La investigación nace en principio de un trabajo personal, de la historia de mi hermano, que murió el 16 de abril de 2006, en una explosión en Bogotá junto a otros tres estudiantes. En su momento los entes judiciales y los medios de comunicación dijeron que eran milicianos de las FARC-EP y que habían muerto mientras fabricaban un artefacto explosivo. Sin embargo, el caso nunca se aclaró, nunca hubo una investigación al respecto y quedó en la impunidad con muchos cabos sueltos. Con el tiempo se han ido hallando irregularidades que ha tenido el caso por parte de la Fiscalía y, en general de los entes judiciales. A raíz de esto hice un trabajo sobre mi hermano que se llama Retratos hablados. Cuando lo publiqué empecé a recibir historias de otros casos similares.

Empecé a ver que no solo había otras historias de muchachos que habían muerto en explosiones muy similares, sino también casos en los que, por ejemplo, los estudiantes no morían, sino que algunos quedaban vivos, eran judicializados y dentro del proceso de la judicialización se daban patrones similares. En últimas, la justicia operaba de un modo que sin mayores pruebas se les acusaba de unos ciertos hechos de los cuales al final no eran culpables o, muchos casos resultaban simplemente en un proceso mediático. Eso me hizo sentir que lo que había detrás era un fenómeno sistemático. 

Con minería de datos, el equipo de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano reconstruyó este fenómeno. Cortesía Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano

¿Cómo procediste en la investigación? 

Empecé haciéndole el seguimiento de manera solitaria y con especial atención a los casos de explosiones. Los empecé a rastrear en los últimos 20 años. Le había seguido la pista por lo menos a unos 15 casos y, con esa información, varios colegas me sugirieron que era muy grave lo que yo estaba hallando, porque uno sí ve patrones. Veía que muchos de los casos de las explosiones ocurren en años coyunturales, por ejemplo, años electorales. En estos es casi fijo que haya casos por el estilo, o bien una explosión o bien una judicialización.

También ocurren en coyunturas especiales en las que hay gran presencia del movimiento social, como ocurrió en 2011 por la Ley 30 y donde hubo un gran despliegue de marchas del movimiento estudiantil. Había muchos patrones ahí y me sugirieron hacer una investigación más exhaustiva sobre el fenómeno. Entonces, le propuse a Juliana Castellanos, directora de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano hacer esta investigación. A ella le gustó y así arrancó el trabajo.

Cuando yo llegué a ella tenía la intención de ver el fenómeno de criminalización de los estudiantes en general en Colombia, no solo de universidades públicas, ni solo en universidades, sino también en secundaria. Mi hermano ni siquiera era estudiante universitario, sino estudiante de secundaria. Yo sentía que muchos de los casos que hablaban sobre el tema tenían que ver con desapariciones, asesinatos, excesos por parte de la fuerza pública, con presencia del ESMAD en las universidades, con las muchas muertes que se han producido en esos contextos, así como con esas muertes aún más confusas y extrañas como las de las explosiones, las judicializaciones irregulares, los mal llamados falsos positivos judiciales… En suma, todos estos hechos hacían parte de un mismo fenómeno y sentía que esto no se había documentado, no se había hilado entre los casos y siempre se veían como cuestiones aisladas. 

¿Cuál fue el paso a seguir para obtener todos estos datos y qué encontraron? 

Pensamos en cómo rastrear este fenómeno con datos, porque es el enfoque de periodismo de la Unidad, y por el otro, cómo humanizarlos y contar las historias que hay detrás de esas cifras. Se nos ocurrió que una primera pista era rastrear bases de datos de la Fiscalía, tomando puntualmente los casos de judicializaciones a jóvenes entre los 15 y los 25 años, por rebelión y terrorismo. Cuando se dan procesos judiciales contra estudiantes, se suelen imputar también otros cargos, pero es muy difícil de rastrear por ese lado. Era muy difícil rastrear algo del fenómeno, por eso se nos ocurrió que estos dos delitos de rebelión y terrorismo nos permitían cercar un poco más el tema. 

Fue un trabajo muy arduo ver cómo opera el sistema judicial en estos casos. También daba pistas para ver cómo opera el sistema judicial en otros casos como desapariciones, asesinatos, muertes extrañas como la de mi hermano, etcétera.

