Sangre y petróleo

Los carteles mexicanos se están involucrando en la industria del combustible mientras libran una guerra contra el ejército. ¿Podrá el nuevo presidente populista controlar el caos?

POR SETH HARP | 13 Dec de 2018

<p>Ilustración por MIKE Mc QUADE</p>

Ilustración por MIKE Mc QUADE


El hombre de 32 años que está sentado en una banca al frente de la catedral de Orizaba –vestido con sudadera blanca y tenis rosados– parece alguien común, pero está hablando de asesinar gente. Me dice que lo ha hecho en ocho oportunidades y explica el tipo de cosas que matan a alguien en su negocio. “Pasarte de listo”, dice. “Hacerte el difícil. Actuar como un cabrón. Eso te obliga a acabarlos”. Luego detalla sus métodos: “Primero, les pateas el culo; después, les metes un tiro en la cabeza. O los torturas para que canten todo lo que saben. Utilizas cuchillos, hachas, machetes. Lo que tengas a la mano. En este negocio estamos obligados a hacer esto. Esa es la vida que vivimos”.

No está describiendo la vida de un narcotraficante, aunque esta parte de México está dominada por el crimen organizado. Él no produce ni transporta drogas, y nunca ha contrabandeado nada al otro lado de la frontera. Es el jefe de campo de una de las cerca de seis mafias dedicadas al robo de gasolina, ubicadas en la desértica Sierra Madre Oriental. Su banda, compuesta por 25 ladrones de combustible, viaja en cinco camionetas con tanques de almacenamiento de mil litros y una pila de herramientas para perforar grifos ilegales en tuberías subterráneas. Venden el producto robado a taxistas, compañías de buses y camioneros, con un descuento significativo del precio de las gasolineras operadas por Pemex, la compañía petrolera mexicana. Según él, en un buen día puede ganar más de USD 10 mil.

“A mi modo de ver, esta es mi ciudad, por eso la gasolina que pasa por aquí es mía”, comenta. Los ladrones de combustible, conocidos como huachicoleros, siempre han existido en México, un país con una gran riqueza petrolera y un largo historial de vandalismo social. En el pasado, los huachicoleros eran pequeñas bandas de criminales, Robin Hoods inofensivos que operaban silenciosamente y se ganaban la simpatía de la gente repartiendo baldes de gasolina gratis y patrocinando desfiles y festivales en pueblos pobres. Las baladas con acordeón celebraban el estilo de vida huachicolero e incluso tenían su propio santo patrón, el Santo Niño Huachicol, una especie de niño Jesús representado con una manguera y un barril.

Todo eso ha cambiado en los últimos años porque los carteles mexicanos han evolucionado y monopolizado todas las formas del crimen –incluido el robo de combustible–, y han expulsado a los operadores más pequeños con tácticas paramilitares perfeccionadas en la guerra contra las drogas. La gasolina del mercado negro es una economía de millones de dólares y las mafias están adquiriendo poder, metiéndole más fuego a la terrible mezcla de drogas y armas que ya ha matado a cerca de 200 mil mexicanos en la última década. El año más violento en la historia reciente de México fue 2017, y algunos observadores sostienen que el conflicto tiene que ver con el petróleo y con las drogas.

Pemex es una de las petroleras más grandes del mundo; es un extenso complejo de energía en el país con ingresos netos de más de USD 106 mil millones. Legalmente, la riqueza petrolera del país es propiedad de la gente. Durante décadas, Pemex fue un elefante blanco del gobierno; invirtió en infraestructura y en generosos programas sociales, a pesar de los bajos impuestos. Pero con la disminución en la producción desde 2010 y el constante robo de combustible, Pemex está desangrando la tesorería federal. “En los últimos cuatro años hemos tenido que sacar del banco central USD 24 mil millones para la petrolera”, dice Manuel José Molano Ruiz, economista del Instituto Mexicano de la Competitividad. “Es un gran daño para los fondos públicos, es dinero que sale del bolsillo de los mexicanos”.

Una coalición política, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, puso fin al monopolio de la compañía y abrió la industria de la energía a la inversión extranjera privada. Por primera vez en la historia moderna las multinacionales petroleras están llegando, arriesgando la ya inestable seguridad por la oportunidad de obtener una parte de las reservas de México –cerca de nueve mil millones de barriles de crudo y 4 mil millones de metros cúbicos de gas natural–. La necesidad de proteger la infraestructura energética de la nación le ha generado al gobierno mexicano otra crisis de seguridad paralela a la actual guerra contra las drogas. El pasado diciembre, Peña Nieto firmó la Ley de Seguridad Interna que otorga al ejército mexicano la autoridad para vigilar al país, una medida que puede describirse como ley marcial.

Ambas políticas han demostrado ser muy impopulares; aproximadamente el 80 % de los mexicanos se opone al control extranjero sobre lo que ellos consideran su patrimonio nacional. En una histórica elección presidencial, el 1 de julio los mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador –una especie de Bernie Sanders mexicano–, un socialista canoso que siempre se ha quejado de la influencia del dinero en la política. Vive con su familia, maneja un auto viejo y camina por las calles sin guardaespaldas –un gesto que irrita incluso a sus seguidores, ya que más de 100 políticos fueron asesinados en México durante el ciclo electoral de 2018.

