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Violencia sexual y ataques contra la libertad de prensa: el emblemático caso de la periodista Jineth Bedoya ante la CIDH

En el primer día de audiencia del caso “Bedoya Lima y otra Vs. Colombia”, la periodista Jineth Bedoya llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exponer su caso y visibilizar la violencia sexual en el conflicto armado. El Estado colombiano se retiró alegando falta de garantías
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Cortesía

El 25 de mayo del año 2000, mientras se preparaba para entrar a la cárcel La Modelo en Bogotá a entrevistar a unos jefes paramilitares, Jineth Bedoya fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual. 21 años después, esos crímenes permanecen en la impunidad en Colombia y por eso ahora presenta su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde 1997, Jineth Bedoya era reportera judicial y en el 2000 trabajaba en el periódico El Espectador. Llevaba un par de años investigando los nexos entre grupos paramilitares y funcionarios de la Policía Nacional en un caso de tráfico de armas y compra y venta de secuestrados que se estaban cometiendo desde la cárcel. “Allí confluían todos los grupos armados de Colombia: paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada. Lo paradójico era que públicamente los agentes del Estado combatían a estos grupos ilegales, pero dentro de la cárcel eran aliados. La cárcel La modelo era la oficina desde donde se conectaba todo el crimen del país en ese momento”, dice la periodista. 

Su labor como periodista del conflicto armado la había puesto en riesgo en un contexto político y social muy violento, especialmente contra las personas que ejercían esta profesión. A finales de 1998 empezó a recibir amenazas. En mayo de 1999, ella y su mamá fueron víctimas de un atentado que nunca se investigó. En agosto de ese mismo año Bedoya pidió protección al Estado y dos meses después recibió una carta donde le decían que su caso no era de riesgo y por eso no le autorizaban un esquema de protección. 

El 27 de abril del 2000 se registró una masacre de 32 internos dentro de La Modelo, así que Bedoya entró a la cárcel a verificar qué había pasado. A partir de ese momento las amenazas se intensificaron contra ella y el periódico El Espectador. La sección de inteligencia de la Policía Nacional tomó algunos testimonios y finalmente le sugirieron a Jineth que la mejor solución era que se entrevistara con algunos de esos jefes paramilitares dentro de la cárcel. 


El caso estuvo estancado durante 11 años en la justicia colombiana. Entre los más de 20 implicados, solo hay 3 condenados. Ninguno de ellos como autor intelectual, a pesar de involucrar a un general de la Policía Nacional


El 25 de mayo en la mañana se dirigió a la cita. Fue con su editor, Jorge Cardona, y un fotógrafo. Una persona del INPEC le indicó que la boleta para entrar estaba lista, así que Cardona fue a buscar al fotógrafo y mientras eso ocurría, dos personas la amenazaron con un arma de fuego y la secuestraron. Allí, frente a una patrulla de policía que vigilaba la cárcel, inició un largo camino de tortura. Jineth fue víctima de golpes y todo tipo de abusos, incluida la violencia sexual. “Todo terminó en una violación masiva en un lugar fuera de Bogotá”, relató con dificultad en la audiencia ante la CIDH. Al final la dejaron abandonada en una carretera muy lastimada. 

Esta es la primera vez que un caso de violencia sexual en Colombia llega a un tribunal internacional. El papel de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido clave en el proceso pues elevó el caso ante la CIDH para buscar verdad y justicia ante la falta de diligencia del Estado colombiano que durante 11 años mantuvo el caso estancado. A la fecha solo las investigaciones periodísticas han mostrado avances. Entre los más de veinte implicados en el proceso, tan solo se cuenta con tres condenas contra autores materiales y ninguna contra autores intelectuales, a pesar de que muchos han sido identificados, incluida una red de policías que secuestraban personas y las vendían a frentes de las FARC. Posteriormente, y de nuevo gracias a las investigaciones periodísticas y a testimonios de exparamilitares que han sido llamados al proceso, identificaron que un general de la Policía fue quien ordenó el secuestro de Jineth.  

El caso de Bedoya es emblemático por su lucha en busca de justicia, verdad y reparación no solo para sí misma, sino para las más de 31,184 personas que han reportado ser víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De este número, sobre el que diferentes organizaciones reconocen un alto subregistro, el 91 % de las afectadas son mujeres. La violencia sexual ha sido usada por todos los actores armados, legales e ilegales en Colombia. Además de una violación a los derechos humanos de las mujeres, este es un tipo de violencia de género que ha tenido fines variados como regular comportamientos, silenciar, obtener información, castigar, exterminar y recompensar. 


El 91 % de las afectadas por violencia sexual en el marco del conflicto armado son mujeres


Por otra parte, este alegato contra el Estado colombiano involucra delitos contra la libertad de prensa. Como Jineth relata, en diferentes oportunidades durante su secuestro le dijeron que todo hacía parte de un escarmiento para la prensa en Colombia. Jorge Cardona, periodista y editor de Jineth, testificó dando contexto sobre los peligros para las y los periodistas en Colombia en la época del ataque contra Bedoya. Cardona mencionó a otros periodistas víctimas del conflicto armado en ese momento, como Jaime Garzón y Amparo Jiménez. Además, fue enfático al responsabilizar al Estado por la desprotección continua de los periodistas en una labor que ha recaído en ONGs. 

El proceso en Colombia sigue abierto porque fue declarado como crimen de lesa humanidad, aunque permanece en la justicia ordinaria. Una de las peticiones de Jineth Bedoya es que se abra el caso de violencia sexual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que las víctimas accedan a la verdad y así se intente cerrar los ciclos de violencia que han enfrentado durante tantos años. 

Las amenazas, persecuciones y revictimizaciones contra Bedoya permanecen. Pide garantías de seguridad para su madre y para ella. Sabe que su testimonio ante la CIDH puede acarrear más amenazas e intimidación. 

Camilo Gómez, encargado de la defensa de Colombia en el caso, alegó falta de garantías procesales y decidió retirarse por considerar que había un prejuzgamiento contra el Estado colombiano. Luego de esto, la CIDH informó que las audiencias estarán suspendidas hasta que se resuelva la queja presentada por la defensa de Colombia en contra de los jueces del proceso.