La parte de las historias se enfocó en tres principales: la de mi hermano, Ricardo Ruiz Borja, la de Mateo Gutiérrez León y la de Violeta Arango, una de las chicas vinculadas con el caso del Centro Andino. La idea de tener estas tres historias era mostrar a través de esa parte más humana las muchas caras del fenómeno, mi hermano encarna esa cara de la muerte. Mateo es un caso muy interesante al que le pudimos seguir la pista completa. Cuando iniciamos el trabajo, Mateo estaba en la cárcel y asistimos a todo el proceso desde la persecución hasta su absolución y luego el exilio; tenemos testimonios de esos tres momentos, entrevistas por escrito en la cárcel, una entrevista con él en el País Vasco donde está exiliado. Finalmente, el caso de Violeta es muy muy interesante, porque se dice que ella termina en las filas del ELN por esta persecución que vivió. Eso abre las puertas a otra cara del fenómeno que yo siento que no se ha tocado.  Esta es la primera entrega del especial, pero ahora estamos trabajando en un documental que incluye otras historias.

La investigación: Pase enfoca en jóvenes entre los 15 y los 25 años judicializados en procesos en donde el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 % de ellos. Cortesía Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano

Ustedes mencionan la estigmatización de ciertos perfiles de jóvenes que pareciera corresponder con aquellos que terminan judicializados, ¿hay un perfil más susceptible a ser perseguido y/o judicializado? 

Si bien sí hay un perfil, hay que decir que también se ha construido un estigma en torno al perfil. Usualmente en estos casos se habla de estudiantes de universidades públicas, generalmente de ciencias sociales o humanas, muchos de sociología, con militancias de izquierda, algunos pertenecientes al movimiento estudiantil… pero la realidad va más allá de eso. Realmente lo que encontramos en la investigación es que, por un lado, ser estudiante en Colombia es de alto riesgo, y en virtud de las decisiones que tomes, ese riesgo se incrementa. Primero, encontramos que no necesariamente los estudiantes señalados pertenecen al movimiento estudiantil. Por ejemplo, Mateo no era un estudiante activo en algún movimiento en particular, Violeta tampoco, mi hermano sí. Lo siguiente es que no solo afecta a estudiantes universitarios, insisto. Creo que hace falta hablar mucho de cómo este fenómeno ha tocado a los estudiantes de secundaria, sobre todo en los colegios públicos. Mi hermano era del Externado Camilo Torres, que es un colegio que ha tenido una militancia social muy importante.

La mayoría son estudiantes de universidades o colegios públicos, pero también hay estudiantes de universidades privadas, y eso tampoco se suele decir. Estas caracterizaciones las pudimos hacer a partir de los testimonios, no a partir de los datos, ¿por qué? Ahí encontramos el primer gran hallazgo de los datos y es que hay un vacío a nivel oficial. A veces estas caracterizaciones de “estudiante”, de “universidad pública”, de “ciencias sociales”, de “izquierda”, etcétera, se suelen usar mediáticamente para construir el estigma, pero cuando revisas las bases de datos, eso no se ve reflejado.

Por ejemplo, las bases de datos no son claras respecto al grado de escolaridad de la mayoría de los jóvenes. Muchas veces mediáticamente se les asocia con la insurgencia. En una época eran las FARC, luego del proceso de paz es el ELN o células atadas al ELN, como en el caso de Mateo y Violeta que dicen que es el MRP, pero cuando revisas la base de datos eso tampoco se refleja, la mayoría de jóvenes no registran grupo armado.


El Estado colombiano no ha podido demostrar la culpabilidad del 95% de los jóvenes señalados por rebelión y terrorismo entre 2000 y 2018.


¿Cómo analizar entonces la relación de algunos jóvenes con la insurgencia?

Es un tema que no se ha tocado y que hay ver con cuidado. La eventual relación de algunos de estos jóvenes con la lucha social a veces incluye relaciones con la insurgencia, pero esas relaciones pueden ser de muchos tipos. Algunos de estos estudiantes pertenecen o tienen algún tipo de simpatía con algún grupo guerrillero o hay en efecto algún tipo de militancia, esa militancia puede ser política o armada, pero no siempre es armada.

Hay muchas tipologías de cercanía con esos grupos y eso hace que no se pueda hablar del tema, por un lado por la estigmatización, pero por el otro por lo que implica la lucha clandestina, pues hace que muchos de esos casos queden en la impunidad y que en efecto se siga ampliando ese estigma. Insisto, muchos de estos estudiantes tienen militancias claras de izquierda, aunque no se les vincule, aunque no pertenezcan a un movimiento estudiantil en particular o a un movimiento social, o incluso a un movimiento insurgente.