Los últimos tres presidentes de México fueron centristas que simpatizaban con las empresas que promovían el libre comercio y la estrecha cooperación militar con Estados Unidos. López Obrador ha criticado la privatización de Pemex y quiere separar la seguridad de México de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos. También se ha comprometido a tratar el delito abordando las causas principales que, según él, son la pobreza y la corrupción gubernamental. En un video de campaña, López Obrador afirmó que Pemex es dirigida por una “mafia de poder”, y que, por cada barril de gasolina que roban los huachicoleros, el gobierno y los altos ejecutivos de Pemex se roban diez. “Tenemos que castigar a los huachicoleros de bajo nivel”, dice, “pero también a los huachicoleros de cuello blanco”.

Me reuní con el hombre de los tenis rosados en este pueblo pintoresco y peligroso para que me diera su testimonio de las guerras petroleras entre pandillas. Afirma tener informantes en Pemex y haber sobornado policías en los cinco municipios aledaños a Orizaba. Sin embargo, las patrullas militares son una amenaza constante. Me cuenta que no hace mucho dos camiones cargados de infantes de marina mexicanos lo sorprendieron junto a su pandilla cerca de Maltrata, un pueblo en las montañas al occidente de Orizaba. “13 de mis hombres murieron junto con dos soldados”, dice. “Logramos salir, pero perdimos la carga”. Mientras hablamos se mantiene sigiloso y se calla cada vez que alguien pasa. “Al principio tienes miedo, pero luego lo pierdes y te empieza a gustar; especialmente después de sobrevivir a una balacera”.

Mercancía del mercado negro. Una mujer vende gasolina robada en el mercado negro de Veracruz, México.
Mercancía del mercado negro. Una mujer vende gasolina robada en el mercado negro de Veracruz, México.


Su pandilla no tiene nombre, y él no pertenece a Los Zetas –el cartel que domina este estado–, pero una vez al mes paga una tarifa de USD 10 mil para robar gasolina. El corazón de la economía huachicolera está a una hora en auto, en una región del centro de Puebla conocida como el Triángulo Rojo, donde se cruzan docenas de oleoductos. Los Zetas controlaban el Triángulo Rojo, pero, últimamente, el Cartel de Jalisco Nueva Generación o CJNG, ha asumido el control. Con frecuencia aparecían cuerpos mutilados en Acajete, Acaczingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo en el Triángulo Rojo; los cadáveres eran golpeados y desmembrados, algunas veces con el rostro desollado (marca distintiva del CJNG). El 29 de marzo la policía encontró el cuerpo de un hombre junto a la carretera Puebla-Orizaba con una nota clavada en su espalda con una daga. Solo revelaron que la nota contenía una amenaza contra los huachicoleros locales y que estaba firmada por el CJNG. “Puebla era uno de los lugares más pacíficos de México hasta que llegó el CJNG”, dice Claudia Lemuz Hernández, directora editorial de Municipios Puebla. “Ahora, cuando sales por la mañana, la policía no puede garantizar que no haya una balacera”.

La mayoría de los analistas consideran que el CJNG es el cartel de drogas más poderoso de México; su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las reservas de petróleo y gas del país representan una fuente de riqueza mucho mayor que la de las drogas ilegales. El CJNG se ha estado expandiendo hacia el estado de Guanajuato –otro territorio lleno de oleoductos–, pero no intimidan a la mafia de la gasolina independiente. El otoño pasado, el jefe huachicolero local, conocido como “El Marro”, publicó un video en YouTube en el que amenaza descaradamente a los secuaces de “El Mencho”. “Los vamos a sacar a la mierda de aquí, de nuestro estado”, dice “El Marro” en el video. Detrás de él, casi un centenar de huachicoleros –todos vestidos de negro con chalecos antibalas y pasamontañas– gritan y silban, mostrando un arsenal militar. “En cuanto quieran, aquí estamos, hijos de su puta madre”, grita en medio de tiros al aire.

Durante sus 80 años, Pemex ha sido un símbolo nacional de soberanía petrolera; su logo rojo, blanco y verde es tan familiar como la bandera mexicana. Las petroleras británicas y estadounidenses no han sido bienvenidas en México desde que fueron expulsadas tras la revolución populista de 1910. Generaron un profundo resentimiento por abusar de los funcionarios y sindicatos del gobierno al pagarles a los trabajadores mexicanos salarios más bajos que a los anglosajones y al expatriar sus ganancias a Londres y Nueva York. Pemex se fundó con la idea nacionalista de que los mexicanos serían los mismos responsables del desarrollo de la riqueza petrolera de México, y las ganancias se utilizarían para beneficiar al país. Eventualmente creció más que Gazprom –la petrolera estatal rusa–, pero siempre ha tenido problemas de malversación interna y sobrecontratación. “El gobierno corporativo es pobre”, dice Duncan Wood, director del Instituto de México en el Wilson Center. “Es desorganizado. Hay pequeños feudos dentro de él. Llegan a acuerdos con el crimen organizado y se hacen los de la vista gorda”. Patrick Corcoran, un analista de InSight Crime, lo explica de una manera más concisa: “Pemex es una enorme fuente de ingresos plagada de corrupción”.

Los cálculos varían, pero los ladrones consiguen alrededor de 23.500 barriles diarios de combustible. Molano Ruiz dice que el robo de gasolina a esa escala no es posible sin la ayuda de expertos de Pemex; ellos les entregan a los huachicoleros mapas de las redes de tuberías, les dan información del flujo de combustible, y herramientas y partes necesarias (como válvulas especializadas). “Eso no se consigue en ferreterías”, dice. Entre 2006 y 2015, 135 empleados de Pemex fueron arrestados, acusados de robar combustible. Un ingeniero cobraba USD 1.250 por cada extracción ilegal que supervisaba.

Donde hay robos de tuberías, hay incendios y derrames. El huachicolero con el que me encontré en Orizaba me dice que en una ocasión su tripulación no supo cómo cerrar un grifo perforado, así que dejaron desconectada la manguera derramando gasolina en el suelo. “Es muy arriesgado. En cualquier momento puede haber una explosión”, dice.

Miembros del ejército transpor- tan combustible incautado de huachicoleros en Juarez.
Miembros del ejército transportan combustible incautado de huachicoleros en Juarez.


En julio de 2017, un grifo ilegal al noroeste de la Ciudad de México se rompió y disparó un chorro de gasolina de nueve metros, empapando casas y campos antes de que los trabajadores de Pemex lo controlaran; además contaminaron el río Aculco. En marzo de 2016, 20 personas murieron después de que un camión cisterna se volcara durante un robo fallido y explotara. Uno de los peores incendios de oleoductos que se ha registrado ocurrió en diciembre de 2010, en San Martín Texmelucan, la cuna de los huachicoleros. Una chispa convirtió las calles en ríos de fuego luego de que un torrente de gasolina inundara la ciudad. La nube de humo tóxico era tan grande que la NASA la fotografió desde el espacio; 29 personas murieron, incluidos 13 niños. El gobierno culpó a Los Zetas.

La solución de Peña Nieto fue poner fin al monopolio de Pemex y abrir la industria energética a

las corporaciones extranjeras, que él y sus aliados consideran más eficientes y menos corruptas que las estatales. Les llevó cinco años modificar la constitución e implementar un marco de libre comercio; “la madre de todas las reformas”, como lo expresa Wood. Una oportunidad que las empresas estadounidenses han estado “esperando durante 80 años”, dice Corcoran. Pero la privatización ya está hecha. Aun cuando la violencia se disparó en 2017, grandes multinacionales como Exxon Mobil, BP y Royal Dutch Shell ya se estaban instalando; la fractura hidráulica estaba en auge en las formaciones de roca de esquisto al sur de Texas y el gobierno estaba subastando los derechos de exploración en aguas profundas en los consorcios de Wall Street. Se suponía que las reformas reducirían los costos en las gasolineras, pero terminaron haciendo lo contrario. La ira del pueblo ante el aumento de los precios generó disturbios y favoreció a la elección de López Obrador.

Es difícil saber qué sucede dentro de Pemex, pero hay que tener en cuenta dos cifras importantes. La primera son los cerca de USD 1,5 mil millones que roban anualmente los huachicoleros en productos. La segunda son los cerca de USD 19 mil millones que representan el promedio de pérdidas anuales de Pemex desde 2013. Las ineficiencias contribuyen, pero los auditores del gobierno han señalado más de un centenar de contratos que Pemex ha emitido en los últimos años, que ascienden a más de USD 11 mil millones en presunto fraude. Las grandes pérdidas dan fe de las acusaciones de López Obrador, quien afirma que el problema del robo de gasolina a nivel urbano y los enfrentamientos desenfrenados pueden ser un síntoma superficial de una batalla campal que, generalmente, se libra en las salas de juntas. “Todos quieren sacar provecho”, dice un exfuncionario de Pemex que pidió no ser identificado. “Estás tocando el talón de Aquiles de México”.

En la esquina de un tranquilo café de Puebla, un nativo de Veracruz de 49 años a quien llamaré Ernesto Navarro, relata una historia sobre la entrada de Los Zetas al negocio del robo de gasolina. Navarro –quien se jubiló recientemente– se enlistó en el ejército mexicano después de graduarse y pasó su adultez sirviendo en unidades élite, incluyendo un cuerpo de fuerzas especiales que fue entrenado en contrainsurgencia en el programa militar estadounidense conocido como la Escuela de las Américas. En 2011, mientras trabajaba en la seguridad del estado de Veracruz, el gobernador lo asignó a un equipo que investigaba una célula de Los Zetas en un tramo de la Sierra Madre Oriental –un lugar criminal fuera del alcance de las fuerzas de seguridad del gobierno–. Navarro formó un pequeño equipo de operativos militares, todos auténticos jarochos [nativos de Veracruz] que conocían la jerga y sabían mezclarse con los locales. Se vistieron con ropa vieja y sucia, y manejaron un camión viejo cargado de verduras hacia la sierra, donde pasaron dos semanas viviendo entre la gente. Fueron de pueblo en pueblo, haciéndose pasar por vendedores de vegetales mientras recolectaban información, elaboraban mapas y tomaban fotos con una cámara oculta.

Un día, en una cantina de un pueblo llamado La Guadalupe, Navarro y su equipo estaban comiendo mientras escuchaban a unos criminales que bebían en la barra. Navarro estaba confundido. “Parecía mentira”, dice. Los Zetas tenían toda la zona bajo vigilancia; si sus “halcones” hubieran visto una patrulla militar acercándose, todos los narcos habrían desaparecido en las montañas. Al acercarse vio que los “marinos” descargaban contenedores de gasolina para vender en la bodega. Sus armas eran reales, pero sus uniformes y vehículos eran falsos, “clonados”, como dice Navarro. “Estos tipos eran puros huachicoleros. Acababan de ‘ordeñar’ una tubería”, cuenta. Fue la primera vez que vio a Los Zetas comercializando gasolina robada.