Algo más que vimos en las bases de datos es que, a pesar de que se habla de dos delitos que son muy distintos: rebelión y terrorismo, el delito de rebelión en su concepción está prácticamente hecho para grupos de izquierda. No encuentras en las bases de datos sino 10 o 17 registros de otros grupos, como grupos paramilitares. El delito de rebelión está pensado para grupos y militancias de izquierda, pero el delito de terrorismo es distinto. Cuando revisas la definición de terrorismo, ahí podría caber cualquier otro grupo y, sin embargo la forma en que se usa judicialmente ese delito es para justamente estigmatizar movimientos de izquierda. Protestar, salir a una marcha y tener cierto tipo de militancias es ser terrorista judicialmente, pero no es ser terrorista pertenecer a las autodefensas o algún otro grupo residual. Eso también es otra cosa que está muy atada al estigma y que encontramos en las bases de datos. 

El caso de Mateo es muy emblemático por todo lo que pasó, y ustedes pudieron acompañarlo en todas las etapas del proceso. Cuéntanos de esos patrones que la investigación presenta y que se ven representados en este caso.

Mateo cumplía con muchas de las condiciones de ese perfil. Cuando él termina implicado en el proceso tenía 20 años, que está dentro del rango, pues nosotros hicimos un corte entre 15 y 25 años. Cuando empieza el proceso tiene 20 años, es un estudiante de sociología de la Universidad Nacional, no pertenece a un movimiento estudiantil en particular, pero sí empieza a convertirse en un líder visible por abanderar ciertas causas al interior de la facultad, entre ellas, por ejemplo, están los pronunciamientos que se hicieron desde la facultad de sociología por el encarcelamiento y proceso judicial contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, que fue también víctima de estos procesos judiciales. A él se le vinculó con las FARC, se dijo que era su ideólogo y estuvo creo que cuatro años preso, en un proceso que duró cerca de nueve años y donde finalmente logró demostrar su inocencia. Lo absolvieron, pero imagínate todo lo que implicó este caso.

Mateo era una de las figuras visibles de apoyo a este profesor, y sí se pudo determinar que varias de estas personas que hacían parte de los comités de apoyo al profesor Beltrán terminaron amenazadas, asediadas, perseguidas. Mateo encaja dentro de ese estigma y lo que se conoce como “el enemigo interno”, cumple con unos requisitos, es muy fácil sacarle cierto tipo de posturas, cierto tipo de delitos. Pero ya lo que tiene que ver con las bases de datos, insisto, allí estas cosas no se ven reflejadas. Por ejemplo, a Mateo lo apresan por supuestamente fabricar un artefacto explosivo de un petardo con panfletos, en el 2015. Sin entrar en la discusión de si eso es o no terrorismo, le imputan cinco cargos, entre esos está terrorismo, concierto para delinquir, porte y fabricación de explosivos, no recuerdo los otros, pero no está rebelión.

Sin embargo, en la base de datos Mateo aparece registrado con el delito de rebelión, ¿de quién depende el registro en esas bases de datos? Del fiscal que recibe el caso y todo lo que él considere, como que eran lo mismo rebelión y terrorismo. Además, a pesar de que el cargo se da por ese petardo panfletario, mediáticamente a él se le endilgan 10 explosiones en Bogotá, 10 atentados, entre esos el atentado al barrio La Macarena. Con esto uno nota que suele haber un doble proceso, un proceso judicial y un proceso mediático. Cuando sale en los medios se hace mucho énfasis en que Mateo es estudiante de universidad pública, que Mateo pertenece al denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) que según los medios es una célula del ELN.

Cortesía Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano

Además, a Mateo le convierten en alias su propio nombre.

Exacto, que Mateo es un alias cuando es su nombre, lo mismo pasó con Violeta. Dicen que es alias ‘Violeta’, y sin embargo en la base de datos no aparece ningún grupo asociado para Mateo, no aparece nivel de escolaridad, le ponen el delito equivocado. Entonces Mateo nos permitió subrayar muchos de los vacíos en la información. Yo no puedo afirmar que haya una política interna por parte de la Fiscalía de ocultar datos, o de no registrar ciertas cosas, pero hay quienes piensan que sí hace parte del juego porque no hay información y se hace muy difícil rastrear el fenómeno.