La investigadora mexicana Guadalupe Correa-Cabrera documenta en su libro Los Zetas Inc., las muchas formas en que el cartel ha invadido la industria energética en el nororiente de México. “Nunca fueron un cartel de drogas”, me dice Correa-Cabrera. Los Zetas originales eran veteranos de las fuerzas especiales; ella describe a la organización como unos “criminales paramilitares en el negocio transnacional”. Como Correa-Cabrera lo explica, la ventaja competitiva de Los Zetas no fue cultivar marihuana y amapola o idear formas innovadoras de traficar drogas a EE. UU.; fue asumir el control del territorio estratégico con fuerza militar. Cuando controlaban una ciudad o estado, Los Zetas se diversificaban; se distribuían en actividades criminales como el proxenetismo, la extorsión, el secuestro, el robo de armas e incluso la piratería digital. Pero nada fue tan lucrativo como robar gasolina.

El hogar de un asesino a sueldo. Un exasesino de Los Zetas, sentado en su cocina disfrazado de militar. Dice que ahora la venta de gasolina robada es "casi tan rentable como las drogas" para el cartel.
El hogar de un asesino a sueldo. Un exasesino de Los Zetas, sentado en su cocina disfrazado de militar. Dice que ahora la venta de gasolina robada es “casi tan rentable como las drogas” para el cartel.


Los Zetas han perdido mucho terreno en la última década, pero el modelo paramilitar que impusieron se convirtió en un estándar entre los principales carteles de México –que también han seguido su liderazgo en la explotación de industrias extractivas–: La Familia Michoacana ha exportado ilegalmente millones de toneladas de mineral de hierro del puerto de Lázaro Cárdenas; los carteles de Los Rojos y Guerreros Unidos explotan la mina de oro “Los Filos” en Guerrero; y el Cartel del Golfo roba gas natural de la Cuenca de Burgos. Según Correa-Cabrera, la guerra contra las drogas se ha convertido en un conflicto armado por el control de los recursos naturales; con múltiples milicias criminales que compiten con un estado central débil por minas, puertos y yacimientos petrolíferos. Esto es peligroso porque los carteles se afianzan más, pues no dependen de una sola fuente de ingresos. “En teoría se pueden legalizar las drogas”, dice Daniel Lansberg-Rodríguez, un investigador que ha estudiado el robo de combustible en México por mucho tiempo. Pero cuando se trata del comercio ilegal de petróleo y gas, “no hay un recurso de última instancia”.

En diciembre pasado llegué a una pequeña casa en un suburbio sórdido cerca de la frontera con Texas. El hombre que vive aquí era sicario de Los Zetas y solo lo identificaría por su alias de “El Polkas”. Es alto, tiene algo más de 40 años y aspecto de ogro; cabeza puntiaguda y estómago hinchado. En la sala de su casa hay dos mujeres con un bebé y un árbol de Navidad. Desde la habitación de atrás escucho cómo cargan un rifle de asalto. Es un sonido inconfundible. “El Polkas” sale y pone dos armas cargadas en la mesa de la cocina; una AR-15 y una 9mm semiautomática. Se ha puesto el uniforme de camuflaje de la Marina, la infantería naval de México; también tiene uniformes de la policía federal, estatal, municipal y judicial, todos ellos auténticos con sus tarjetas de identificación.

Como muchos sicarios, “El Polkas” era policía cuando el cartel lo reclutó. Su único trabajo era secuestrar y asesinar. Le entregaron armas, municiones, whisky y cocaína. Cuando debía eliminar a alguien recibía poca información; un nombre o una fotografía enviada por mensaje de texto–. Los interrogatorios ocurrían en una finca o en una casa segura. Los cuerpos eran enterrados en tumbas clandestinas. Dice que mató a 32 personas antes de su salida de Los Zetas mediante una exención especial del jefe, Heriberto Lazcano –líder de Los Zetas desde 2006 hasta su muerte en una balacera en 2012; salió de la misma unidad de fuerzas especiales que Navarro–. Lazcano permitió que “El Polkas” abandonara el cartel con la condición de que se mantuviera oculto.

“El Polkas” explica que Los Zetas comenzaron a vender gasolina robada alrededor de 2010, cuando el cartel era asediado por rivales y militares. “Todos habían comenzado a pelear”, cuenta. “Estábamos perdiendo dinero”. Los primeros robos fueron secuestros oportunistas de camiones petroleros, pero pronto ingresaron a las tuberías directamente. Se dieron cuenta de que era muy rentable, que no había necesidad de contrabandear el producto por la frontera de Estados Unidos –cada vez más militarizada– y que tenía un mercado mucho más amplio que el de las drogas ilegales. “Todo el mundo necesita gasolina”, dice. “Siempre vas a tener clientes. Especialmente si es barata”.


En un arreglo típico, Los Zetas “contratan” a un policía de bajo nivel o de tránsito para supervisar a un equipo de huachicoleros, a quienes se les paga de USD 40 al día para hacer el trabajo sucio y peligroso de las tuberías. Eso es un buen salario para el trabajo manual en México, pero si cometen un error, como dejar que el ejército les quite la gasolina o provocar un incendio por accidente, el castigo es la muerte. El “día del jale” salen en una flota de camionetas robadas con contenedores de mil litros. Se conoce la ubicación del objetivo por un empleado de Pemex; un lugar sin vigilancia por el que se espera que pase un lote de combustible. Si la tubería está enterrada, la desentierran. Si ha sido sellada con cemento, la cincelan. El “golpeteo bajo presión” –el proceso de perforación de la tubería– es la operación más delicada. Primero sueldan una válvula con una boquilla enroscada en la superficie, luego usan una barrena para perforarla. Mientras la gasolina sale a toda presión y les salpica la cara, atornillan una manguera en la boquilla y usan la válvula para controlar el flujo. Una vez la manguera está conectada, tardan menos de un minuto en llenar todo el tanque de almacenamiento, un contenedor cuadrado de plástico que cabe en el platón de una camioneta.

Gran parte del combustible robado se descarga en campos comunales conocidos como ejidos, dice “El Polkas”, donde los trabajadores agrícolas se ven obligados a comprar gasolina. En los tramos de la autopista, lejos de las gasolineras de Pemex, es común ver personas vendiendo botellas y jarras de huachicol a un lado de la carretera. Llevan embudos y sifones, y usan pañuelos o máscaras de papel para protegerse del humo. “No gano nada”, dice una mujer de 27 años de Orizaba que vende gasolina robada desde su casa en nombre de Los Zetas. Explica que es como un negocio de protección; a cambio de traficar el producto, Los Zetas le permiten vivir tranquilamente. Mientras tanto, tiene que vivir con el líquido tóxico e inflamable. “Es horrible”, dice. “Huele mal, es desagradable, corrosivo y quema las manos. Tengo miedo de que la casa explote”.

“Es un buen negocio, se gana mucho dinero”, dice “El Polkas” encogiéndose de hombros. Cuando le pregunto cómo se compara la gasolina con el narcotráfico en términos de ingresos generales para Los Zetas, me responde: “50-50. Es casi tan rentable como las drogas”.

El conflicto armado entre los carteles y el ejército de México –que ha durado 12 años– se clasifica como la guerra más mortífera del mundo, aparte de Siria. La falta de seguridad, especialmente en el norte y en el oriente del país, fue la principal razón por la cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fracasó en las elecciones de julio. Al Partido Acción Nacional (PAN) tampoco le fue bien, aunque ha sido el único opositor del PRI. López Obrador los superó a ambos con el margen de victoria más alto en 36 años. Pero ganar las elecciones fue fácil, gobernar será el verdadero reto. Cuando asuma el cargo el 1 de diciembre estará al mando de lo que Correa-Cabrera y otros observadores llaman una guerra civil moderna.

En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, con el apoyo de George W. Bush, tomó la fatídica decisión de desplegar al ejército y a la armada mexicana por todo el país para luchar contra el crimen organizado. En 2008, Estados Unidos y México firmaron la Iniciativa Mérida, mediante la cual Estados Unidos le entregó casi USD 2,5 mil millones en ayuda militar al gobierno mexicano. La idea era eliminar los carteles, pero no dio resultado.

Los narcos respondieron con paramilitarización: los sindicatos clandestinos del narcotráfico contrataron soldados entrenados e invirtieron en arsenales y vehículos blindados, evolucionando en milicias criminales mucho más poderosas como Los Zetas y el CJNG, que tienen mucho más de USD 2,5 mil millones para gastar y fácil acceso a un mercado negro de armas de fuego en auge, gracias a las regulaciones negligentes en Estados Unidos. Hoy en día, los tiroteos entre los carteles y las fuerzas armadas pueden ser batallas de infantería urbanas, con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes e incluso helicópteros de ataque. En lugares como Reynosa y Tepic, la gente vive con miedo a los constantes combates, por eso monitorea la situación en las redes sociales y evacua a sus hijos del colegio tan pronto comienzan los tiroteos.

López Obrador fue elegido, en parte, por mostrar una voluntad de cambio, pero no ha establecido un plan de acción detallado. “Cualquiera que te diga que sabe lo que va a hacer, te está engañando”, dice Lansberg-Rodríguez. Mientras los opositores intentan mostrar a López Obrador como otro Hugo Chávez –un dictador izquierdista que arruinará el país–, él ha apuntado firmemente hacia el centro desde que perdió la presidencia por un estrecho margen en 2006 y nuevamente en 2012. Este año logró ganar después de reunir una gran coalición de aliados, con una base mixta para mantener al pueblo feliz. Según Lansberg-Rodríguez, el presidente electo de 64 años solo “hace grandes promesas con una sonrisa de abuelo”.

Andrés Manuel López Obrador fue elegido en julio y ha prometido erradicar el crimen y la corrupción en la petrolera nacional, Pemex.

Aunque López Obrador se opuso a la privatización de Pemex, señaló que no tratará de deshacer las reformas de libre comercio que ya se implementaron. En cuanto a la seguridad, ha pedido una guardia nacional que fusione funciones militares y policiales; programas de trabajo y becas para alejar a los niños de los carteles; despenalización limitada de la posesión de drogas; y alguna forma de amnistía para los trabajadores no violentos y de bajo nivel de los carteles, como campesinos y vigilantes. Pero no ha respondido la pregunta del millón: si bajo su liderazgo el ejército de México continuará persiguiendo y ejecutando a los jefes de los carteles, con la colaboración de la DEA y la CIA.