¿Se podría decir que esa criminalización es una política implícita de Estado, que más allá de uno y otro Gobierno sea algo más amplio? ¿Hay indicios que puedan verlo como un fenómeno sistemático? 

Sí hay que señalar directamente la responsabilidad del Estado y sí es un fenómeno sistemático. Hay quienes lo llaman terrorismo de Estado, y yo estoy completamente de acuerdo, pero esto lo digo a modo propio. 

Lo que quisimos hacer en el especial fue ampliar un poco el espectro sin dejar de señalar al principal responsable, que es el Estado. Lo que pasa es que el Estado se apoya en otros factores y amplía ese fenómeno. También hay que hablar del papel de los medios, del papel de los grupos armados, del papel del sistema judicial como parte del Estado, pero sin duda alguna lo que estamos diciendo es que en efecto ha habido una persecución, una criminalización de los estudiantes por parte del Estado y, en ese sentido, el Estado ha usado las herramientas que tiene, entre esas el sistema judicial para poner a los jóvenes en una lucha que es muy desigual.

Lo que planteamos, solo desde la vista del sistema judicial, es que tú te tienes que defender con una herramienta que está en tu contra. Ese fue el caso de Mateo. Uno puede ver en los videos de las historias que la mamá de Mateo contaba cómo funcionaba una audiencia; esas son cosas que van más allá incluso de los datos. Creo que mucha gente no sabe cómo funcionan las audiencias, cómo muchas veces el Ministerio Público que se supone que debe velar por el cumplimiento de los derechos del procesado, que se respete la presunción de inocencia, por ejemplo, actúa en asocio con la Fiscalía y esto está fuera del derecho. Muchas veces los jueces son comprados o presionados mediáticamente para que tomen cierto tipo de decisiones. 

Incluso yendo más allá, por ejemplo con el caso Andino, les hacen un primer proceso, los absuelven porque finalmente a la Fiscalía se le vencen los términos para presentar las supuestas pruebas que dicen que ya tienen recopiladas, y ellos no alcanzan a poner un pie en la calle cuando vuelven y los capturan por el mismo hecho pero por un delito diferente. Eso es contrario al derecho. 

En suma, el uso de la fuerza por parte del Estado es desproporcionado y este tiene muchas herramientas a su favor, una de ellas el sistema judicial pero también tiene la fuerza pública y las fuerzas armadas. Uno ve lo que pasa con el ESMAD y toda esta discusión sobre los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, pero realmente la fuerza es muy desigual, y tenemos casos de estudiantes que han sido brutalmente asesinados por el ESMAD.

La forma como el Estado y sus instituciones se convierten en fuentes que los medios no te permiten discutir, ni siquiera dudar de ellas, y volvemos a lo mismo: el valor de un testimonio de la Fiscalía tiene otro valor respecto al testimonio de un familiar. Por eso digo que sí, sin duda alguna el principal responsable es el Estado, hay una política de Estado, hay un fenómeno que aquí estamos hablando de 20 años, pero nosotros en la primera parte incluso hacemos un recorrido mucho más amplio, esto es una cosa que ha estado presente desde hace mucho tiempo y no se ha documentado; es también muy difícil documentarla por lo mismo, porque el Estado también tiene el poder de la información.

“Protestar, salir, a una marcha y tener cierto tipo de militancias, es ser terrorista judicialmente, pero no es ser terrorista pertenecer a las autodefensas o algún otro grupo residual”. Cortesía Prensa

Los casos emblemáticos ocurren en Bogotá, pero la investigación muestra que hay una recurrencia alta en Antioquia, Cauca y Caquetá. Hay una dicotomía en donde, por un lado, ciertos medios son claves en la estigmatización, pero al mismo tiempo no prestan atención a los casos de otros lugares.

Ahí vuelvo sobre el tema del vacío en los datos. Nosotros quisimos hacer un énfasis en cómo este fenómeno es urbano, visto desde los estudiantes. Lo que tú señalas es cierto, estamos hablando de departamentos, pero no necesariamente esos datos nos permiten saber dónde están ubicados estos casos dentro de los departamentos. No sabemos cuáles corresponden a las ciudades y cuáles corresponden a zonas rurales. Hay que señalar que, más allá del caso de los estudiantes, los delitos de rebelión y terrorismo se convirtieron en delitos comodines para señalar y estigmatizar, no solo al movimiento social, sino casi a cualquiera. Por ejemplo, en el lanzamiento de la investigación, estuvo el abogado Alirio Uribe del Colectivo José Alvear Restrepo, y mencionaba un caso de una chica, creo que en Barrancabermeja, que estaba presa por rebelión. Ella es una chica muy bonita y simplemente porque un comandante del Ejército quería acostarse con ella y se negó, él le abrió un proceso por rebelión. Fabricó unas pruebas y ella terminó presa por eso. ¿Cuántas de estas personas o de estos jóvenes que tenemos registrados corresponden a ese tipo de casos? Habrá quienes sí hayan tenido alguna vinculación con algún movimiento armado, pero no lo podemos saber, insisto, porque la misma base de datos no registra en su mayoría el grupo armado asociado. Así no es fácil cruzar datos sobre zonas donde hubo alta presencia de ciertos grupos armados. El barrido de los datos no nos permite clarificar qué tanto de esto corresponde al fenómeno de los estudiantes y qué tanto corresponde a esos otros casos.

La investigación insiste en el carácter urbano del fenómeno, ¿por qué? 

Esto nos interesaba porque incluso dentro del fenómeno urbano hay silencio. Cuando uno dice urbano la gente imagina que es Bogotá, e incluso el centro de la ciudad, pero no se habla de las periferias de las ciudades. Cuando yo digo que es un fenómeno urbano, estamos hablando de cómo se usan también estos casos políticamente para dar ciertos mensajes, ahí sí para estigmatizar al movimiento estudiantil o al movimiento social, aun si estos estudiantes no pertenecen necesariamente a ese movimiento. Así que sí se usa en momentos coyunturales. Por ejemplo, el caso de mi hermano pasó un mes antes de la reelección de Uribe, y si revisas cómo se cubrió el hecho, se usó mediáticamente para inducir la necesidad de continuar con la política de la Seguridad Democrática, o sea inducir el voto hacia Uribe. En estos casos, muchos se usan de esta manera y por eso cobra importancia.

Nos interesaba la parte urbana porque usualmente se habla de la presencia del conflicto en las zonas rurales y esto abre la puerta a otras formas del conflicto. También nos interesaba mostrar que el fenómeno es muy complejo; va más allá de la mera persecución del Estado de unos estudiantes indefensos, del tema de los “capuchos”, del ESMAD.

Es muy complejo porque algunas veces hay militancias o pertenencias a grupos insurgentes o hay casos como el de Violeta, que eventualmente terminan dentro de la insurgencia por la misma persecución. De eso no se está hablando, no se menciona, no queremos tocar esos temas. Y siento lo que pasa con Violeta, para mí, es muestra de la degradación del conflicto. Cuando uno dice que el ESMAD entra a una universidad estamos hablando de degradación del conflicto, que el conflicto llegó a los salones de clase, a las universidades, a los colegios y que está en la zona urbana.


“Ser estudiante en Colombia es de alto riesgo, y en virtud de las decisiones que tomes, ese riesgo se incrementa”.


En esos casos hay un elemento que destaco y es la minoría de edad; pienso en estos jóvenes que, sean menores de edad o no, siguen estando en una etapa vulnerable de su vida, hay un conflicto que los rodea, unas inquietudes sociales, hay infiltración de estos grupos en las aulas de clase, ¿qué decir de esto? 

Sí, pero incluso siento que hay que superar la idea de la infiltración. En el especial mencionaba que parte del entendimiento de las formas de lucha social es ver que son diversas, que el movimiento estudiantil es diverso y que más que una infiltración de ciertos grupos armados, en un contexto como el de Colombia, también hay que empezar a desmitificar las razones por las que un estudiante termina involucrado con la lucha armada, o simpatizando con ella, o trabajando políticamente para un grupo insurgente. Sí siento que hay un mito en torno al tema, y ese mito le ha hecho mucho daño a todos estos estudiantes y a todos estos casos. 

Claro que hay infiltración, yo diría que hay infiltración por parte de los entes judiciales, de los policías que se infiltran en las universidades, y hay que decirlo, hay presencia por igual de grupos de insurgencia y grupos paramilitares, al punto de que las universidades y los colegios se transforman en campos de batalla. Lo que dices es cierto, más que una época de vulnerabilidad también es una época de inquietudes, muchas sociales; en ese sentido los jóvenes están abiertos a muchos tipos de luchas sociales, y por supuesto hay quienes se aprovechan de esa condición. Digo que se aprovechan porque también hay que mencionar (y está un poco ahí mencionado) que hay una responsabilidad de la insurgencia en estos casos y particularmente de las FARC en el contexto en el que estamos de posacuerdo y el silencio que ellos han tenido respecto a estos casos.