“No se puede combatir el fuego con fuego”, dijo López Obrador durante su campaña. Otro de sus lemas era “abrazos no balazos”. Al mismo tiempo, no ha expresado su opinión en contra de la controvertida Ley de Seguridad Interna que las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado como no apropiada para una sociedad democrática. “Los militares no están entrenados para vigilar”, dice Daniel Wilkinson, un experto en América Latina de Human Rights Watch. “Están entrenados para el combate”.

Según un estudio de Paul Chevigny –un profesor jubilado de la Universidad de Nueva York–, el ejército mexicano mata a ocho de nueve enemigos, una proporción poco probable en comparación con otras guerras modernas. Eso significa que los soldados mexicanos son los mejores tiradores del mundo o tienen prácticas de ejecuciones rápidas. “Cuando los atrapan, los matan”, dice “El Polkas”, golpeando sus manos. “Les acaba de pasar a tres amigos míos”.

“El Polkas” dice que los hombres fueron contratados para el robo de gasolina del nodo de ductos en el norte de Tamaulipas. Cada vez que la policía los atrapaba, los sobornaban para salir de la cárcel, hasta que un nuevo contingente de infantes de la Ciudad de México los sorprendió perforando un oleoducto a las afueras de la población de San Germán. Saca su teléfono y me muestra fotos del resultado: tres hombres muertos, sus brazos y cuellos destrozados por balas de alto calibre, y su camioneta blanca salpicada de sangre. Encima de los cuerpos hay un par de armas de fuego militares, incluido un Barrett M82, un rifle calibre .50 emitido a los francotiradores del gobierno. “Los soldados plantaron esos”, dice “El Polkas”. “Es una farsa completa”. Dice que sus amigos aún estarían vivos si hubieran tenido dinero para negociar, y relata un incidente reciente en el que los marinos capturaron al segundo al mando del Cartel del Golfo en Matamoros. “Este hombre agarra su teléfono y llama al general. Por USD 50 mil y 50 kilos de marihuana, lo dejaron ir. También entregó USD 500 que traía con él. Así es como funciona con los militares”. Cuando pregunto qué querrían los soldados con un bulto de marihuana, el rostro de sicario se ilumina con una sonrisa infantil. “Para que el pelotón fume”, dice.

En la región del Triángulo Rojo de Puebla, varios grupos armados –algunos subsidiarios de carteles, otros con alianzas y otros independientes– compiten por el acceso al oleoducto de Minatitlán-Ciudad de México. Pero esto genera conflictos. Hasta el año pasado se decía que los dos jefes huachicoleros predominantes eran los expolicías e integrantes de Los Zetas, Jesús Martín Mirón López alias “El Kalimba” de 27 años y Roberto de los Santos de Jesús alias “El Bukanans” de 37. Eran conocidos por intimidar a hombres y niños, robar casas, tiendas y camionetas para cargar sus contenedores de gasolina. Cuando la gente ve el Corvette amarillo de “El Bukanans”, corre a sus casas.

El robo de com- bustible ha llevado a gasolineras a poner letreros de: "no hay combustible"
El robo de combustible ha llevado a gasolineras a poner letreros de: “no hay combustible”


Las cosas comenzaron a cambiar a principios de 2017 con la llegada del CJNG a Puebla. A medida que el CJNG se extiende, se muestra como una fuerza de limpieza social; un cartel que contrabandea drogas, pero no roba, viola, ni secuestra como los odiados Zetas. Casi nadie sabía del CJNG hasta 2011 cuando masacró a casi un centenar de Los Zetas durante 18 días en Veracruz. Algo parecido está sucediendo en Puebla, donde, a lo largo del año, los huachicoleros respaldados por Los Zetas han aparecido muertos; cortados en pedazos, desmembrados o con la cara desollada.

La purga terminó en noviembre de 2017 cuando asesinaron a 20 personas en una semana, incluidos algunos de los huachicoleros más conocidos. “El Bukanans” parece haber escapado a las montañas alrededor de Acultzingo, su ciudad natal. Pero “El Kalimba” cometió un error fatal. Fue con un cirujano plástico en Puebla para que le quitara las huellas dactilares, le alterara las facciones y así evadir al CJNG; pero mientras estaba inconsciente, unos hombres armados lo mataron junto a su novia y dos guardaespaldas. Al salir, los asesinos tomaron las cámaras de seguridad y los monitores de video; los únicos testigos fueron una enfermera y dos niños de entre cinco y ocho años, que se escondieron al escuchar los disparos.

Pero el CJNG no expulsó a los huachicoleros de Puebla, solo impuso un nuevo jefe: Antonio Martínez Fuentes alias “El Toñín”. Tiene más de 50 años y es un exagricultor de zanahoria conocido por organizar grandes fiestas y repartir juguetes a los niños. Hace poco subieron a YouTube un corrido mexicano exaltando sus virtudes: “En Palmarito Tochapan también hay batos pesados / Carros y trocas perronas, también bastante dinero / Puras organizaciones, dicen que huachicoleros / De lo que sí estoy seguro es que es pura gente con huevos / Es la gente de ‘El Toñín’”.

Una de las ciudades más disputadas en el Triángulo Rojo es Palmar de Bravo, donde una abuela llamada Benita (no se menciona su apellido por su seguridad) ha vivido toda su vida. Una noche de septiembre de 2017, en su camino a casa desde el taller en Puebla donde es costurera, vio una masacre. Su viaje dura una hora y media, y después de tomar dos buses, bajó en la parada de siempre en el centro de la ciudad. Caminaba hacia su casa cuando escuchó gritos; se dio la vuelta y vio cómo un grupo de hombres con machetes saltaba de tres camionetas blindadas y atacaba a cuatro o cinco personas en la calle.

Fue la escena más perturbadora que ha visto. Una de las víctimas estaba abierta desde la garganta hasta el vientre. Antes de que los hombres la vieran, se metió en un tanque de agua que estaba junto a la carretera, se sumergió hasta la nariz y esperó hasta que oscureció. Algo terrible estaba sucediendo en Palmar de Bravo, podía escuchar disparos y gritos en toda la ciudad. 30 minutos después del anochecer, salió del tanque y caminó empapada a su casa; tomó un camino diferente por el campo a su hogar, donde encontró a sus 20 familiares encerrados y aterrorizados. La masacre continuó hasta después de medianoche; los hombres iban por la ciudad en camionetas blindadas “masacrando a las personas como animales”, dice la señora. Disparaban a las casas y saqueaban negocios. Antes de irse, los atacantes reunieron la mayoría de los cuerpos y se los llevaron.

Cuando la masacre terminó, apareció el ejército y la policía municipal a recoger los cadáveres restantes. Cuando le pregunto a Benita si los asesinos eran Los Zetas o el CJNG, narcos o huachicoleros, encoge los hombros y responde: “quién sabe, son lo mismo”. Esto sucedió cuando la purga del CJNG se intensificaba. A menudo en México la gente afectada por la violencia no sabe quién es el perpetrador; en la calle puede parecer puro caos. Hasta donde Benita sabe, nunca hubo una investigación policial. Las autoridades no se pronunciaron. Ningún periodista fue a Palmar de Bravo y en ningún medio se reportó el incidente. “De seguro también está sucediendo en otras comunidades”, dice.

Palmar de Bravo sigue siendo muy peligroso con grupos de sicarios merodeando regularmente. “Pasan camiones llenos de hombres armados que roban a la gente, acosan a las chicas toqueteándolas y nadie puede decir nada”, dice Benita. Cuando anochece, la gente corre a su casa y se encierra. Benita todavía tiene pesadillas con el hombre abierto por la mitad. Todos los días, en su camino al trabajo, pasa por el lugar de la masacre donde todavía hay sangre en el piso.

Mientras tanto, en el estado de Guanajuato (solía ser un lugar pacífico) , el CJNG parece haber aceptado la declaración de guerra de “El Marro”. En mayo, en una masacre que duró 12 horas, asesinaron a 16 personas supuestamente aliadas a la pandilla local de gasolina, incluyendo a un candidato a la alcaldía, un capitán de la policía y otros dos oficiales. Pusieron letreros declarándole la guerra a “El Marro” y avisándole al pueblo que habría más violencia. Un mes después, los huachicoleros contraatacaron; dejaron una bolsa de basura con restos humanos y un letrero en el que amenazaban al CJNG. En julio, el cartel tomó represalias; dispararon contra otro comandante de la policía y tiraron más cadáveres desmembrados con otro letrero amenazante. El brutal e interminable ciclo de venganzas continuó en el verano, pero ahora es más difícil detenerlo; lo que está en juego incluye gran parte de la economía legitima de México. “No se pueden deshacer de los carteles”, me dice el corresponsal de Associated Press en Xalapa. “Continuarán matando y robando cualquier cosa. No veo una salida”.

Cuando se trata del crimen organizado, siempre hay un nexo con la frontera. En un basurero a las afueras de Brownsville –la ciudad que queda más al sur en Texas– hay personas asando carne y bebiendo. Y el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, está visitando a los votantes. Le cuento que escuché que camioneros en Texas están comprando diésel barato robado de México. “Eso sería muy ilegal”, afirma el fiscal. “El recibir propiedad robada es un crimen, incluso si el robo ocurrió en otro país”. Pero dice que nunca ha visto un caso como ese y que el robo de combustible no es una prioridad en su jurisdicción.

Un incendio causado por la explosión de tuberías en el estado de Puebla.
Un incendio causado por la explosión de tuberías en el estado de Puebla.


He venido con un periodista de Brownsville, y sin que el fiscal escuche, uno de los hombres del asado nos da dos direcciones en donde podemos encontrar lo que estamos buscando. La primera es cerca de la intersección de la avenida North Minnesota y la calle East 14th. Una docena de semirremolques y cabinas de tractor están en un camino de grava detrás de una taquería. En un lugar que no se puede ver desde la carretera hay un camión cisterna con boquilla y manguera. Nos encogemos en nuestros asientos y esperamos a ver si algún cliente pasa, pero cuando un tipo comienza a acercase con la mano en el bolsillo, enciendo el auto y nos vamos.