Eso muestra que es muy triste cómo eventualmente hay algunas militancias en estos grupos, o hay cercanía, simpatía, y cuando llega la hora de la verdad se hacen a un lado y no responden por ellos, no salen a reclamarlos tampoco, o a decir “No, ellos no pertenecen a nuestro movimiento”, o lo que sea. No salen a decir absolutamente nada, a esclarecer los hechos. En esto estoy hablando en un sentido personal. No ha habido un pronunciamiento por parte de las FARC, no ha habido una actitud abierta de aclarar las circunstancias de la muerte de mi hermano. O sea, fue una persona que fue señalada de pertenecer a las FARC y ellos se esconden.

Por otra parte, siento que hay que dejar de infantilizar la decisión que toman estos jóvenes. Independientemente de cuál sea su relación con la insurgencia, estén o no estén de acuerdo, los que toman la decisión de pertenecer a uno de estos grupos toman una decisión consciente de todos estos riesgos. Que tal vez es una edad difícil, que tal vez no la tomarían en otro momento, pero creo que hay que empezar a hablar de cuáles son sus motivaciones y en últimas, de cuál es el contexto en Colombia y qué motiva que, por ejemplo, una muchacha como Violeta, eventualmente termine en la insurgencia precisamente producto de una persecución.

El especial dedica una parte a la perspectiva actual donde habla el profesor Beltrán. ¿Cómo te deja a ti esta investigación y qué sigue luego de encontrar todo esto? ¿Tienes alguna idea de cómo combatir esa relación tan desigual de la justicia con esos jóvenes?

Lo primero es que hay que poner el tema en la discusión pública. Como decía al principio, es un tema muy grave, estamos hablando de un fenómeno sistemático que no se ha documentado. Hay que empezar a documentar estos casos con la misma sistematicidad como han ocurrido, y hay que empezar a tejer entre esas tipologías de criminalización. Pienso que está empezando a ocurrir.

Es curioso que en esta coyuntura en que el tema está tan vigente por el reciente Paro Nacional y las movilizaciones que continúan, salimos nosotros con este especial, sale una investigación de la Universidad Nacional y del País Vasco, sobre este tema. Siento que cada vez más se está empezando a abrir la brecha en torno a la discusión, eso es el primer paso. Es un esfuerzo muy grande porque son años y años en los que no hemos documentado estos casos, y lo poco o mucho que se ha hecho desde el movimiento estudiantil, desde las organizaciones sociales, son trabajos muy solitarios, o riesgosos también. Algunos incluso se hacen con unas narrativas que romantizan el fenómeno, pues hablan del estudiante caído. Yo siento que hay que empezar a ampliar la mirada sobre el tema, discutirlo.

Miguel Ángel hablaba de la responsabilidad de la academia, esto tristemente se ha quedado en los mismos focos de siempre, en algunos grupos de estudiantes, en los profesores a quienes les interesa el tema.

Cortesía Prensa

A veces parece casi un mito cuando aparecen denuncias de las muertes por parte del ESMAD o la fuerza pública. Pareciera que un gran sector de la población no cree que de verdad ocurre, pasó y sigue ocurriendo.

Sí, claro, exactamente. Incluso bajo el contexto del Proceso de Paz, el caso de Mateo es muy interesante por eso, porque se dice como “no claro, es que esto de pronto sí pasó antes, pero como ya se firmó el acuerdo, dejó de pasar”, y mira que el caso de él ocurre bajo el marco del Acuerdo, justo después de su firma. El caso más emblemático que tenemos en los últimos años del tema, ocurre en ese contexto, eso ¿qué nos dice? Entonces, sí, es un mito sobre el fenómeno, pero un mito sobre las características del fenómeno también. Lo que siento es que incluso sobre esas tipologías falta muchísimo más por contar, falta destapar un poco la olla y empezar a rastrear muy en el fondo, porque siento que cada vez más hay formas más sofisticadas y más clandestinas de criminalización. Claro, siguen las desapariciones, pero ahí uno podría rastrear en ciertos momentos recientes en los que cesan un poco las desapariciones y aumentan las judicializaciones. El fenómeno sigue, pero se van transformando las formas de criminalización, y la única manera de hacer contrapeso es poner este tema y empezar a discutirlo públicamente y, sobre todo, sacarlo de los círculos en los que siempre ha estado.

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