Según nuestro informante, la segunda dirección es una casa secreta del Cartel del Golfo. Está justo sobre la carretera Paredes Line, en lo que sería una ubicación privilegiada para el contrabando, al lado del ferrocarril internacional conocido en México como La Bestia. Me estaciono en donde no nos puedan ver y nos acercamos fingiendo estar buscando un perro perdido. Vemos una casa de un piso en cerca de cuatro mil metros cuadrados de terreno. Hay una cerca con alambre de púas encima y un cartel que prohíbe la entrada. En el patio lateral, un hombre está enterrando algo, así que usamos un sendero para escabullirnos y mirar dentro del patio. Sobre el pasto hay nueve tanques de almacenamiento que contienen cerca de siete mil litros, USD 6 mil, de combustible.

La mayor parte de la gasolina robada de México se vende en el país, pero una gran cantidad termina en Estados Unidos; especialmente cuando el precio variable aumenta en el mercado global por encima del precio fijo en México. En 2010, Pemex presentó una serie de demandas en la corte federal de EE. UU., en las que acusa a docenas de compañías texanas –incluidas afiliados de Shell, ConocoPhillips y Sunoco– de comprar gas natural robado de México. Las compañías lo niegan, pero según las acusaciones ante el tribunal, ellos enviaron camiones cisterna llenos de agua etiquetados como gas natural al otro lado de la frontera. Y con documentos falsos y sobornando funcionarios aduaneros, los regresaron llenos de gas natural robado.

“El robo fue bastante intenso”, dice Jerry Robinette –un agente retirado de Homeland Security Investigations (HSI) [Investigaciones de Seguridad Nacional]–, quien estaba investigando la parte penal de las acusaciones de Pemex. “Pemex estaba perdiendo cerca de la mitad de su producción en la Cuenca de Burgos”, una enorme formación de gas natural en el territorio del Cartel del Golfo. Para probar que el gas natural en cuestión fue robado, HSI envió investigadores en helicópteros militares para tomar muestras, cuya composición molecular única fue comparada con el producto almacenado en las instalaciones de Texas. En el lado de la frontera de Texas, HSI usó métodos de vigilancia que Robinette se niega a describir, aunque menciona el “conocimiento de primera mano” de ciertas conversaciones telefónicas. Cinco ejecutivos de Texas terminaron por declararse culpables de cargos criminales, pero Robinette dice que hay otros 30 sospechosos. “Sabemos que algunas personas se salieron con la suya”, dice. “Algunos todavía se están cuidando las espaldas”.

Para entender cómo evitan el ingreso de combustible robado a EE. UU., envié varias preguntas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Un vocero no pudo identificar ninguna medida que esté en vigencia para verificar sistemáticamente la procedencia de las importaciones de petróleo y gasolina. Solo investigan si hay una queja.

En un restaurante Tex-Mex en Brownsville, me encuentro con un empresario mexicano-estadounidense que durante los últimos 17 años ha importado y exportado petróleo y gasolina. Acepta hablar bajo la condición del anonimato, porque su familia aún vive en Matamoros. Según él, todas las importaciones y exportaciones en el cruce fronterizo están controladas por el Cartel del Golfo, el sindicato mexicano original del crimen que todavía tiene un fuerte control en la esquina nororiental del país.

El empresario saca un lapiz y dibuja una cuadrícula en una servilleta. “Es así”, dice, marcando cada esquina de cada cuadrado. “En cada esquina de cada cuadra, en cada tienda, en cada puente, en cada parque a ambos lados del río, tienen ‘halcones’ que cuentan cuántos camiones pasan, quién los conduce y qué mercancía llevan”. Dice que el cartel cobra una cuota en cada envío que pasa por la frontera. Para la gasolina y el diésel la cuota actual es de un peso mexicano por litro, de ida y venida. “Incluso te dan una factura. Puede decir lo que quieras: transporte, mantenimiento, construcción, cualquier cosa. Lo llaman crimen organizado porque está muy organizado” comenta el empresario.

Un funeral para una de las nueve personas asesinadas en un tiroteo entre las pandillas rivales en el pueblo de Huehuetlán el Grande en Puebla
Un funeral para una de las nueve personas asesinadas en un tiroteo entre las pandillas rivales en el pueblo de Huehuetlán el Grande en Puebla


Quita la cubierta protectora de su teléfono; pegada a la parte posterior hay una nota adhesiva amarilla con un número de teléfono. “Una vez que has pagado, te dan un número. Si tienes algún problema, estarán allí para solucionarlo en dos minutos. He tenido que llamar cuatro veces a este número con una pistola en la cabeza”.

Durante la siguiente media hora, el empresario describe más de una docena de estrategias ilegales de importación y exportación de petróleo y gasolina entre Texas y México. Todo desde el contrabando de diésel marino en barcos camaroneros hasta el tráfico de gasolina como lubricante para evadir aduanas. En cuanto a los huachicoleros, el hombre me dice que perforar las tuberías es “cosa de niños”. Comenta que personas desarmadas son las que roban la mayoría de la gasolina. Los documentos que autorizan un envío de gasolina desde un depósito se fotocopian más de 20 veces y por cada papel falso un camión cisterna que transporta cientos de miles de dólares en productos sale de las instalaciones. Los ejecutivos son quienes arreglan las diferencias y si alguna pérdida es demasiado grande para cubrirla, culpan a los huachicoleros que el ejército intenta erradicar. “¿Por qué perforar las tuberías?”, dice el empresario, sosteniendo una servilleta en blanco. “Este es su papeleo”. Es una frase que casi todos los mexicanos con los que hablé para esta historia repiten: “El verdadero robo ocurre dentro de Pemex”.

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